Después de meses de negociaciones y tironeos, el gobierno se prepara para aprobar el pliego de Ariel Lijo el próximo 20 de febrero en la única sesión que el Senado tendrá en este período extraordinario. Manuel García Mansilla no correrá la misma suerte. El catedrático no logró juntar las voluntades necesarias y en el oficialismo confirmaron a Tiempo que su designación saldrá por decreto a pesar de las trabas que impondrá el Congreso.

La decisión, con la que se especuló durante semanas, se definió ante la imposibilidad del jurista conservador de conseguir sumar las voluntades que su compañero de batalla logró con mayor holgadez. El nombre de García Mansilla no sólo hizo ruido en la oposición por no tratarse de una mujer, puesto que fue seleccionado para ocupar la banca de Elena Highton de Nolasco. Sino que, además, no son pocos los sectores que consideran que el abogado antiaborto es una amenaza al funcionamiento institucional del máximo tribunal.

Con este escenario, las bancas dialoguistas presionaron al oficialismo para modificar al candidato. Incluso en los últimos días, se especuló con la posibilidad de que Ricardo Rojas, quien fue tentado con la posibilidad de acceder a la Procuración General del Tesoro, pudiera ocupar el lugar de García Mansilla. Las versiones llegaron tras la negativa del jurista para ocupar el cargo que dejó vacante Rodolfo Barra, eyectado de la gestión nacional en medio de sospechas de malversación de su rol y ejecutar fallos contra el propio gobierno.

Sin embargo, en el oficialismo descartaron por completo esta posibilidad. A pesar de tener una buena valoración del abogado, quien además mantiene un vínculo afectivo con el presidente, fuentes de Casa Rosada confirmaron a este medio que no modificarán los candidatos propuestos hace casi un año. «Los nombres son los que están. No nos interesa que no quieran a García Mansilla, vamos a nombrarlo por decreto. Si nos lo rechazan, vamos a volver a proponerlo cuantas veces sean necesarias», dijo convencido ante este medio una figura al tanto de las negociaciones, desoyendo intencionalmente cada uno de los reclamos de la oposición de la que deberá apoyarse para que todo marche acorde al plan.

El escenario dentro del Senado es, cuanto menos, complejo. Para aprobar los pliegos, el gobierno necesitará el apoyo de 48 voluntades, en caso que la asistencia sea perfecta. Unión por la Patria es dueño de 34 jugosas bancas, por lo que el acompañamiento del espacio opositor es fundamental. El oficialismo lo entendió desde el comienzo y es por eso que desde hace meses tendieron puentes con sectores del peronismo que responden a Cristina Fernández de Kirchner para intentar unir ideas.

Cada sector puso a disposición un representante. Por parte del oficialismo, Santiago Caputo, guardián de los deseos presidenciales, dispuso al operador judicial y ministro de Justicia blue, Sebastián Amerio, a encabezar las negociaciones con el peronismo. Del otro lado del mostrador los interlocutores se multiplican. Juan Manuel Olmos, histórico dirigente del PJ y habitante del mundo judicial porteño, dialoga con frecuencia con las terminales libertarias. También lo hacen la senadora Anabel Fernández Sagasti y Eduardo ‘Wado’ de Pedro, ambos con línea directa con el Instituto Patria.

Las conversaciones entre los espacios -que desde ambos sectores califican como «cordiales»- iniciaron casi en paralelo a la presentación de los pliegos de los magistrados a mediados del año pasado. A pesar de la tirantez que se expuso a lo largo de estos meses, que incluyeron intercambios virtuales entre Milei y CFK, figuras de los dos partidos más importantes del atomizado arco nacional concuerdan en que la rivalidad política y las negociaciones por la Justicia van por carriles separados.

Tal es así que fue la senadora Lucía Corpacci quien con su firma le garantizó a Lijo las nueve voluntades para tratar su pliego en el recinto. El movimiento fue leído en muchos sectores como una virtual concesión de la exvicepresidenta para que el gobierno complete la Corte a cambio de luego tener vía libre para ampliar el tribunal a nueve miembros. En la danza de nombres que circulan desde hace meses, el de la ex senadora María de los Ángeles Sacnun, mujer de extrema confianza de la líder del PJ, pica en punta.

Estos vínculos le valieron al oficialismo acusaciones con sus aliados naturales de tener un acuerdo subterráneo con el kirchnerismo. La posibilidad de quedar a merced de las decisiones tomadas en una mesa a la que no pertenecen alertó a la oposición dialoguista que en los últimos meses incrementó su negativa sobre Lijo. El propio Mauricio Macri se puso al frente de esta disputa y advirtió en más de una ocasión sobre las supuestas consecuencias institucionales que traería la llegada del juez a la Corte.

En el gobierno no sólo le restan importancia a las reticencias del expresidente y el resto de los espacios, sino que tensionan aún más la cuerda. «Si no votan con nosotros, ¿con quién van a votar?», se preguntaba retórico días atrás un deambulante de Balcarce 50. La ironía esconde una daga filosa. La mesa chica libertaria está convencida de que el PRO depende de la misericordia del oficialismo para lograr una modesta sobrevida en las legislativas de este año. Por eso no están dispuestos a negociar con desesperados. «