La investigación que llevaba adelante el fiscal Juan Pedro Zoni sobre presuntas irregularidades en la tramitación de la Causa Correo Argentino conducía, más temprano o más tarde, al pedido de indagatoria del presidente Mauricio Macri. Pero el fiscal fue apartado de su cargo y ya no intervendrá en ese delicado expediente. Zoni asumirá mañana como fiscal penal de instrucción N° 34, y en su lugar actuará en la causa Correo el «boquense» Gerardo Pollicita.
A mediados de marzo pasado, Zoni y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, presentaron ante el juez federal Ariel Lijo un pedido de medidas de prueba para establecer cuál fue el mecanismo que posibilitó el intento de acuerdo entre el Estado y la empresa (con los Macri de uno y otro lado del mostrador) que perdonaba una deuda hipermillonaria. La noticia llegó rápidamente al gobierno y dos semanas después Zoni fue relevado por el procurador general interino, Eduardo Casal, quien inicialmente se resistía a adoptar una medida de tamaña gravedad institucional.
La presión fue tremenda. En el Boletín Oficial que salió en la mañana del 6 de abril fueron publicados los antecedentes de la candidata del gobierno para la Procuración General, Inés Weinberg, una amiga de gimnasio a quien Macri convocó para reemplazar a Alejandra Gils Carbó. Por la tarde, el procurador provisorio Casal firmó la remoción de Zoni.
¿Acaso el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici señalado por la diputada oficialista Elisa Carrió como operador judicial del macrismo y el representante del gobierno en el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahiques, tuvieron algo que ver con la decisión de apartar a Zoni? Mahiques es, todavía, empleado del Ministerio Público Fiscal.
Zoni y Rodríguez tenían dos cartas bravas. Por un lado, una auditoría que demostraba que la negociación por la deuda del Correo era desventajosa para el Estado; por el otro, una secuencia temporal que mostraba que el gobierno presentó a la Justicia ese acuerdo ruinoso antes que la propia empresa. Y lo hizo sobre la base de documentación falsa que, además, se refería a una propuesta que ya había sido rechazada por el gobierno de Cristina Kirchner.
¿Cómo supo el Estado lo que iba a proponer el Correo Argentino? Una de las hipótesis de la investigación reflejada esta semana por el diario La Nación indica que el propio presidente, o alguien de su entorno más próximo, se reunió con los abogados de la empresa.
Al gestionar el acuerdo ruinoso, el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, le informó a la Sala B de la Cámara en lo Comercial el 19 de mayo de 2016 que tenía poder de decisión para «prestar conformidad a una posible propuesta de mejora para la categoría A de acreedores», es decir, para aceptar una proposición del Correo Argentino.
Mocoroa llegó a esa instancia después de pedirle «instrucciones» al entonces ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, sobre qué hacer con una propuesta de la empresa relacionada con los Macri del año 2014. Pero lo hizo sobre una base falsa: exhibió una oferta del 7 de octubre de 2014, diciendo que se trataba de una posterior (y mejorada) del 21 de noviembre de ese mismo año. Es decir, presentó una propuesta más baja, diciendo que se trataba de una más alta. Ambas, la mayor y la menor, igualmente ya habían sido rechazadas en marzo de 2015 por el anterior gobierno. No obstante, eso fue lo que se reflotó y estuvo a punto de aprobarse (aún lo está), hasta que la fiscal en lo Comercial Gabriela Boquín alertó sobre lo que estaba ocurriendo y el presidente Macri volvió sobre sus pasos en una conferencia de prensa en febrero pasado.
En resumen: Aguad se expidió y dio instrucciones sobre la base de información no actualizada de la oferta. Esas instrucciones fueron ejecutadas por Mocoroa en la audiencia, pese a que conocía que estaban desactualizadas y no se condecían con lo que él le había informado al entonces ministro.
Representantes del massismo y del Frente para la Victoria en la Auditoría General de la Nación habían encargado un informe sobre la situación del Correo a dos especialistas, el investigador Horacio Garaguso y el exjuez comercial Javier Fernández Moores. Las conclusiones fueron lapidarias: «El representante del Estado Nacional aprobó una propuesta considerada abusiva por la doctrina y jurisprudencia, sin exhibir acto administrativo previo que lo haya facultado. El Estado Nacional no negoció como condición de aprobación de la propuesta la renuncia de la concursada a sus créditos o parte de ellos contra el acreedor, que la sindicatura estimó en $ 1.794.929.993, al 2 de Julio de 2009». En otras palabras: el Estado le perdonaba la deuda al Correo por unos 70 mil millones de pesos, pero el Correo mantenía su reclamo económico contra el Estado por casi dos mil millones sin actualizar intereses.
Hay más. Pese a que Macri dijo públicamente que todo volvía para atrás, el perdón de la deuda aún está vigente. «La expresión de voluntad sobre la propuesta es considerada irreversible por doctrina y jurisprudencia, aun con el consentimiento de la deudora, por lo que la retractación efectuada por el Ministro de Comunicación por instrucciones del Presidente de la Nación podría ser considerada írrita», sostiene el informe.
Pero aun cuando esa instancia fracasara, igualmente la situación para el Correo seguiría siendo harto ventajosa. «De no lograrse u homologarse un acuerdo, debería abrirse el registro para el proceso de ‘salvataje’, en el que la concursada recobra la posibilidad de procurar adhesiones a su anterior propuesta o a las nuevas que formulase».
Las avivadas no son sólo del actual gobierno. En 2002, durante el interinato presidencial de Eduardo Duhalde, el Estado ratificó su decisión de «verificar su crédito quirografario» en el proceso comercial que ya por entonces atravesaba el Correo. Esa decisión «impidió que el Estado Nacional pudiera exigir el pago inmediato de lo adeudado». Con una Argentina en llamas, el Estado renunció a cobrarle a un deudor y se puso en una cola de acreedores, que todavía hoy persiste.
En los próximos días, el fiscal de la PIA Rodríguez insistirá con el pedido de medidas que había presentado junto con Zoni. Se trata de pruebas que buscan determinar los hechos reales relacionados con las propuestas tratadas en el concurso y especialmente para reconstruir todas las audiencias antes, durante y después entre distintos funcionarios y representantes del Correo Argentino. «
