El decreto de necesidad y urgencia y la ley ómnibus presentados por el gobierno nacional no tuvieron un recibimiento digno de alfombra roja en el Congreso. El ambicioso proyecto de reforma del Estado comenzará a ser tratado desde esta semana en medio de las críticas de un importante número de detractores, incluidos algunos aliados y un sector de la Justicia que decidió obviar la feria para delinear el terreno a un Ejecutivo dispuesto a avanzar sin frenos en sus reformas.
A pesar de este escenario, desde Casa Rosada insisten en que no se modificará “ni una coma” de sus proyectos y que esperan que los mismos sean aprobados prácticamente a libro cerrado antes del 25 de este mes. La idea de mantener la pureza de los textos, que arrastran errores sustanciosos como la derogación de artículos que ya no están en vigencia, deja a la vista la ausencia del conocimiento del juego parlamentario por parte del gobierno, una actitud que sus propios aliados miran con cautela.
La aprobación del DNU y la Ley Ómnibus depende exclusivamente de los acuerdos que el oficialismo logró gestar en la carrera al balotaje. Aunque las bancadas del exJuntos por el Cambio y el espacio de 23 voluntades que comanda Miguel Ángel Pichetto le prometieron al oficialismo gobernabilidad y su voto positivo frente a las reformas que busca concretar, puertas adentro la incondicionalidad de algunos sectores podría no seguir siendo tan laxa.
Desde las bancas del cordobesismo analizan con cautela la velocidad y falta de tacto que el ejecutivo está imprimiendo en la puesta en marcha de su plan de gobierno. Si bien los nuevos integrantes del bloque Hacemos Coalición Federal ofrecieron sin rodeos su apoyo para avanzar en privatizaciones, reformas electorales y la declaración de la emergencia económica que le daría al presidente atributos extraordinarios por el lapso de un año, no comulgan con la insistencia del tratamiento de centenares de artículos que poco tienen que ver con las exigencias de la situación actual.
Abroquelado en el respeto del funcionamiento del Congreso, el cordobesismo planteó su negativa ante la idea de dar tratamiento exprés a reformas del sistema sanitario, universitario, y otras modificaciones con injerencia directa en la vida de sus representados. Entienden que requieren revisión e inevitables acuerdos de mayorías más consistentes, una cualidad que el oficialismo está dejando de lado desde que inició su gestión.
Según pudo reconstruir este medio, los más experimentados dentro del espacio federal plantearon esta semana a los representantes de La Libertad Avanza la necesidad de que el gobierno trabaje con mayor cintura las reformas que busca llevar adelante dentro del recinto. Los diputados mediterráneos le advirtieron a sus pares que la idea de ‘imponer sin negociar’ no es bien recibida en un Congreso adverso, donde, además, el peronismo cuenta con una amplia mayoría que pone en riesgo el quórum y la aprobación de las leyes.
“Los diputados de Unión por la Patria ya dijeron que no le van a votar ni los homenajes, jugar a ponerse en contra al Congreso es de una inexperiencia preocupante. Tienen que sentarse y negociar con todos, les guste o no. Esto no funciona de otra forma, si el presidente no lo entiende, no va a tener margen para avanzar en todo lo que quiere”, sostuvo una fuente parlamentaria visiblemente preocupada por la necedad del oficialismo dentro y fuera del recinto.
Los cordobeses saben que la decisión de no ceder es atribuible únicamente al libertario y no a sus funcionarios. Las bancas que responden a Martín Llaryora y Juan Schiaretti tienen una primera valoración positiva del presidente de la Cámara, Martín Menem, pero entienden que los límites impuestos por su propio líder político no le permitirán al sobrino del ex presidente moverse con astucia dentro del recinto, otra decisión que complicaría aún más el juego parlamentario. “No puede hacer mucho. Lo tienen atado de pies y manos”, describió a Tiempo un miembro opositor del recinto.
A pesar de su preocupación por el armado estratégico dentro del Congreso, los legisladores de la provincia mediterránea y sus aliados dentro del nuevo bloque formarán parte de las comisiones y tendrán un rol fundamental en la ejecución de los dictámenes. El llaryorista Ignacio Aresca será uno de los secretarios de Presupuesto y Hacienda, comisión encargada del tratamiento del impuesto a las Ganancias y las retenciones, dos de las principales preocupaciones del nuevo gobernador.
Continuando con la línea que sus padres políticos, el heredero del cordobesismo insistirá con el reclamo de la eliminación de estos tributos que tienen especial impacto en el agro, industria que sostiene gran parte de la economía de la provincia. Para ello, Llaryora se aferrará a un último movimiento que podría hacerle ganar partida.
La decisión del gobierno de ceder ante la presión de los gobernadores patagónicos por la modificación del Régimen Federal Pesquero le abrió una nueva posibilidad al sanfrancisqueño para poner sobre la mesa sus propios pedidos y abrir un canal de negociación con un Ejecutivo escaso de aliados. De salir favorecido, el cordobés no sólo tendrá mayor margen en su provincia sino que comenzará a construir un importante capital político para los próximos años.
Si bien desde su círculo insisten en que toda su atención está puesta en la gestión cordobesa, al mismo tiempo reconocen que ganar esta pulseada podría convertirse en el puntapié inicial de una eventual carrera nacional. Aunque para eso, dice un frecuentador de El Panal, todavía falta cortar un poco más de tela. «
