Este miércoles, el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba comenzará a juzgar a 7 imputados e imputadas por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 14 personas durante la última dictadura cívico-militar en esa provincia. La mayoría de las víctimas fueron mujeres que tenían a algún familiar o pareja detenido en la Unidad Penitenciaria Nº 1 y fueron secuestradas cuando los represores descubrieron que hacían de “correo” para llevar mensajes a los “presos políticos” de ese penal. 

Están acusados los ex miembros del Departamento de Inteligencia (D2) de la Policía de Córdoba Mirta Graciela Antón, Carlos Alfredo Yanicelli, Yamil Jabour, Raúl Alejandro Contrera y Juan Eduardo Ramón Molina, todos con condenas previas por crímenes de lesa humanidad, y dos civiles que serán juzgadas por primera vez, Ana María Rigutto de Oliva Otero y Adela María González, imputadas por la apropiación de la nieta 107 identificada por Abuelas de Plaza de Mayo. 

En diferentes días de septiembre de 1978, la patota del Departamento de Inteligencia (D2) de la Policía de Córdoba secuestró a Teresa Luisa Peralta, Marta Nélida Funes, su hija María del Carmen Acosta, Delfina Lidia Peñaloza, María Lidia Piotti y María de las Mercedes Moreno. Peralta, Funes, Acosta, Peñaloza y Moreno tenían familiares detenidos por delitos comunes en la UP1 y las familias de los presos políticos, como fue el caso de Piotti, cuyo compañero estaba en esa cárcel, les pagaban para llevar y traer mensajes a la cárcel. 

Cuando la maniobra fue descubierta, todas fueron llevadas al D2 y torturadas. Incluso algunas denunciaron haber sido víctimas de abuso sexual por parte de sus captores. 

María de las Mercedes Moreno relató que su esposo era un preso común. “Él me pidió que sacaramos mensajes de los presos políticos y nos pagaban para ello, no solo sacabamos cartas sino que también llevábamos cartas que nos entregaban los familiares…», contó la mujer, quien falleció el año pasado. 

Moreno estaba embarazada de 7 meses cuando fue detenida ilegalmente y producto de los golpes y la tortura se desencadenó el trabajo de parto prematuro. Fue llevada a la maternidad provincial y allí dio a luz a una niña. “En ningún momento me mostraron a mi hija. Mis hermanas iban a visitar a mi nena a la Casa Cuna…”, señaló en su testimonio. 

Tras su internación, la mujer fue llevada a la cárcel del Buen Pastor hasta su liberación el 7 de abril de 1979. Cuando fue a buscar a su hija a la Casa Cuna, las monjas a cargo le negaron el acceso e información sobre donde estaba. La niña había sido apropiada por Osvaldo Roger Agüero y Laura Dorila Caligaris. Caligaris se desempeñaba en el área de servicio social de la Casa Cuna y la anotó como hija biológica. 

Dos civiles serán juzgadas como partícipes necesarios de los hechos. La asesora de menores Ana María Rigutto De Oliva Otero, quien se desempeñaba en el juzgado de menores en ese momento, y Adela María González, quien declaró como testigo en una causa judicial y señaló que la niña era hija biológica de la pareja de apropiadores.  El resto de los acusados, incluida la pareja, fallecieron antes de poder ser juzgados. 

El juicio también abordará el secuestro, tortura y asesinato de Juan Carlos Bazán y Elías Humberto Ríos. Bazán trabajaba en el Banco Social de la Provincia de Córdoba y militaba en el PRT-ERP. Fue secuestrado por la patota del D2 en la vía pública el 8 de agosto de 1979 junto a Ríos, quien era su primo. Luego de su paso por el centro clandestino de detención del D2, ambos fueron asesinados. 

Además, en base al derecho a la verdad, también se incluirán delitos cuyos responsables ya fallecieron. Se trata de un grupo de 5 víctimas, Luis Enrique Rosales, Carlos Alberto Franco, Roberto Maldonado, Olga del Carmen Molina y José Manuel Ochuza, quienes eran empleados de la municipalidad de Córdoba y que fueron secuestradas en junio de 1979, llevados al D2 y luego desaparecidos.