El gobernador Axel Kicillof presentó una denuncia penal en los tribunales federales de La Plata contra Marcelo D’Alessandro, el ministro de Seguridad y Justicia porteño en uso de licencia, y Silvio Robles, director general de la Vocalía del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, por los delitos de «tráfico de influencias» e «incumplimiento de los deberes de funcionario público» a raíz de los chats que se conocieron a fin de año y en los que hablaban de las estrategias para que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ganara el litigio por la coparticipación federal que mantenía con la Nación.

La denuncia fue presentada ante el Juzgado Federal N° 1, a cargo de Alejo Ramos Padilla, y fue anunciada por el gobierno a través de un comunicado de prensa. En ese texto, la administración encabezada por Kicillof remarcó el perjuicio que implica el fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de la Ciudad que ordenó a la Nación entregarle a la Ciudad el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, sostuvo que esa decisión «habría sido producto del tráfico de influencias» y aseguró que tiene como objetivo «financiar la campaña presidencial» del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

«Nuestra provincia es históricamente la más perjudicada por el esquema de coparticipación, situación que ahora se ve agravada por una decisión no solo injusta e ilegal de la Corte Suprema, sino que además habría sido producto del tráfico de influencias de funcionarios de la Corte Suprema y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», señaló el comunicado difundido por Gobernación. Y agregó: «Pretenden así quitarle recursos que les corresponden a las provincias para otorgárselos a la ciudad más rica del país y así financiar la campaña presidencial del Jefe de Gobierno».

En la presentación de 14 páginas firmada por Kicillof, a la que accedió Tiempo, se asegura que en los chats publicados a fines de diciembre entre Robles, hombre de máxima confianza de Rosatti, y el ministro D´Alessandro y se «consta que existió una coordinación y un asesoramiento directo desde la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hacia funcionarios del gobierno de la Ciudad respecto de cómo proceder en el caso del Consejo de la Magistratura». Y se aclara que la estrategia recomendada por Robles -que consistía en desconocer los decretos emitidos por la Presidencia del Senado, a través del cual se designaban a los sectores respectivos en el Consejo de la Magistratura «fue seguida al pie de la letra por los senadores de esa alianza política», en relación a Juntos.

En otro tramo de la denuncia, el gobierno bonaerense asegura que «la convivencia entre aquel espacio político partidario y determinados funcionarios de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta tan evidente como inadmisible en el marco de un Estado de Derecho» y agrega que los chats publicados por la prensa «dejan al descubierto que han existido maniobras coordinadas en la que se negociaron fallos judiciales para beneficiar a dicha alianza política».

En el final de la presentación, el Ejecutivo bonaerense aporta como pruebas los chats filtrados y varios artículos periodísticos, y pide también que se allane el ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los fines de localizar toda documentación y/o instrumento de interés» y que se secuestren los teléfonos personales y/o corporativos de Robles y de D´Alessandro para que puedan ser sometidos a pericias.

La presentación contra Robles y D´Alessandro llega luego de que la denuncia contra ambos que se tramitaba en Comodoro Py fuera archivada por el juez federal Sebastián Ramos por «imposibilidad de proceder», luego de un dictamen del fiscal Carlos Stornelli donde sostuvo que no podía abrirse una causa con una prueba ilegal.

Desde el Ejecutivo bonaerense remarcaron que «las provincias nunca fueron escuchadas por la Corte Suprema pese a los reiterados pedidos presentados en tiempo y forma», y consideraron que el Congreso de la Nación tramita el juicio político contra los cuatro miembros de la Corte «por varias conductas opuestas a lo que dicta la Constitución Nacional».

«Los hechos denunciados hoy deben ser investigados por fiscales y jueces que sean verdaderamente independientes. Se debe impedir este arreglo político completamente ilegal. A nosotros nos corresponde defender el federalismo y a la provincia de Buenos Aires», remarcó el gobierno en el final del comunicado.