El vocero presidencial Manuel Adorni anunció el miércoles pasado que el gobierno nacional suspenderá la operatoria de todas las cooperativas creadas entre 2020 y 2023, alrededor de 12.500, justificándose con una serie de datos, algunos  de ellos falsos y otros correctos pero presentados en una asociación directa con la corrupción pública.

Se trata de un método que el gobierno nacional ya ejecutó en otras oportunidades para justificar el ajuste. Es el ensañamiento cuyo sentido es desmantelar los organismos estatales.

Sin embargo, en medios cooperativos se aseguró a Tiempo que el anuncio tiene mucho de humo y de show al servicio de un ataque político e ideológico contra el cooperativismo.

La crisis y las cooperativas

Adorni se basó en dos resoluciones administrativas del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), en las que intima a las cooperativas que no tienen los papeles al día para que los regularicen. Es algo que el Inaes hace habitualmente y que forma parte de sus tareas de control. Las cooperativas deben presentar documentación por cada hecho relevante que producen: confección del balance contable, cambio de autoridades y asambleas son los más comunes.

Los argumentos de Adorni para efectuar este ataque político a las cooperativas son varios. Respecto a la «acusación» de que el padrón aumentó un 138% en los últimos cuatro años, al pasar de 9900 a 23.800, Adorni no tiene en cuenta que las cooperativas de trabajo crecen en épocas de crisis. El salto desde 2020 está relacionado con el confinamiento por la pandemia de Covid-19 y la caída de la actividad económica y la pérdida de empleo, especialmente en el segmento no registrado de los trabajadores, lo que derivó en la creación de cooperativas de trabajo para enfrentar de manera colectiva ese flagelo.

En los últimos años se recuperó un número importante de cooperativas que pudieron regularizar sus matrículas a partir de políticas públicas activas en lugar de la persecución que ofrece el gobierno ahora.

Esto fue lo que respondió Alexandre Roig, quien estuvo al frente del Inaes hasta el año pasado. En sus redes sociales publicó una resolución que creó el programa Renovar, de 2021, que proporcionaba al Estado información sobre la conformación de las cooperativas y que se cruzaba con otras bases de datos del Estado para ir hacia una mayor transparencia en el sector.

«La comunicación catastrófica del gobierno busca más asustar, denigrar y despreciar a los trabajadores y productores que informar claramente a la población. Lamentamos que este terrorismo comunicacional atente contra el buen funcionamiento de la vida productiva y laboral y por ende, de la libertad de emprender colectivamente», dijo Roig.

Adorni también fustigó a las cooperativas por la no presentación de balances contables ni de información sobre sus asambleas. También por la repetición de nombres de asociados, de la casilla de correo electrónico y del domicilio físico.

Nada de eso es ilegal, por el contrario, es una práctica común entre las cooperativas de trabajo que suelen conformarse en situación de vulnerabilidad y deben apelar a la colaboración de otras cooperativas. El caso paradigmático de ello fue el del Bauen Hotel, que durante años colaboró con otras cooperativas en su proceso de formación.

El vocero presidencial incurrió en una falsedad total al señalar que el Inaes «financiaba» a las cooperativas. Allí, Adorni mostró su ignorancia en el tema –o la falsedad que guía sus comentarios– porque el Inaes no financia a las cooperativas, las controla y fiscaliza y eventualmente, por medio de la participación en programas de inclusión, las ayuda a presentarse en propuestas de financiamiento de otros organismos públicos.

Federico Tonarelli, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados, observó que «en un país donde el 50% de la masa laboral está por fuera del trabajo asalariado, las cooperativas son una herramienta consolidada de trabajo. Desdeñar a las cooperativas de trabajo es de una miopía política imperdonable. El Estado debería darse una política de impulso muy fuerte de las cooperativas de trabajo, que pueden dar trabajo de calidad y generar bienes y servicio de alto valor». «