La denuncia partió desde el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello. Se acusa a su predecesor, el Ministerio de Desarrollo Social, y a su máxima autoridad, la actual diputada Victoria Tolosa Paz, por «administración fraudulenta».
Desarrollo Social encargó en su momento 1.600.000 guardapolvos, por un monto total de 7.000 millones de pesos, a unas treinta cooperativas. Según la parte denunciante, se ejecutó el 80% del monto, pero solo se obtuvo la mitad de las prendas.
«Defraudación contra la administración pública, Abuso de autoridad y Violación de los deberes de funcionario público», es la carátula de la causa. En ese marco, comenzó «la caza de brujas» de las cooperativas en cuestión, con allanamientos que desde el sector consideran innecesarios y excesivos. Los operativos fueron ordenados por el juez Julián Ercolini, cuestionado por sus cercanías con los sectores más conservadores del poder político y económico del país.
«Los investigados son los funcionarios de la gestión anterior, no las cooperativas. Pero es evidente la utilización política para amedrentar a los movimientos sociales haciendo estos allanamientos. Podían haber pedido las rendiciones, los papeles y listo. Pero no, decidieron hacer este circo», manifestó a este medio Eva Verde, referente del Frente Popular Darío Santillán (FPDS).
Las cooperativas que figuran en la causa son Los Pitufos, 15 de Julio, Mariscal Francisco Solano López, Kbrones, Manos, Resurgir, Nueva Generación, Nuestra Señora de Fátima, Dos Soles, Textil 13 Rosas, Manos Obreras, Cosiendo Esperanza, Puporé, Blanco País, RBD Textil, Pura Pampa, RelmuanTV, Branca, Texarg, CM, Darío Santillán, Oscar Barrios, Futuro, Del Camino, Martín Fierro, Hilando Pueblos, 25 de Mayo, Confecciones Eigenfeld, Tejiendo Compromiso y Estrella Azul.
La voz de las cooperativas allanadas
Alicia Gutiérrez, referenta de Nueva Generación, expresó en diálogo con ANSOL: «Hace 18 años trabajamos en el rubro textil. Producimos todo tipo de ropa. Ropa hospitalaria, de trabajo, juguetes, etc. En los últimos tiempos, han venido distintas personas a preguntarnos qué hacemos, qué producimos, en qué horarios. Creemos que son servicios de inteligencia».
En ese marco, se dio el allanamiento. «Revisaron todo y lo que encontraron es materia prima, telas. No estamos produciendo porque este Gobierno cortó todo tipo de convenio que teníamos con el Estado y también es imposible competir con las importaciones. Querían los libros y toda la documentación de la cooperativa. Cuando se cansaron de revisar, vinieron con las fajas de clausura. A la fiscal se la notaba muy nerviosa; estuvo todo el tiempo afuera», contó Gutiérrez.
«A partir de estas denuncias, nos pidieron toda la documentación relativa al tema de los guardapolvos. Presentamos todo y nos dijeron que estaba todo en perfecto estado«, aclaró.
Sobre el acuerdo por los guardapolvos, Gutiérrez explicó: «A medida que iban bajando la plata, hacíamos los guardapolvos. No falta recibir el 20% de la plata y entregar el 20% de los guardapolvos. Está todo en regla: dónde compramos el material, a quién, cómo entregamos el producto, los remitos, las filmaciones; tenemos toda la carpeta completa y la tiene el INAES. Hay un ensañamiento con las cooperativas. Vemos mala intención por parte del Gobierno. Tienen voluntad de querernos enjuiciar«.
La cooperativa Puporé fue otra de las allanadas. Pertenece a la Federación Argentina de Cooperativas Autogestionadas Ltda. (FACTA). El presidente de FACTA, Federico Tonarelli, dio a ANSOL su punto de vista: «Puporé presentó toda la documentación que acredita la entrega en tiempo y forma de las partidas de guardapolvos confeccionados, de acuerdo a lo establecido en el convenio firmado y también la falta de pago de parte del organismo de la última partida de guardapolvos, que la cooperativa mantiene en su stock a la espera de la transferencia de esos fondos. Se corroboró en el allanamiento la existencia de esa partida aún no entregada».
«Exigimos el resguardo de la documentación retirada de la sede de la cooperativa y, por otra parte, salvaguardar el buen nombre, el honor y la transparencia en el trabajo de nuestros compañeros. No podemos permitir que se pretenda enlodar con esto al movimiento cooperativo en general y al cooperativismo de trabajo en particular», completó Tonarelli.
