A poco más de un año del desembarco de Javier MIlei al gobierno, el movimiento de derechos humanos realizará este viernes 27 a las 17 un abrazo a el Espacio Memoria y Derechos Humanos ex ESMA (Av. Del Libertador 8151) para denunciar el vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos.
La medida busca visibilizar los despidos en el área y el desmantelamiento de las políticas públicas vinculadas a la Memoria, Verdad y Justicia por parte del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y su secretario de Derechos Humanos, el exjuez Alberto Baños.
En los últimos meses, el ministerio comenzó con un programa de retiros “voluntarios” para los contratados a través de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), que representa la mitad de la planta, casi 3000 personas.
El programa tiene poco de voluntario y fue calificado como “extorsivo” por la junta interna de ATE, ya que el 31 de diciembre ACARA dejará de pagar sueldos y quienes no hayan aceptado esos retiros dejarán de percibir su sueldo. El personal de planta permanente también se verá afectado, ya que dejarán de cobrar el incentivo que pagaba ACARA, que representa más de la mitad del salario.
En la Secretaría de Derechos Humanos, en la que trabajan unas 800 personas, el ajuste involucra a más de 600 personas y se suma ahora la información informal de que no renovarán los contratos de un centenar de trabajadores y trabajadoras que pertenecen a planta transitoria y otra veintena de contratos.
Son muchas las áreas sensibles que a partir de los despidos están en riesgo de no poder continuar sus tareas, como el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE), Leyes Reparatorias, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti y el Archivo Nacional por la Memoria. Una de las más afectadas es también el área de Sitios de Memoria, que gestiona espacios en todo el país que dependen de la Secretaría, como Automotores Orletti, Atlético, Olimpo, La Escuelita de Famaillá o el Regimiento de Infantería 9 de Corrientes.
“Desde los Organismos de Derechos Humanos afirmamos que continuar violentando los derechos laborales y las Políticas de Memoria constituyen delitos gravísimos, pasibles de ser considerados incumplimiento de deberes de funcionario público y por los cuales, ministros y secretarios deberán responder, tanto en el nivel local como internacional”, señalaron días atrás los organismos de derechos humanos, como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares, H.I.J.O.S., APDH, entre muchos otros.
Desde su llegada a la Secretaría, el rol de Baños no fue más allá de representar al país ante las denuncias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con los despidos y el ajuste como única política, logró instalar en la cartera un clima hostil garantizado por una mayor presencia policial en los edificios que antes fueron parte de los mecanismos del terror dictatorial.
Desde que se inició la campaña para forzar los retiros voluntarios, las y los trabajadores viven bajo una presión constante con miedo a perder su empleo. En ese contexto, dos empleados de la Secretaría murieron y aumentaron las enfermedades y afecciones psicológicas, según denunció ATE.
