Luego de que la Legislatura porteña aprobara la primera lectura del convenio urbanístico que habilita la construcción de torres de 45 pisos en Costanera Sur, las repercusiones de referentes sociales, especialistas, legisladoras y legisladores, no tardaron en llegar. Todos coinciden en que, al igual que cada proyecto de ley que vota el oficialismo porteño, el de IRSA, apunta a los sectores más altos de la Ciudad. “Una vez más y en soledad el oficialismo porteño votó a favor de los grandes desarrolladores inmobiliarios y en contra de la ciudadanía. Se viene otra audiencia pública histórica y con organización ciudadana, vamos a frenar el primer barrio privado náutico de lujo de la Ciudad”, publicó en sus redes, el legislador porteño Javier Andrade. “Hoy queda muy claro que no hay halcones y palomas, en materia de negocio inmobiliario son todos halcones”, agregó.
En el mismo sentido, la precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos y actual legisladora porteña, Lorena Pokoik, afirma que “cuando se llevan adelante estos emprendimientos siempre pienso en los sectores que sigue postergando y haciendo a un lado Larreta, que son los que no pueden tener acceso a una vivienda propia, inquilinos e inquilinas de la Ciudad”. Para la diputada la especulación inmobiliaria del sector privado “creció profundamente durante las gestiones de Larreta, mientras vos tenés a más de 300 mil personas que viven en las villas en condiciones precarias y a cientos de miles de personas que cada vez se les hace más difícil la casa propia. Para aprobar este proyecto, Larreta omitió artículos de la Constitución e ignoró el impacto ambiental. Esto solamente se comprende en un gobierno que piensa en las minorías y en los negocios”.
Uno de los tantos temas pendientes de resolución en la Ciudad de Buenos Aires, es hacer más accesible el alquiler de una vivienda, sobre este tema, el titular de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muños opinó que “hay dos cuestiones de esta alianza de IRSA con todos los gobiernos. Con IRSA y Larreta se consolida un modelo de Ciudad que está pensado solo para los sectores más altos, y que el proceso de construcción de la Ciudad en todos los sectores: en el transporte, en la salud y sobre todo en lo urbano, apunta a un modelo de Ciudad totalmente privatizada e inaccesible para quienes quieren comprar, pero mucho más aún para los inquilinos”. Muñoz focalizó además sobre las responsabilidades de Nación: “Si tanto nos escandaliza lo de IRSA, creo que también hay que poner en discusión entonces por qué toda la plata del Procrear pasa por el Banco Hipotecario que es del mismo dueño de IRSA, de Eduardo Elsztain. Creo que también es necesario que para garantizar el acceso a la vivienda el Estado tenga la ‘mitad más uno’ del Hipotecario como era en un principio”.
Por su parte, el Presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, en diálogo con éste medio, argumenta que “lo de hoy ha sido la demostración de que la democracia participativa en la Ciudad de Buenos Aires, fue capturada por el poder inmobiliario. No solamente porque maneja los tiempos de la legislatura y las prioridades, sino porque también hace votar leyes violando la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires”. Baldiviezo subraya que este proyecto de Ley se votó sin haber hecho una audiencia pública obligatoria, “luego de una evaluación de impacto ambiental que tampoco se hizo”, y replica, “por el otro lado el poder inmobiliario hace que la legislatura vote leyes con la mayoría que no es la que establece la Constitución porteña que exige una mayoría de 40 votos y se terminó votando con la mitad más uno”.
Por último, el legislador porteño Matías Barroetaveña, afirmó que “el oficialismo porteño se la pasa diciendo que este proyecto es una maravilla, que es un beneficio para la Ciudad, pero fíjate que ningún candidato de Juntos hace campaña con esto, ni siquiera los propios candidatos de la Ciudad, ni Larreta, ni Vidal hablan. Lo votan a escondidas y a las apuradas”, y finaliza: “En cuestiones de seguridad es peligroso también. El relleno lo hizo Boca Juniors cuando estaba en su propiedad pesando en construir otra cosa. Ahora el gobierno quiere construir ahí torres de 45 pisos, que no nos vaya a pasar lo que ocurrió en Miami que la codicia llevo a construir en lugares que no se podía construir y se cayó un edificio”.
