El plenario de comisiones de la Cámara de Diputados retomó este martes el debate del proyecto de ley de Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos, con la presencia de organizaciones no gubernamentales y sectores de la sociedad civil.
Se trata de la quinta reunión plenaria de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y de Presupuesto de la cámara baja que contará con la presencia de 65 expositores de forma virtual y presencial.
Durante el plenario, exponen referentes de la Organización Mundial de Zonas Francas, la Federación Argentina de Productores de Tabacaleras, la Asociación Civil La Madre Marcha, Barbechando, la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, Argentores, despachantes de Aduana, Padres Organizados, representantes de jubilados, la Cámara de la Industria del Petróleo, la Unión Industrial Argentina, el Inadi, la Fundación Huésped y la jurista Aída Kemelmajer, entre otros.
Al iniciar la reunión, el diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño, reclamó al oficialismo que brinde mayor información sobre el cronograma de debate del proyecto y pidió «extender» la discusión para permitir la presencia de sectores afectados eventualmente por la ley impulsada por el gobierno de Javier Milei.
A su turno, el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, reiteró su planteo para que concurran a exponer el jefe de gabinete, Nicolás Posse, el ministro de Economía, Luis Caputo y el asesor presidencial, Federico Sturzenegger, y reclamó la presencia de constitucionalistas para que analicen la «constitucionalidad» del DNU de reforma del estado y la ley de Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos.
«Hay que hacer una nueva jornada con los invitados que faltan. Acá no se podría avanzar en dictamen o en una sesión si no viene Sturzenegger o el jefe de gabinete», aseveró la diputada de Izquierda, Romina del Plá, quien reiteró la necesidad de conocer el cronograma que, dijo, «debería estar supeditado a expresiones que todavía están pendientes».
Ante ese planteo, el presidente de la comisión de Legislación General, Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza), que lleva adelante el plenario, anticipó que los pedidos «los vamos a tratar con las autoridades» de las otras dos comisiones «para darle una respuesta a cada una de las solicitudes de ustedes».
El primer expositor fue el referente de la Organización Mundial de Zonas Francas, Lisandro Ganuza, sostuvo que el proyecto «no incluye a las zonas francas. No vemos acciones que generen competitividad para cumplir con un precepto de exportar más» y solicitó que se incorpore una alícuota para la producción y servicios del 15 por ciento «para generar competitividad a las provincias que promuevan nuevas inversiones y generen empleo».
Desde Productores Tabacaleros, Pedro Pascutini, cuestionó el proyecto, al sostener que «si bien tiene cosas positivas como la eliminación de precio mínimo o el tema de lo que hace a la trazabilidad y control externo entendemos que eso no basta para nosotros. No vemos el beneficio para la producción».
Por su parte, Claudia Pugliese, de la Asociación de Profesionales del Servicio Social, manifestó su «profundo rechazo» a los aspectos de salud mental incorporados en la ley, al sostener que «no sólo ha sido concebida a espaldas del Congreso sin participación de usuarios y trabajadores implica un retroceso, porque se volverá a modelos que han fracasado».
«Es volver a la ausencia de abordajes interdisciplinarios y a la privación de la libertad; al encierro indiscriminado y destrucción de lazos sociales», apuntó.
En tanto, desde Barbechando, Manuel Chiappe, dijo que «el campo está dispuesto a poner el hombro» aunque pidió incluir a las pymes en la ley, a la vez que reclamó reivindicar la división de poderes «su existencia garantiza el control del Estado, no deleguen sus facultades».
Por su parte, Marina Charpentier, madre del músico Chano Charpentier, celebró que la ley de Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos «hable de prevención» pero sostuvo que la iniciativa «está hecha desde un escritorio» y pidió a los legisladores que «salgan a la calle y hablen con los pibes».
«La ley será muy buena pero es teórica, así como no se no se puede hacer desaparecer la inflación sin tomar medidas», aseveró Charpentier y se preguntó: «Qué derecho humano tiene un paciente enfermo mental que no puede trabajar ni criar un hijo», puntualizó.
La sesión del lunes estuvo marcada por fuertes críticas al proyecto de ley en las exposición de representantes de distintos sectores de la sociedad civil.
La agenda de este martes y el miércoles
Este martes se analizarán los artículos referidos a lo económico y lo fiscal, en tanto que para el miércoles quedarán cuestiones referidas a seguridad, educación, salud y modificación del Código Civil, entre otras.
A partir del avance de estas negociaciones el Poder Ejecutivo continúa con su intención de emitir dictamen entre jueves y viernes, para poder llevar el tema al recinto el sábado 19 o a más tardar el lunes 22.
Sin embargo, legisladores de los bloques que el lunes participaron de la reunión con el oficialismo evalúan que «sería más conveniente emitir el dictamen y sesionar después de la medida de fuerza convocada por la CGT para el 24 de enero».
Según fuentes de dos de las tres bancadas en cuestión «no convendría aprobar la ley antes de ese paro por 12 horas», ya que «se ganaría poco tiempo y provocaría mayor malestar en quienes rechazan el texto».
Desde el trío de bloques «dialoguistas» también aclararon que no piensan ceder en cinco cuestiones, que, entonces, deben quedar bien aclaradas en el dictamen que impulsará el oficialismo: facultades delegadas, privatización de empresas públicas, retenciones a las exportaciones, fórmula de movilidad previsional y reforma política.
La reunión en busca de los consensos se realizó mientras el plenario de comisiones que analiza el proyecto retomó el lunes su trabajo desde pasadas las 10 con el testimonio de empresarios, asociaciones, sindicalistas, ONG’s y sectores alcanzados por lo dispuesto en esa iniciativa.