Los presos alojados en el módulo VI, pabellón “C”, del Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza están en huelga de hambre desde hace dos semanas. Junto a sus abogados presentaron un habeas corpus colectivo ante el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, pero aún no tuvieron respuesta. Todo comenzó por la aplicación del nuevo Sistema Integral de Gestión de Personas Privadas de Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR) de Patricia Bullrich, que está vigente desde enero de este año.
El nuevo modelo de encierro punitivo del oficialismo implica que las mujeres embarazadas y los niños vean a su familiar detenido detrás de un vidrio. Incluye el encierro extremo de 20 horas por día como método de tortura y no les permiten leer ni profesar religión. Los abogados de los presos recomiendan que abran una mesa de diálogo para tratar el tema y que sus defendidos levanten la huelga.
Un sistema de crueldad
La ministra de seguridad expresó este jueves en su plataforma oficial X (ex Twitter):” Los que asesinaron, torturaron y dominaron Rosario durante años, ahora piden abrazar a sus seres queridos”. También agregó. “Los narcoterroristas ya no tienen poder ni privilegios. Ni dentro ni fuera del penal”.
”Tras los dichos de la ministra tengo que retomar lo que dice la Constitución Nacional Argentina en su artículo 18, sobre que ‘las cárceles de la nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice’, es lo que nos ordena nuestra carta fundamental”, argumentó Fabio Galante, abogado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en diálogo con Tiempo.
Galante, es defensor de Mario Segovia, apodado «Rey de la efedrina»; de Alionzo Rutillo “Ruti” Ramos Mariños, preso por venta de drogas en la Villa 31 bis; también de Ignacio “Ojito” Actis Caporale, el piloto de carreras automovilísticas que fue señalado como el responsable de enviar ocho kilos de cocaína a la ciudad española de Salamanca. Los tres se encuentran en el pabellón “C” del módulo VI en huelga de hambre junto a doce detenidos más.
Encierro extremo como método de tortura
“Si lo que persigue la ministra es castigar, deberían primero reformar la Constitución”, remarcó el letrado. Tener a una persona 20 encerrada, “sola en una celda, sin posibilidad de leer libros, ni poder ver la televisión, tampoco escuchar la radio, sumado a que no puede comunicarse con sus familiares todos los días para despejar y desenchufar un poco de la cárcel, es un castigo muy cruel”, aseveró.
“El solo hecho de no poder compartir una visita normal con sus familiares y abrazar a los hijos menores de edad, no solo agrava las condiciones del detenido, sino que afecta de manera directa al derecho de los niños a relacionarse con sus padres”, ahondó Galante. Por eso, “la idea es que dispongan una mesa de diálogo y los detenidos levanten la huelga de hambre”, recomendó.
“Además, en este sentido, la Ley Fundamental expresa que la cárcel es para seguridad y la finalidad de la pena es para que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la norma”, aseguró el abogado. Sin embargo, “el propio Estado cercena derechos y cae en el adagio popular del haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago”, cerró.
El abogado de Los Monos
Leones Iesari, es el abogado de Carlos Damián “Toro” Escobar, uno de los jefes de la barra brava de Newell’s, ligado a Los Monos, y de Jonatan “Gordo” Brezik, familiar de la misma banda. Ambos se encuentran en la cárcel de Ezeiza. También representa a Ariel Máximo “Guille” Cantero y Luciano Uriel Cantero, que se encuentran en el penal de Marcos Paz.
“El nuevo régimen tiene alto grado de arbitrariedad, es violatorio de los Derechos Humanos y de los estandartes internacionales que nuestro país ha suscripto. Además, la pena privativa de la libertad restringe sólo el derecho de la libertad ambulatoria, pero la persona sigue teniendo todos los derechos, como ser, educación, trato digno, igualdad y esparcimiento. Como así también pueden tener visitas, comunicación con sus familiares, acceso a la medicina, entre otras cosas”, sostuvo el abogado Iesari.
Sin embargo, “en los últimos 6 meses a mis defendidos les redujeron las llamadas telefónicas con sus familiares a 1 sola llamada semanal de 20 minutos, se le limitó el ingreso de alimentos que los familiares les podían llevar. También les impusieron un límite económico en la cantina del servicio penitenciario de 30 mil pesos mensuales, donde los precios no son de los más económicos y ese dinero solo sirve para una o dos compras”, explicó el letrado.
“Con la reforma constitucional de 1994, nuestra Carta Magna incorporó en su artículo 75 inciso 22 un gran número de tratados internacionales ratificados por nuestra nación, los mismos vienen a garantizar los Derechos Humanos de todas las personas que habitan el territorio argentino”, argumentó.
“Esto muestra en forma muy clara que las medidas adoptadas son totalmente arbitrarias e inconstitucionales, lo peor es que están siendo impuestas por el Ejecutivo Nacional a través de resoluciones ministeriales, sin sustanciación de las partes afectadas”, aseguró Iesari.
“Lo hizo sin poner en conocimiento a los magistrados, que son quienes deben garantizar la integridad física y mental de los presos que se encuentran bajo sus tutelas”, explicó. Finalizó recomendando que la salida más saludable: “Es que las autoridades abran una mesa de diálogo para darle tratamiento al tema y que los detenidos levanten la huelga de hambre”.
