El fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, recibió el respaldo de su superior: el procurador General de la Provincia, Julio Conte-Grand, cerró y archivó un trámite disciplinario contra el funcionario que había sido impulsado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
El organismo provincial de derechos humanos inició las actuaciones porque consideró que la vinculación del fiscal en delitos de lesa humanidad cometidos cuando trabajaba como agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (Dippba) durante la dictadura, constituye “una falta disciplinaria de gravedad institucional para un estado de derecho”.
“Fernández Garello está imputado por la justicia federal, sin embargo para las autoridades del Ministerio Público Fiscal estos no constituyen conductas reprochables o que ameriten sanciones”, protestaron en la CPM al conocerse la decisión del jefe de los fiscales y ex ministro de María Eugenia Vidal.
Las actuaciones administrativas habían comenzado tras una presentación de la Comisión en la secretaría de Control Disciplinario de la Procuración General, para que se investigue la posible comisión de faltas disciplinarias, por su participación en los hechos denunciados ante la justicia y también por haber ocultado esa información al ingresar en el cargo.
Según informó la CPM, esas acusaciones fueron “recientemente” desestimadas por el procurador, quien “dispuso el cierre y archivo de estas actuaciones”. Conte-Grand fundó su decisión “en meros formalismos y razones endebles”, explicaron en un comunicado, en el que resaltaron que el procurador antepuso a la prueba documental “el descargo del propio fiscal que minimizó como ‘tareas administrativas’ algunas de sus acciones como agente de la DIPPBA y justificó otras”.
Es el segundo trámite en el que Fernández Garello zafa gracias a la cúpula de la justicia bonaerense: en diciembre del año pasado, el jurado de enjuiciamiento de la provincia que es encabezado por el presidente de la Suprema Corte, archivó la denuncia en su contra por estos mismos hechos. Al contrario de lo que el jury hizo luego con el juez destituido Luis Arias, dijeron que primero debía avanzar la causa judicial.
La decisión de Conte-Grand cerró el trámite administrativo. La denuncia en su contra explicitaba que Fernández Garello fue parte de la maquinaria del terrorismo de Estado como “espía” de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA).
Por ese rol durante el terrorismo de Estado, el fiscal general de Már del Plata –que entre otras cosas tiene a su cargo el diseño de la política criminal de su jurisdicción- sigue como acusado en una causa penal que tramita en el Juzgado Federal N 2 de San Martín, de la jueza Alicia Vence. Esta denuncia también fue presentada por la CPM, en base a la información que se desprende de los legajos del archivo de la DIPPBA, que el organismo gestiona desde el 2001. Por la importancia y el valor de esta prueba, hace poco la jueza llamo al actual fiscal a prestar declaración indagatoria, y pese a que primero le dictó la falta de mérito, recientemente volvió a citarlo para que amplíe quella declaración.
Fernández Garello fue oficial subinspector de la delegación San Martín de la DIPPBA. De los archivos de la Dirección de Inteligencia se desprende que “entre 1978 y 1982 participó en al menos 17 actos de inteligencia en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado”, comunicó la CPM.
Uno de esos documentos de la DIPPBA lo involucran en la causa por los apremios ilegales contra un militante del Partido Comunista en 1982 y de la detención de otros tres militantes comunistas el 23 de Julio de 1981. Por esos hechos está involucrado en la causa que investiga Vence en San Martín.
“A pesar de conocer todo este material probatorio, el Procurador Julio Conte Grand decidió desestimar la investigación”, denunció la CPM en un comunicado.
