El periodista de investigaciones, Pablo Galfré, detectó que las personas con consumo problemático del interior del país -por falta de dispositivos comunitarios y tratamientos ambulatorios- son trasladadas a la Provincia de Buenos Aires. El hombre explicó que cuando estos usuarios y usuarias llegan a las granjas de rehabilitación, «son sometidas a un trato deshumanizante«.
Galfré es autor del libro «La comunidad, viaje al abismo de una granja de rehabilitación» (Sudestada; 2017). El trabajo que hizo muestra el funcionamiento de las comunidades terapéuticas como «lugares clandestinos de detención«. El periodista investigó internaciones compulsivas y dejó al descubierto que los usuarios sufren torturas, vejámenes y muchas otras violaciones a los Derechos Humanos. La obra que realizó denuncia una serie de muertes y suicidios que ocurren continuamente en estos lugares.
Necesidad de crear una Ley de rehabilitación
«Las personas con consumo problemático del interior del país, son derivadas e internadas en la Provincia de Buenos Aires, en las conocidas granjas de rehabilitación del conurbano bonaerense», explicó Galfré, en diálogo con Tiempo. Continuó asegurando que esto sucede, «porque en la mayoría de las demás provincias no se ha reglamentado una Ley, por lo cual no hay dispositivos comunitarios, ni tratamientos ambulatorios, o lugares de internación».
«Es por eso que los pacientes terminan en las granjas del Gran Buenos Aires. Son llevados a estos lugares porque ya han pasado por algún lugar de internación o de tratamiento de sus lugares de origen donde no hubo un resultado positivo; entonces, terminan descartados en estos lugares clandestinos de detención», denunció el periodista.
«Por eso, considero que las provincias deberían desarrollar un sistema de dispositivos comunitarios, tratamientos ambulatorios y lugares de internación donde no se vulneren derechos de las personas que sufren cuadros de salud mental por consumo problemático», recomendó Gralfré, de 47 años.
La precariedad institucional
«Hemos registrado muchísimos casos de personas que murieron en distintas comunidades, como el de Santiago Gelman, que era un chico paraguayo que estaba internado en Rosario. Lo más grave, es que fue derivado por la propia Secretaría de Niñez de Santa Fe», señaló el investigador.
«Otro caso es el de Joaquín Villarreal, que fue derivado por el Servicio Local de Niñez de General Villegas, lo trasladaron a una comunidad terapéutica ubicada en el partido bonaerense de Pilar», explicó en relación a cómo las autoridades se van «desligando de la problemática».
«Ambos casos, Gelman y Villarreal, ocurrieron en la comunidad terapéutica ‘Centro Soltar‘, cuando estalló la terrible noticia se descubrió que había pibes y pibas que habían sido derivados de San Luis, Misiones y Santa Fe; son las tres provincias que sé que derivan directamente al Gran Buenos Aires. Son algunas de las tantas víctimas de estos lugares deshumanizantes», detalló.
Dispositivos de torturas
«Sostengo que estas personas son reportadas de sus lugares de origen porque en muchas provincias no hay un sistema desarrollado de dispositivos comunitarios o internaciones en hospitales generales. Esto hace que los usuarios que enfrentan problemas de adicciones terminan internados en las comunidades terapéuticas del conurbano bonaerense, que en su gran mayoría funcionan fuera del marco legal», denunció.
«Gracias a las intervenciones de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), muchísimas de estas comunidades clandestinas de detención fueron clausuradas por la Justicia. Porque se pudo comprobar que en estos lugares son sometidos a un sistema de tortura y crueldad», finalizó el periodista.
