El FMI está preocupado por la debilidad de los ingresos fiscales en este año, y por lo tanto proyecta que resulta necesario un ajuste en el gasto público mayor al previsto: un mayor peso que deberá soportar la sociedad argentina, sumado al que ya viene recayendo sobre los sectores más desprotegidos.
Los cálculos son claros. El FMI venía estimando que como consecuencia de estas políticas, el PBI caería este año un 1,7%, aunque este viernes corrigió su proyección a una merma del 1,2 por ciento. Dado que el Presupuesto Nacional aprobado en octubre de 2018 se elaboró en base a una caída de tan sólo medio punto del PBI para 2019, es muy probable que los ingresos tributarios sean menores a los proyectados. De hecho, los datos del primer bimestre muestran una caída de la recaudación fiscal del 9,8% en términos reales. Para poder alcanzar el déficit fiscal primario cero será necesario, casi con seguridad, un mayor recorte del gasto público. Esto mismo ocurrió el año pasado: según una investigación de la Fundación Germán Abdala, en base a datos del Ministerio de Hacienda, para reducir el déficit primario en 2018 en un 1,4% del PBI, el gasto público tuvo que ajustarse un 1,9% del PBI para compensar la menor recaudación.
También en las cuentas públicas incide cada vez más el peso de los intereses de la deuda. En 2018, los intereses fueron el equivalente a siete veces el gasto de capital del Tesoro Nacional, incluidas transferencias a provincias para destinar a inversión en Educación, Vivienda, Agua y Cloacas. En el mismo año, los pagos de jubilaciones y pensiones contributivas crecieron un 26,7%, mientras que los intereses de la deuda lo hicieron en un 72,9 por ciento.
Queda claro cuál es la prioridad a la hora de decidir el destino de los fondos públicos. Volviendo a 2019, el presidente Mauricio Macri anunció a principios de marzo la autorización del FMI para adelantar el ajuste de la Asignación Universal Por Hijo (AUH) utilizando un 0,1% del PBI, es decir, unos $ 20 mil millones. Algo que no parece tener relación con los montos destinados al pago de intereses de la deuda, que en el último año fueron de $ 388.940 millones.
Mientras el FMI avala y controla la decisión del gobierno argentino de achicar el déficit fiscal, las recientes palabras de la directora gerente del FMI no parecen ir en la misma dirección. Christine Lagarde expresó que «la política fiscal puede ayudar a crear oportunidades más amplias brindando acceso a educación, atención de la salud e infraestructura, especialmente para aquellas personas que hayan quedado rezagadas o excluidas». Existe una gran disociación entre las buenas intenciones que supuestamente impregnan las comunicaciones del organismo y lo que efectivamente llevan a la práctica en los países a los que otorgan préstamos.
El Fondo también fue noticia esta semana al haber trascendido que podría otorgarnos un «programa de facilidades extendidas» que apuntaría a mejorar el perfil de vencimientos e intereses de la deuda argentina a partir de diciembre de este año. ¿Cómo es que se lo ve tan predispuesto a modificar un acuerdo que se firmó hace menos de un año? En 2022 y 2023 habría que pagar U$S 45.500 millones al FMI, una situación que forma parte de la respuesta. Es el equivalente al 80% del total de los fondos desembolsados por el organismo: imposible cumplimiento para cualquier país. ¿De dónde saldría semejante cantidad de dólares?
Es ahí donde encontramos otra parte del porqué de la nueva estrategia fondomonetarista. Difícilmente estemos ante un «error de cálculo» del staff del FMI a la hora de otorgar el préstamo. Sino más bien, ante la estrategia de generar una obligación casi inevitable de renegociar, y que permita adicionar estrictas condicionalidades a cambio. No es casual que estas «facilidades» vengan acompañadas de los pedidos de reformas en el sistema previsional y un fuerte avance hacia mayor flexibilización laboral. Un esquema perfectamente pensado para lograr objetivos que terminan beneficiando a ciertos grupos, como las empresas multinacionales. Estas obtendrían mayores márgenes de rentabilidad a partir de normas laborales más flexibles que terminan deprimiendo los salarios y las condiciones de trabajo.
La economía sigue en terreno negativo
En el medio de la vorágine electoral y los vaivenes en la cotización del dólar, los datos de la economía continúan mostrando una fuerte debilidad.
La información del Indicador de Producción Industrial del Indec da cuenta de una disminución de la actividad en el primer bimestre del año del orden del 9,7% interanual. De los 17 bloques industriales que componen la muestra, 16 mostraron caídas interanuales en el bimestre: equipos de transporte, maquinarias y equipos, metálicas básicas, vehículos automotores y productos textiles, fueron los de peor desempeño. Por su parte, la actividad de la construcción mostró una variación positiva en febrero con respecto al mes anterior (8,3 por ciento). No obstante, los despachos de cemento de marzo, un dato que suele utilizarse como anticipador de la actividad del sector, cayeron en términos desestacionalizados un 14,6% con respecto a febrero.
La información sobre la distribución del ingreso del cuarto trimestre de 2018 indica que más de la mitad de la población con ingresos (ocupados, jubilados y perceptores de asignaciones) tuvo un ingreso inferior a los $ 14 mil mensuales. Un nivel equivalente a cerca de la mitad del valor de la Canasta de Pobreza de ese período para una familia tipo. Estas cifras explican con amplitud el aumento de la pobreza e indigencia.
Queda claro que la actual situación argentina no es fruto de un error de diagnóstico o de mala praxis» y no se resuelve con «retoques». Es la consecuencia directa de las políticas que se vienen aplicando y que generan un fuerte deterioro en el nivel de vida de la población.
Esto se resuelve con una política diametralmente opuesta a la que implementan el presidente y su equipo. Cuando Macri dice «hay que ir por acá», señalando con su brazo derecho hacia adelante, muchísimos de nosotros decimos que «no», que es «por allá», porque se necesita otro modelo de país.
Las próximas elecciones de octubre resultan fundamentales para dar una vuelta de página. Y para exigir que las propuestas de los candidatos vayan más allá de los «qué» (bajar la pobreza, generar empleo de calidad, ir hacia un país inclusivo, mejorar el mercado interno) y se centren en los «cómo», es decir, en las acciones que se tomarán para lograr los objetivos planteados. El programa que se requiere debe tener como ejes fundamentales la renegociación de la deuda con el FMI y la extensión de los plazos de pago, sin condicionalidades; una reactivación de la demanda a partir de aumentos en los salarios, jubilaciones y AUH que estén por encima de los niveles de inflación, y una estratégica protección de la industria nacional para que la mayor demanda no se canalice al consumo de productos importados.
No será una tarea fácil, pero un gobierno con determinación y un fuerte respaldo electoral estaría en condiciones de revertir la difícil situación actual. Hay margen de maniobra. Argentina debería tomar ejemplos como el de Portugal, país que logró mejorar las condiciones de vida de sus habitantes a partir de políticas de reactivación económica, contrariando las condiciones que pretendían imponerle sus acreedores. «
