Volvió el proyecto de Ley Ómnibus de Javier Milei, conocido como proyecto de “Ley Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, que en febrero pasado no logró los acuerdos necesarios para su aprobación en particular en la Cámara de Diputados. Esta vez, con un dictamen de mayoría votado el jueves, entre gallos y medianoche, aún con la bruma de la multitudinaria Marcha Nacional Universitaria flotando en el aire.
Más acotado pero con la misma letalidad, el proyecto dispone una emergencia pública en materia “administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año”. Y con ese solo motivo, nuevamente, pretende lograr a su favor una amplia delegación de facultades para legislar, exclusivas del Poder Legislativo (art. 76 de la Constitución Nacional).
No conforme con ello, el artículo 3° del proyecto, bajo el título Reforma del Estado, establece que parte de esas delegaciones legislativas tendrán como base “mejorar el funcionamiento del estado” y “reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas” y su “control efectivo interno”. Algo que puede llegar a afectar desde el Conicet hasta el Banco Nacional de Datos Genéticos.
Las facultades delegadas en este proyecto, entre otras cosas, habilita al Poder Ejecutivo a disponer de todos los organismos de la Administración Pública Nacional central o descentralizada y a modificar o eliminar sus competencias o funciones por considerarlas “innecesarias” y también a reorganizar, modificar o transformar “su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Los organismos del Estado fueron creados por leyes debatidas y votadas por el Congreso de la Nación, tal como lo establece la Constitución y conforme a la forma democrática de gobierno, por lo que esta delegación pretendida y amplia avasalla el principio constitucional de división de poderes.
Organismos nacionales que pueden desaparecer
En el contexto de grave ajuste y masivos despidos a trabajadores y trabajadoras del Estado que la gestión libertaria ya está llevando a cabo, las facultades delegadas legalizarían y facilitarían el desguace el Estado nacional. El proyecto de ley Bases, en su dictamen de mayoría, solo excluye de forma completa del artículo 3° a universidades nacionales y organismos dependientes del Poder Legislativo, Judicial y Ministerio Público.
De forma explícita dispone que un número reducido de organismos, solo 14 de 66, no podrán ser disueltos aunque no se aclara si de forma total o parcial. No obstante, tal como dispone el artículo, podrán ser objeto de fusiones, modificaciones, centralizaciones que los sostengan desde el punto de vista formal, vaciados de contenido y pleno funcionamiento.
Algunos de los organismos que no podrían disolverse son: el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS); la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI); el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
La lista también incluye a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU); la Comisión Nacional de Valores (CNV); el Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI); la Unidad de Información Financiera (UIF); y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
En cambio, tal como señala el abogado Gustavo Sosa en Economía Social y Derecho, podrían ser disueltos en su totalidad organismos como el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el Instituto Nacional del Cáncer (INC), el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el Servicio Meteorológico Nacional, entre muchos otros.
El proyecto permite la intervención del Ejecutivo, por el plazo de un año, de los organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado, con unas pocas excepciones plasmadas en el artículo 6.
Conicet: ciencia y tecnología libradas a su suerte
Según publicó Letra P, el sistema de Ciencia y Tecnología (CyT) está conformado por las universidades nacionales agrupadas en el Consejo Interuniversitario Nacional y 17 organismos de la Administración Pública Nacional (APN) que se encuentran bajo diversas dependencias jurisdiccionales e integran el Consejo Interinstitucional de CyT. Entre ellos, se encuentran organismos como la Administración de Parques Nacionales, Instituto Nacional del Agua, Servicio Meteorológico Nacional, Servicio Geológico Minero Argentino, Instituto Nacional de Prevención Sísmica, entre otros.
Si se aprueba el proyecto de Ley Bases tal cual quedó redactado en el dictamen de mayoría, el Ejecutivo tendrá la posibilidad de desmantelar las dotaciones de cualquier organismo CyT sin necesidad de intervenirlo o cerrarlo.
Incluso, podría afectar a aquellos que están exceptuados expresamente en los artículos 3 y 6 del capítulo I del proyecto de ley, dado que toda la planta permanente de la APN que se encuadra en la Ley Marco de Empleo Público y está sujeta a quedar en disponibilidad de manera inmediata si se aprueba esta modificación legal. La estabilidad del empleo público desaparece y quienes ingresaron a la planta permanente por concurso, pierden su derecho a permanecer.
Al respecto, el dictamen de minoría de este proyecto de ley del Frente de Izquierda expresa que según datos del INDEC de noviembre de 2023, de un total de 220.922 agentes pertenecientes a la Administración Pública Nacional, 130.192 pertenecen a la Administración Pública descentralizada, por lo que representan un 58,9% del total. “El grueso de la dotación del Estado Nacional está en los organismos descentralizados, y con esta modificación normativa, se le daría potestad absoluta al PEN para el despido de estos trabajadores/as en pos de la ‘reestructuración del Estado”, manifestaron.
Peligra la existencia del Banco Nacional de Datos Genéticos
Entre los organismos que pueden sufrir de manera directa el desmantelamiento y disolución total como consecuencia del proyecto de Ley Bases, se encuentra el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), organismo que fue creado por Abuelas de Plaza de Mayo en 1987, que forma parte del sistema de CyT y que ha permitido la restitución de las identidades de las nietas y nietos robados por la última dictadura militar.
Incluso, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), después de firmar el dictamen de mayoría, emitió un comunicado el viernes pasado en el que instó a los diputados y diputadas a garantizar la preservación del BNDG. “Hacemos este pedido dado que entre los organismos sujetos a potencial disolución por parte del Poder Ejecutivo Nacional se encuentra en BNDG. Así surge del dictamen de mayoría de la Ley Bases, que en su artículo 3 no explicita la situación futura del Banco, poniendo en riesgo su existencia”, expresó el comunicado.
Al respecto, este lunes el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa dijo que “el Gobierno tomó el compromiso de no avanzar en el cierre ni de nada en relación al Banco Nacional de Datos Genéticos, ninguna medida ni ninguna modificación, seguirá funcionando”. No obstante, con el texto actual del proyecto de Ley Bases, es una posibilidad abierta.
