La escalada de violencia del gobierno de Jujuy, comandado por Gerardo Morales, hacia el sector universitario tuvo una respuesta institucional este viernes, cuando el Directorio del Conicet difundió un comunicado en el que le pide al Ejecutivo provincial que cese con las acciones que «atentan contra la libertad de investigación».
«Ante la situación de violencia institucional que se vive en la provincia de Jujuy, el Directorio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) solicita al Gobierno Provincial se abstenga de promover acciones que atenten contra la libertad de investigación y garantice el normal desarrollo de las tareas de investigación y docencia que realizan becarios/as, miembros de la Carrera de Personal de Apoyo e investigadores/as del CONICET, como así también las tareas habituales del personal administrativo del organismo», remarca el comunicado oficiala.
«El Directorio se solidariza con las autoridades, docentes, estudiantes y trabajadores/as de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) y se suma al repudio por el ingreso de personal uniformado de la Policía de la Provincia al predio de la UNJu ubicado en Avenida Bolivia, en momentos en que se desarrollaba la sesión ordinaria del Consejo Superior, el pasado 12 de julio. También expresa su preocupación por el bienestar de la comunidad universitaria y científica con sede en Tilcara», acotan.
Y completan: «El Directorio hace un llamado al cumplimiento de la Constitución Nacional y las leyes, en un marco de absoluto respeto por los derechos humanos, para la resolución pacífica de los conflictos sociales y políticos de la provincia de Jujuy».
Antecedentes
Este jueves la doctora Patricia Kandus narró otro suceso estremecedor del Estado de Excepción que se vive en Jujuy, que en los últimos días estuvo especialmente apuntado al sector universitario.
La docente, bióloga y ecóloga de la UNSAM (investigadora del Instituto de Investigaciones e Ingeniería Ambiental con posdoctorados en Canadá y EE UU) relata que este jueves, 20 de julio, por la mañana, estaban reunidos para trabajar de manera virtual con colegas de Tierra del Fuego, Jujuy, Mendoza y Buenos Aires en el marco del proyecto “Observatorio Federal de Sostenibilidad Socioambiental de Humedales”, una iniciativa institucional que se enmarca en un plan del Ministerio de Ciencia de la Nación de estudiar temas estratégicos.
En este caso, de hecho, el proyecto tiene el apoyo financiero y logístico de la cartera científica, que lo aprobó en septiembre del año pasado tras la presentación de representantes de la Escuela de Hábitat y Sostenibilidad (EHyS) de la UNSAM Rubén Quintana y Patricia Kandus, que centraron su mirada en la degradación de los humedales del país. Una problemática de Jujuy entre la extracción minera y el cuidado de los humedales.
La potestad de hacer uso discrecional de las tierras para destinarlas a actividades extractivas, sobre todo el litio, es uno de los puntos principales de la Reforma Constitucional Exprés que aprobó la Legislatura jujeña y que desencadenó gran cantidad de cortes de ruta que hasta hoy se mantienen.
Pero no pudieron terminar el encuentro. «La reunión de trabajo fue interrumpida debido a que en la casa de une colega de Jujuy se presentó la policía (4 individuos uniformados) preguntando si se encontraba su compañere y entregando una notificación para presentarse de manera inmediata en el juzgado», describe Kandus.
Se lo acusaba por “haber estado reunido con otras personas en la vía publica” el 20 de junio, día de la aprobación de la reforma, y posterior represión. Desde ese día se sucedieron distintos episodios de persecución, medio centenar de detenciones injustificadas, camionetas sin identificación «levantando» gente.
«No pudimos seguir trabajando –acota la investigadora–. Después de 40 años del regreso de la democracia en nuestro país no podemos naturalizar la vuelta a la represión, no podemos mirar a otro lado cuando se está aceptando que en una de nuestras provincias el autoritarismo y la violencia se instalen como modo de gobierno, poniendo en juego la integridad y la vida misma de las personas, privilegiando intereses sectoriales».
De Tilcara a la UnJu
Llama la atención que en los últimos días el ataque de fuerzas policiales se haya centrado en el sector universitario, algo que vienen denunciando (tímidamente, por ahora) autoridades nacionales educativas.
El 10 de julio, Morales amenazó por TV con expropiar la sede de la UBA en Tilcara porque «son los que incentivan los cortes», aunque de fondo lo que quiere es que le entreguen el manejo del sitio arqueológico Pucará de Tilcara, un lugar estratégico para el turismo y los recursos naturales que desde hace años depende de la Facultad de Filosofía y Letras. Este jueves se sumó el ingreso al domicilio de un investigador.
Dos días después, la policía provincial violentó la autonomía universitaria de la Universidad Nacional de Jujuy. «Estábamos en la reunión del Consejo Superior cuando vimos a la policía, en un lugar donde estábamos discutiendo justamente aspectos vinculados a estas prácticas policiales», cuenta a Tiempo Daniel Roisinblit, secretario del gremio docente Adiunju. «Estaban sin identificación», añade.
Ante su insistencia, uno de ellos le dijo que habían recibido órdenes de la Brigada para apersonarse. «Querían saber si íbamos a cortar una calle. Fue una acción intimidatoria». En la sesión se encontraba presente Iván Blancutt, detenido al día siguiente. Ante el repudio generalizado, el gobernador salió luego en sus redes a despegarse del hecho y a indicar que los responsables serían investigados. Nadie dijo aún qué autoridad les dio la orden de ingresar.
