El gobierno nacional tuvo un triunfo en la Cámara de Diputados el pasado 18 de abril: pudo frenar la sesión en la que se iba a tratar el proyecto opositor de tarifas. Pero logró hacerlo por poco. Sólo un voto faltó para el quórum. Y quedan varios meses por delante antes de las elecciones presidenciales. ¿Cuántos 18 de abril se repetirán?
Los 128 diputados presentes nos recordaron que el Congreso puede convertirse en un problema para la política económica del gobierno nacional. De hecho, aun a pesar de no estar transitando un año electoral, el Congreso de la Nación se encuentra sin arrancar. En lo que va de 2018, su actividad se limitó al debate sobre el proyecto de despenalización del aborto, cuestiones menores como el «canje de pasajes» o visitas de rendición de cuentas de ministros del Gabinete nacional: Marcos Peña, Luis Caputo, Oscar Aguad. Pero no se ha sancionado ninguna ley. La agenda anunciada por Cambiemos tras su triunfo en las legislativas de 2017 no se ve. Y con el paso de los meses, la capacidad negociadora entre oficialismo y oposición tenderá a decrecer. Estamos en los albores de la campaña a 2019 y la oposición se volverá cada vez más opositora; Cambiemos sigue sin dominar las Cámaras y todo lo que no logre aprobar ahora, difícilmente pueda hacerlo después.
En el marco de este Legislativo estancado, hay que destacar que el Congreso está habitado por personajes importantes de la política argentina. Hay que mencionar al menos tres: Cristina Kirchner, Miguel Pichetto y Elisa Carrió. Cada uno de ellos tiene una agenda económica, y dispone del instrumento legislativo para intentar plasmarla. En ese sentido, cabe preguntarse hasta qué punto podrán aprovechar el vacío legislativo para transformar la gestión económica desde el Congreso.
Cristina Kirchner, abocada a la crítica socioeconómica del macrismo, presentó un proyecto para suspender los aumentos tarifarios en servicios públicos domiciliarios (agua corriente, electricidad y gas), extensible a pymes y cooperativas, y para retrotraer los valores a enero de 2017. El proyecto kirchnerista incluye la creación de un comité para revisar todas las decisiones tomadas por las empresas de servicios públicos desde esa fecha, y declara una «emergencia tarifaria»; sostienen desde ese espacio que este proyecto fue el primero de una serie y que aspiran a articular posiciones con la oposición.
Pichetto, por su parte, ha asumido un rol político dentro del espacio justicialista no K, y considera que ese sector tiene que representar una alternativa económica al macrismo y al kirchnerismo. Caracterizada por una visión desarrollista y heterodoxa moderada. Desde ese lugar, formó un grupo de economistas que conversan con los asesores del massismo y con los justicialistas de Diputados (Bossio) para articular una agenda que responda a las preocupaciones de los gobernadores y las economías regionales. La forma de lanzar esa agenda económica será un conjunto de proyectos de ley.
Finalmente está el caso de la diputada oficialista Elisa Carrió. Aunque alineada políticamente con la Casa Rosada, se conocen desde hace años sus matices con la visión económica hoy predominante en el Ejecutivo. En las últimas semanas aprovechó sus apariciones públicas para criticar los aumentos de tarifas, pedir «más gradualismo» y plantear la intervención contra los «formadores de precios», sobre todo en medicamentos y supermercados. Todo hace suponer que Carrió funcionará como una suerte de ariete del Ejecutivo para intentar desde el Congreso algunas medidas de contención de la inflación si la política monetaria no alcanza. Pero no podemos estar seguros sobre los reales niveles de coordinación entre la política económica y las ideas de la diputada fundadora de Cambiemos, que está interesada en reformas a la ley de defensa de la competencia que permitan diferentes tipos de regulaciones de mercado.
Argentina no está preparada para un rol protagónico del Congreso en materia económica. La tradición establece que la gestión macroeconómica debe estar unificada en la menor cantidad posible de manos. Macri ha jugado desde el comienzo por una cierta dispersión del comando económico, sin un Ministerio de Economía fuerte, a pesar de no tener mayorías parlamentarias. Habrá que ver, también, cuál es el impacto de la nueva Oficina de Control Presupuestario del Congreso. Por eso, el escenario de un Parlamento con voz propia y convertido en factor originario de políticas opositoras u oficialistas es una novedad. El Ejecutivo tiene diferentes «fierros» para frenar al Congreso en caso de que este le quiera marcar la cancha en materia económica. Maneja la relación con las provincias y, en última instancia, puede vetar y decretar. Si el Congreso va a estar siempre preparado para pasar leyes contrarias a la política económica del Ejecutivo, Macri tendrá que recurrir a ellas más de lo previsto. «
