El empresario Lázaro Báez fue condenado a 12 años de prisión en el marco de la causa en la que se lo investigó por maniobras lavado de dinero por 55 millones de dólares entre 2003 y 2015.

Más temprano se terminaron de escuchar las últimas palabras de los imputados, con las exposiciones de Martín Erazo y Juan De Rasi, dos de los acusados, que en ambos casos se quejaron porque, en el marco del proceso, el tribunal no había aceptado planteos realizados por sus defensas en relación a las pruebas.

“Termino con sabor amargo porque la mayor parte de la prueba que solicitamos con mi defensa, va a ser producida en otra etapa de este juicio, a posterior de que se dicte sentencia, y la realidad es que la pedimos para demostrar la verdad de los hechos, que muestran mi inocencia”, señaló Erazo, vía la plataforma Zoom y a través de una transmisión en directo por Youtube.

En términos similares, De Rasi dijo: “Lamento no haber contado con las pruebas que habíamos pedido pero, así y todo, estoy seguro de mi inocencia porque sé lo que hice”.

La defensa del dueño de Austral Construcciones reclamó la absolución y calificó al caso como un “circo judicial”.

Báez está con prisión domiciliaria desde septiembre pasado, cuando la Cámara Federal de Casación Penal ordenó darle ese beneficio, y sigue las alternativas del juicio por videoconferencia

El mayor de ellos, Martín Báez, está detenido en la cárcel de Ezeiza desde febrero de 2019 por orden del Tribunal, ante una denuncia por un intento de trasferir cinco millones de dólares cuando estaba inhibido.

El hecho ocurrió cuando ya había comenzado el juicio, que todavía era presencial, en la sede de los Tribunales Federales de Retiro.

El juicio comenzó en octubre de 2018 y en los primeros tramos del debate se preveía una duración de ocho meses, pero se sumaron inconvenientes que corrieron esos plazos hasta que, finalmente, la pandemia de coronavirus derivó en la suspensión de las audiencias desde el 20 de marzo último hasta junio pasado, cuando se reanudó de manera virtual.

Báez fue detenido en abril de 2016 por orden del juez federal Sebastián Casanello, que instruyó la causa.

En su última intervención durante el juicio, el 30 de diciembre pasado, el empresario aseguró ser víctima de una “persecución sistemática del poder político, la prensa y gran parte del Poder Judicial”.