El presidente de Surinam, Desi Bouterse, acaba de ser condenado a 20 años de prisión en una causa fogoneada por Holanda, la antigua metrópoli del pequeño país del norte sudamericano. Hay muchos gobernantes de la región tanto o más controvertidos que él, pero ninguno –Sebastián Piñera, Iván Duque, Jair Bolsonaro y, más recientemente Jeanine Áñez– asume un papel contestatario del poder global que gobierna desde Washington. Por eso, Estados Unidos y Holanda, el reino que perdió su Guayana en 1975, tienen a Bouterse en la mira. Primero, porque jugó todas las fichas a favor del proceso de integración impulsado por el progresismo americano en los años iniciales de este siglo. Y, segundo, porque sigue profundizando las relaciones con Cuba y Venezuela y condena en todos los foros internacionales el bloqueo económico y comercial con el que el «mundo libre» busca reducir a esos países por la democrática vía del hambre de sus pueblos. «Defenderemos siempre a la Cuba agredida», dijo hace poco ante la Asamblea de las Naciones Unidas.

Bouterse fue acusado por Holanda de haber ordenado, en 1982, la muerte de 15 opositores –abogados y periodistas–, miembros de las más influyentes familias surinamesas, todos educados en los claustros de Ámsterdam. Meses antes, había comandado el incruento Golpe de los Sargentos con el que el país había entrado en un real proceso de independencia. La matanza existió y, obviamente, Bouterse siempre negó toda participación en ella. Además, como nunca fue calificada como crimen de lesa humanidad o de terrorismo de Estado, el delito prescribió en 2010, cuando el sargento retirado retomó la vida política como líder del Partido Democrático Nacional y, en elecciones sin proscripciones, logró dos mandatos consecutivos que finalizan el año próximo. La condena dictada a principios de este mes se hará efectiva después de que el mismo tribunal que lo juzgó ratifique la decisión. Mientras, el canciller holandés Stef Blok, exigió que «se apresure» el fallo final y el sutil secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, dijo en nombre de Donald Trump y porque «In God we trust» (creemos en Dios) que «ya es hora de que la bestia se vaya a pudrir en una celda inmunda».

La economía del país está centrada en la minería –oro y bauxita, la base para la producción de aluminio– y está dominada por capitales holandeses y, en menor medida, de Bélgica. Pero el gran consumidor del aluminio es Estados Unidos. Casualmente, o no, las presiones para que el tribunal de Paramaribo, la capital, dictara una condena dieron su fruto el 1 de diciembre pasado, el mismo día que Trump anunciaba en Washington que por las recientes devaluaciones de Argentina y Brasil volvería a imponer aranceles a la importación de aluminio (25%) y acero (10%) de ambos países. En la barrida también entró Surinam. Cuando nadie se acordaba de la existencia de Bouterse, el republicano Marco Rubio, quizás el mayor apologista de Trump en el Congreso, celebró que «aunque sea por elevación» el retorno de los aranceles también castigue a la antigua colonia holandesa.  «

Un gobierno incómodo para Holanda y EE UU

Holanda, como Estados Unidos, no le perdona a Bouterse que haya orientado a su país por un camino independiente, casi enfrentado al que han seguido otras excolonias del Caribe –Aruba y Curaçao– que mantienen con la metrópoli un estatus similar al de un «Estado libre asociado». Por eso, en los años ’80 del siglo pasado apoyaron a las élites surinamesas en el financiamiento de la fracasada guerrilla del Comando de la Jungla. Y por eso tratan sistemáticamente de minar las relaciones con Cuba y Venezuela.

Porque con el primero mantiene un rico intercambio comercial y de asistencia en el área de la salud. Más de 10 mil surinameses han empezado a conocer los colores y reconocer las formas gracias a los oftalmólogos de la Operación Milagro, financiada por Venezuela y desarrollada por médicos cubanos.

Con Venezuela, al final, comparte el acuerdo de Petrocaribe y proyectos de integración que, aunque malheridos, siguen vigentes, como los de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Confederación de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (Alba).