La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) solicitó al Honorable Concejo Deliberante del municipio de General Pueyrredón que investigue y sancione al intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. El organismo provincial -semanas atrás- denunció hechos de violencia institucional en perjuicio de personas que trabajan, duermen y viven en la calle.
«Solicitamos primero a la Justicia y ahora al Concejo Deliberante que investiguen al intendente Guillermo Montenegro, por la violencia ejercida contra personas en situación de calle. Los vendedores ambulantes y cuidacoches son perseguidos y hostigados por las patrullas comunales», contó Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM, en diálogo con Tiempo.
Apología a la violencia institucional
Continuó asegurando: «Pudimos constatar mediante material fílmico, que golpean y amenazan a las personas que más necesitan del Estado municipal. Lo más grave es que el propio intendente luego sube los videos a las redes sociales bajo el lema ‘limpiando las calles de ciudad’, lo hace en forma indiscriminada».
«Los funcionarios del municipio se arrogan facultades de las fuerzas policiales que no les corresponden, esto que digo está estipulado en las leyes provinciales y ordenanzas. Ellos no pueden detener personas y utilizan armamento; no está permitido», denunció el abogado.
También remarcó. «Nosotros denunciamos que estas prácticas vulneran derechos fundamentales y, además, constituyen delitos penados por el Código Penal, por lo cual la Justicia debería actuar de inmediato».
Pruebas concretas
«La patrulla municipal viene realizando detenciones arbitrarias y usando armamento sin estar habilitada legalmente para ello. Tenemos un video difundido en redes sociales por el propio intendente Montenegro, donde se puede observar a los agentes municipales reduciendo en forma violenta a una persona en situación de calle», subrayó el secretario ejecutivo.
«En el material fílmico se puede ver claramente cómo la persona en situación de calle es sujetada por algunos agentes, mientras otro le aplica un golpe de puño en el rostro que la deja inconsciente. No pueden cometer un hecho tan salvaje e inhumano», reclamó Cipriano.
«Las personas que trabajan, duermen y viven en las calles, son quienes deberían estar primeras en la agenda del intendente. Pero para garantizarles sus derechos básicos, no para ejercer la brutalidad sobre ellas, porque son indefensas», enfatizó.
Armas prohibidas para agentes municipales
«Nosotros denunciamos la utilización indebida de armas letales por parte de la patrulla municipal, eso está prohibido, porque es un cuerpo que no tiene facultades para portar ni utilizar armamento de ningún tipo», explicó el secretario ejecutivo. El letrado también contó que, según la información oficial del municipio. «Las armas fueron adquiridas mediante licitación privada 51/24 por un monto total de $58.892.900», aseguró.
Y detalló: «La compra fue realizada el 12 de diciembre de 2024. Se trata de 30 armas cortas lanzadoras calibre y 68 marca Byrna modelo SD con dos cargadores cada una. También 5 armas largas lanzadoras con kit de conversión y funda de transporte marca Byrna, modelo Mission 4, 5 armas largas Byrna modelo TCR, junto con cartuchos de polímero, polvo, pimienta y garrafas de CO2 y fundas pistoleras».
«La compra fue oficializada. Pero el protocolo de uso recientemente dado a conocer, es insuficiente y abre la puerta a abusos de autoridad por parte de los agentes municipales. Tal como lo evidencia el accionar de la patrulla municipal en las calles marplatenses», explicó el abogado.
Criminalización de la pobreza
«Nosotros consideramos que estas acciones son parte de una política municipal sistemática de criminalización de la pobreza. En lugar de implementar medidas de asistencia social y generar empleo, el intendente de Mar del Plata prefirió implementar la represión y el hostigamiento hacia quienes trabajan, duermen y viven en la calle para subsistir a la terrible crisis que atraviesa el país», denunció el secretario ejecutivo.
«Les han impedido trabajar a vendedores ambulantes y cuidacoches. También los persiguen y los estigmatizan. Realmente, lo que están haciendo los funcionarios, son actividades lícitas que constituyen delitos estipulados en el Código Penal», advirtió.
Argumentos legales
«Están cometiendo una violación sistemática de las normativas comunales, provinciales y nacionales. Sobre todo, con el accionar de la patrulla municipal, porque están contradiciendo la Ley Provincial 12.154 de Seguridad Pública. La misma establece que las tareas de seguridad corresponden exclusivamente al Estado provincial, no al municipio», argumentó el abogado.
Así mismo, «el decreto municipal 988/20, que regula la creación de la patrulla municipal, no le otorga facultades para realizar detenciones de personas ni utilizar armamento de ningún tipo. Sin embargo, los agentes comunales igual lo hacen», reforzó.
Es por todo esto: «Que exigimos al Concejo Deliberante que intervenga de manera urgente para frenar la violencia estatal e institucional ejercida sobre los más débiles de la comunidad. Y que se evalúe la posibilidad de sancionar al intendente Montenegro a la brevedad posible», reclamó.
La presentación -que se realizó ante el Concejo- está acompañada con una denuncia penal antes presentada por el organismo provincial en la UFI N° 12 de Mar del Plata. En el marco de la causa IPP 08-00-4316-25, donde se investigan los delitos de abuso de autoridad, apología del delito y discriminación.
«Se están violando todos los Derechos Humanos de estas personas. Esto traerá consecuencias institucionales muy graves. Porque el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de las personas que más necesitas, no de vulnerarlos aún más», finalizó.
