El Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich le negó a la Comisión Nacional por el Derechos a la Identidad (CoNaDI) el acceso a los legajos de 70 integrantes de las fuerzas de seguridad y bloquea así el trabajo de la entidad que busca a los niños y niñas apropiados durante la última dictadura.
“Rechazamos por estar fuera de lugar y ser una petición exorbitante la entrega de los legajos de nuestras fuerzas a ese organismo”, señaló el Ministerio en un comunicado difundido este lunes.
La medida se hizo efectiva a través de una nota firmada por Bullrich y su jefe de Gabinete, Carlos Manfroni, y argumenta que busca defender el derecho a la intimidad y los datos personales de miembros de las fuerzas que dependen de su Ministerio. “La seguridad de una nación es algo sumamente sensible y del mismo modo los datos del personal que está a cargo de ella”, justificaron.
En la nota cuestionaron además la validez del decreto 715, que desde 2004 le permitió a la CoNaDI solicitar documentación de efectivos policiales a través de una Unidad especial de investigación. Allí se establece que todos los organismos dependientes del Poder Ejecutivo deben dar carácter de urgente y preferente despacho a los requerimientos que efectúe esa Unidad para buscar esclarecer los casos de apropiaciones durante la dictadura.
Bajo ese argumento, el gobierno de Javier Milei vuelve a tomar una decisión que atenta contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. En este caso puntual, la búsqueda de hijos e hijas de desaparecidos durante el terrorismo de Estado que aún permanecen sin conocer su verdadera identidad.
El nacimiendo de la CoNaDI
La CoNaDI fue creada en 1992 para apoyar la tarea que durante la dictadura comenzó a realizar Abuelas de Plaza de Mayo para encontrar a sus nietos y nietas y busca cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de derechos humanos, como lo es el derecho a la Identidad garantizado en la Convención Internacional por los Derechos del Niño.
La Comisión, presidida por Claudia Carlotto, depende de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, a cargo hoy del exjuez Alberto Baños, quien se mantiene en silencio desde que asumió mientras el gobierno avanza con medidas que afectan las causas por crímenes de lesa humanidad.
