Luego de dos largas semanas de protestas y demandas populares en lo que se considera la mayor crisis social desde la invasión estadounidense en 1989, Panamá logra una calma temporal tras haber iniciado una mesa de diálogo entre el gobierno y representantes de sindicatos y organizaciones ciudadanas para poner fin a las manifestaciones y cortes de vías.

Presionado por el estallido, el presidente panameño, Laurentino Cortizo, dio un paso más en su intento de destrabar el conflicto, al sumar el jueves a la Iglesia Católica, al vicepresidente Gabriel Carrizo y a la ministra de Trabajo, Doris Zapata a la negociación. El mandatario aseguró que ofrecerá «propuestas concretas» para enfrentar el alto costo de vida y la corrupción, dos de los mayores reclamos de la ciudadanía que durante varios días se manifestó en las calles, con cortes de rutas, principalmente en la vía Panamericana, que conecta a Panamá con Costa Rica, y ruta principal para el comercio y transporte de mercancías, provocando además una situación de desabastecimiento de alimentos frescos, medicamentos e insumos médicos.

Uno de los primeros ofrecimientos de Cortizo fue que su gobierno pedirá a la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, la derogación de leyes que otorgaban millonarios créditos fiscales a proyectos turísticos, cuestionados por los manifestantes, que pedían reorientar esos recursos a salud o educación.

«Esperamos que el gobierno venga con respuestas concretas a las necesidades fundamentales que tiene la población», dijo Saúl Méndez, secretario general del sindicato de la construcción, Suntracs, uno de los convocantes de las protestas.

Las organizaciones piden una rebaja y congelamiento de los precios de la canasta básica, combustible, energía, medicamentos, la inversión del 6% del PIB en educación pública y abordar el futuro del sistema de salud estatal.

También exigen tomar medidas contra la corrupción, en medio de fuertes críticas ciudadanas por los sueldos de altos funcionarios y el despilfarro de los recursos públicos. Gremios empresariales calculan que las pérdidas por los cortes de vías han sido de unos 500 millones de dólares en 10 días.

En el diálogo, con la mediación de la Iglesia católica, participan, además del gobierno, la Alianza Nacional del Pueblo Organizado (Anadepo), que aglutina a la mayoría de organizaciones convocantes de las protestas, la Alianza Pueblo Unido por la Vida, de sindicatos de izquierda y representantes de comunidades indígenas.

«Lo que estamos haciendo en esta mesa es por los que están allí en las calles, que han estado golpeados, por los que están sufriendo» dijo Luis Sánchez, dirigente de Anadepo, al inicio del diálogo.

A pesar del inicio de la mesa, durante las últimas horas previas al final de semana, todavía se producían cortes breves en algunas vías de la capital. El problema es que en las protestas se sumaron muchos grupos independientes que no reconocen en las organizaciones participantes del diálogo a interlocutores válidos. Esa característica de las protestas provocó que los acuerdos previos entre el gobierno y algunas de esas organizaciones fueron desconocidos por los manifestantes pocas horas después de suscribiese al considerarlos insuficientes y excluyentes

De todas maneras, se logró llegar a un clima de calma. Y uno de los puntos fundamentales fue que el presidente Cortizo bajó en un primer momento de 5,20 dólares a 3,95 el precio del galón de gasolina (aproximadamente 3,78 litros), pero la medida fue rechazada. Luego se ofreció una rebaja a 3,25 dólares, que rige actualmente.

A pesar de su economía dolarizada, de las altas cifras de crecimiento económico e ingresos por más de 2000 millones de dólares anuales provenientes del Canal, Panamá tiene uno de los mayores índices de desigualdad del mundo, con deficientes servicios públicos de salud, educación y acceso al agua potable en algunas zonas.