Después de la gran cantidad de gestos y beneficios concretos otorgados a los centros de poder, el gobierno de Javier Milei avanza en la normalización de la relación con el Fondo Monetario Internacional. Una delegación de ese organismo, liderada por el venezolano Luis Cubeddu y el británico Ashvin Ahuja, llegó a Buenos Aires y comenzó la auditoría que quedó pendiente de noviembre a causa de las elecciones y el recambio de autoridades.

Los visitantes serán recibidos mañana por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Es otro gesto concreto: se trata de los dos funcionarios con máxima jerarquía del Ejecutivo y del área económica, respectivamente. Por encima de ellos sólo está el presidente.

Si la misión del FMI espera llevarse de las reuniones técnicas en el Banco Central y el Palacio de Hacienda los números de cierre de 2023 para consignar en el staff report (el informe que deben elevar al directorio), de la entrevista con el binomio Posse-Caputo esperan conocer, de primera mano, lo que el gobierno espera de la situación para los próximos meses.

La previsión es que en la negociación Argentina solicite un waiver, o dispensa formal, por incumplir dos de los tres criterios cuantitativos del programa: la acumulación de reservas y el déficit fiscal. Con ese requisito el FMI aceptaría reanudar sus desembolsos, entre ellos el que quedó pendiente a fines del año pasado por unos U$S 3300 millones.

Flor de ajuste

En el gobierno creen que la cantidad de medidas impulsadas en sus escasas cuatro semanas de gestión serán suficientes para obtener el aval del organismo. Allí se engloban el ajuste de 118% en el tipo de cambio (monto superior al que en su momento el Fondo le había pedido a Sergio Massa y el exministro se negó a aceptar), el llamado a audiencias para aumentar las tarifas de los servicios públicos y recortar los subsidios, el despido de trabajadores estatales, los ceses de transferencias a provincias, la reducción de pasivos remunerados del Banco Central (que ahora pasarán a ser deuda del Tesoro) y la luz verde para la privatización de empresas públicas. Entre estas últimas se incluye el Banco Nación, cuya venta el FMI había pedido en épocas de Domingo Cavallo.

Con esos ajustes, más los impuestazos en Ganancias, retenciones y PAIS, el Ejecutivo espera llegar este año al meneado déficit cero, meta originalmente fijada para 2025.

“Es la primera vez que el FMI se sienta a negociar con un gobierno que quiere hacer un ajuste fiscal más draconiano que lo que se atrevería a solicitar el propio Fondo”, opinó en sus redes sociales Héctor Torres, quien fue representante argentino en el FMI durante el kirchnerismo. En su visión, lo hecho hasta ahora por la gestión libertaria bien puede encuadrarse en las “prior actions” o reformas previas que exige el organismo antes de cualquier negociación.

Sin embargo, no todo es color de rosa. En el Fondo saben que muchas de esas reformas fueron concebidas al calor de un DNU de dudosa constitucionalidad y de un proyecto de ley ómnibus que tiene por delante un camino muy sinuoso en el Congreso. Además, desde el organismo están atentos a las “presiones políticas y sociales” que podrían surgir en la aplicación de esas iniciativas.

De todas maneras, voceros de la entidad aclararon que no habrá un nuevo acuerdo sino que la delegación viene a realizar “la séptima revisión” del convenio suscripto en marzo de 2022. Esa declaración marca el terreno: desde Washington aceptarán seguir mandando las cuotas trimestrales para que el gobierno no incumpla los pagos del stand by otorgado al macrismo en 2018 y no más que eso. Esto implica desembolsar los U$S 3300 millones pendientes del último trimestre del año pasado, con los cuales el gobierno devolverá los U$S 960 millones pedidos a la CAF para abonar la cuota de diciembre y con el resto cumplirá los U$S 1950 millones de este mes.

Para más adelante, el acuerdo prevé tres últimos giros por un total de U$S 3200 millones, suficientes para pagar el remanente. Sin embargo, los intereses anuales deben correr por cuenta del gobierno. Por eso, ante la dificultad para conseguir fondos frescos, Economía se blindó con una nueva letra a 10 años de suscripción obligatoria por el Banco Central, por un total de U$S 3200 millones. Son los famosos “papelitos de colores” cuya entrega la oposición tanto le criticó a Cristina Kirchner y a Alberto Fernández que ahora Javier Milei repite como recurso. «

Un megacanje para patear intereses hacia adelante

El Ministerio de Economía propuso a los representantes de las principales entidades financieras un canje de los bonos en pesos que vencen en 2024, para despejar el horizonte de compromisos inmediatos. El objetivo es canjearlos por otros de mayor duración y así evitar que este año haya déficit financiero (que surge de agregar al resultado primario el pago de intereses). Hasta noviembre, el Tesoro había abonado $ 2,844 billones (cerca de 1,5% del PBI) sólo en intereses netos.
Se estima que el monto involucrado es de $ 57 billones, equivalente a U$S 71.000 millones. Lo que propusieron el ministro Luis Caputo y el secretario de Hacienda, Pablo Quirno, es que el canje sea voluntario y que los nuevos títulos tengan vencimiento entre 2025 y 2027. Se ajustarían por inflación, aunque para definirlo se escuchará la opinión de los banqueros.