La ley 25.673 fue sancionada el 31 de octubre de 2002. Su aprobación significó el reconocimiento de la salud sexual y reproductiva como derecho de la población y su desarrollo una obligación del Estado. Pero también marcó un hito en términos de legislación y ampliación de derechos. Abrió la puerta para la ley de Educación Sexual Integral, la ley de Matrimonio Igualitario, la ley de Identidad de Género y la interrupción voluntaria del embarazo.

Como parte del aniversario, el Ministerio de Salud de la Nación junto al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad organizaron el Encuentro Federal por los 20 años de la Ley 25.673 de Salud Sexual y Reproductiva, que se desarrolló en el Salón Libertador del Palacio San Martín.

“Es muy emocionante ver ese recorrido, desde el 2002 con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, pasando por el matrimonio Igualitario, la ley de identidad de género y el cupo trans, hasta esta conquista que está cumpliendo tres años, que es la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley de Interrupción Legal del Embarazo y la Ley 1000 días”, aseveró, dijo la ministra Carla Vizzoti durante la apertura del encuentro.

Destacó además el rol de las redes de mujeres, de los feminismos y los equipos territoriales de salud de cada una de las provincias “a lo largo de estos 20 años para conquistar, implementar y sostener derechos en esta materia”, dijo.

Implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo

Entre las actividades que se realizaron en el encuentro, se convocó a una reunión con periodistas de la que participó Tiempo Argentino, para hablar dialogar sobre los alcances de la ley y los avances en los últimos tiempos en la implementación de la ley 27610, de interrupción voluntaria del embarazo.

Durante el encuentro, Valeria Isla, directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva manifestó que se necesitan ampliar los centros de atención para garantizar la aplicación de la ley IVE. “Hubo un crecimiento sostenido a partir de la ley, de los 8000 centros de salud hay 1700 que realizan la práctica”.

Sin embargo y a pesar de que se trata de una ley nacional, en las provincias se encuentran ciertas barreras que van desde el desempeño puntual de la práctica a el temor por prejuicios o condenas en cada lugar.

“En las provincias el trabajo es cuerpo a cuerpo. Hay capacitaciones y aumentan las interrupciones que se han garantizado. Esas interrupciones van acompañadas de métodos anticonceptivos de larga duración, pero es un trabajo garantizarlos en algunas provincias”, destacó Isla.

En ese sentido, resaltó que la ruta de acceso para garantizar la práctica en las provincias es la línea telefónica y que es por allí que se da la intervención. También reconoció que existe un porcentaje de personas que llegan más tarde a ese derecho por falta de equipos, distancias, falta de servicios de atención primaria.

“El avance es heterogéneo, pero hay momentos que dependen de los ministerios de Salud de cada provincia”, afirmó por su parte, Carla Vizzotti. “Hay lugares que son restrictivos entonces hay una trama que se arma entre los equipos, la red de profesionales por el Derecho a Decidir y las Socorristas en red y de esa manera de logra acceso”, explicó la ministra.

Una ley que abrió puertas

La ley de Salud sexual y reproductiva garantizó el acceso gratuito a métodos anticonceptivos, la línea telefónica que asesora sobre derechos sexuales y reproductivos, el trabajo en red de profesionales de la salud en las provincias y el monitoreo de la implementación de la ley de aborto legal.

Con la promulgación de esta ley, se reconoció el derecho de las personas de elegir el método anticonceptivo que quieran utilizar y fueron incluidos en el Plan Médico Obligatorio, de esta manera, las personas pueden obtener de manera gratuita preservativos, pastillas, inyectables, DIU, anticoncepción de emergencia, anticoncepción quirúrgica (ligadura tubaria y vasectomía) e implante subdérmico.

“Fue un gran logro esta ley, permitió al Estado Nacional comprar métodos anticonceptivos y distribuirlos de manera gratuita. Hoy estamos llegando a más de 5.000 centros de salud, con una canasta de 12 métodos anticonceptivos”, dijo a Télam Valeria Isla, directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva.

Isla valoró que hubo un cambio cultural con la sanción de esta ley, que vino a cambiar la mirada social sobre los derechos sexuales y reproductivos.

“Cuando se sancionó la ley en 2002 estábamos todavía bajo el paradigma del mandato de maternidad como único destino de las mujeres. La lucha del feminismo fue muy importante para que el programa se integre a los otros programas sanitarios”, destacó y aseguró que “hay acuerdo intersectorial e interpartidario de sostener esta agenda derechos sexuales en todo el país”.

A 20 años de la sanción de la ley, Isla sostuvo que los desafíos a futuro es ampliar los métodos anticonceptivos y avanzar en la producción pública de medicamentos para la interrupción del embarazo.

“El próximo desafío es incorporar los implantes de dos varillas, ya tenemos el de una varilla, que dura 5 años. Tenemos que seguir con la guía anticoncepción post evento obstétrico, que contempla que cada persona con capacidad de gestar que culmine su embarazo, parto o que haya accedido a una interrupción del embarazo, salga con su método anticonceptivo”, aseveró y aludió a la necesidad de lograr la producción pública de mifepristona.

“El desafío es que estas leyes lleguen a cada rincón del país, que estas palabras escritas en un papel se transformen en realidad. Los derechos se conquistan y hay que defenderlos todos los días”, concluyó Vizzoti.