No es un secreto que la administración de Barack Obama y el gobierno de Benjamin Netanyahu nunca se llevaron bien. Eso no fue óbice para que en septiembre pasado, pocos meses antes del cambio de mandato, ambos países firmaran un plan de ayuda militar por diez años, el mayor paquete en materia de defensa y seguridad a otro país de la historia de Washington. La suma final que recibirá Israel se eleva a 38 mil millones de dólares.

Sin embargo, EE UU jamás pudo avanzar en el frente diplomático, primero con Hillary Clinton y después con John Kerry, en las negociaciones con los palestinos. La intransigencia israelí para tratar la solución de los dos Estados siempre fue un freno. Y el acuerdo nuclear con Irán fue la gota que rebasó el vaso para los israelíes.

Por eso fue celebrado ampliamente el triunfo de Donald Trump, quien ya en campaña había dicho que pensaba mudar la embajada de Tel Aviv a Jerusalem. Parecía una bravuconada, una más, del magnate. Pero pocos días antes de la cumbre que sostendrán ambos mandatarios en Washington el próximo miércoles, Trump declaró el viernes que está pensando «seriamente» la posibilidad de trasladar la embajada. «No es una decisión fácil. Se ha discutido durante muchos años. Nadie quiere tomar esta decisión y yo estoy pensando en ello seriamente», dijo Trump en una entrevista con un diario israelí. Como para que no queden dudas, Trump nombró embajador en Israel a David Friedman, un banquero judío partidario de la colonización y contrario a la solución de dos Estados.

El estatus de Jerusalem es uno de los asuntos centrales del conflicto entre israelíes y palestinos. Los dos reclaman la soberanía de la ciudad, que está controlada de facto por Israel y que es sede de las principales instituciones de su gobierno. La comunidad internacional, sin embargo, no reconoce a Jerusalem como capital de Israel, y en la ciudad no hay ninguna embajada extranjera, así que un traslado de la embajada estadounidense rompería con una larga tradición diplomática, tanto de su país como de los del resto.
No parece casual que ante semejante apoyo tácito, el Parlamento israelí haya aprobado una ley que legaliza decenas de colonias judías construidas en territorios privados en Cisjordania, ocupada luego de que Netanyahu indicó que había informado a la Casa Blanca sobre el asunto.

La ley permite al Estado declarar como tierras israelíes a terrenos privados palestinos en los cuales los colonos construyeron viviendas sin autorización en Cisjordania ocupada, ya sea porque ignoraban que se trataba de propiedades privadas o porque el Estado les permitió hacerlo. Esta ley no tiene precedentes puesto que es la primera vez que el Parlamento legisla sobre tierras privadas palestinas en Cisjordania. Es la razón por la cual la ley es denunciada por los palestinos y sus detractores israelíes, no solamente porque legaliza el robo de tierras palestinas, sino también porque la ven como un avance en la anexión pura y dura de Cisjordania.

Mientras la ONU y la mayor parte de la comunidad internacional condena con dureza la norma –algunos la califican hasta de lesa humanidad– la Casa Blanca guardó silencio tres días, hasta que comunicó que esta expansión de las colonias no ayuda necesariamente a la paz. pero tampoco la condenó ni considero que los asentamientos la obstaculicen. «