Las personas con discapacidad tienen derecho a estudiar en escuelas comunes, en igualdad de condiciones que el resto. Es un derecho consagrado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que goza de jerarquía constitucional desde 2014, y obliga a los Estados a garantizar sistemas educativos inclusivos en todos los niveles y a asegurar que las personas con discapacidad no queden excluidas de las escuelas comunes. Especialistas en la materia afirman que el gobierno nacional se basa en las cifras sobre inclusión educativa de los últimos años para justificar un ajuste en la educación especial.
“Hay una corriente que quiere sacar a las escuelas especiales”, afirma a Tiempo la licenciada en Psicopedagogía Constanza Orbaiz. “Hay chicos que sin la educación especial quedarían totalmente excluidos de la formación, ya que en la educación común muchos la pasan mal. Hay quienes necesitan otra cosa. La educación no entiende de patologías, entiende de apoyos, de trayectorias individuales y de tiempos diferentes”. Orbaiz, que sufrió una hipoxia al nacer que le produjo una parálisis cerebral, hoy atiende a niños con el mismo cuadro y es reconocida en todo el mundo. “Hay quienes quieren pensar que la escuela especial es segregadora, que es mala palabra, y la verdad que no es así”, concluye.
El último informe publicado por el Indec en 2018 sobre el “Perfil de las Personas con Discapacidad” asegura que “el 72,3% de la población que asiste a establecimientos de enseñanza lo hace sólo en la educación común; el 21,7% en modalidad especial; y el 6,1% en ambas”, datos significativos que demuestran un avance notorio en la educación inclusiva. Otro informe de la Dirección de Información Estadística Educativa revela que en 2015 había 68.007 alumnos integrados a la educación común, y que en 2019 esa cifra se incrementó a 88.083 estudiantes, un 29,5% más.
“No se puede negar esta tendencia positiva, pero que las y los alumnos transiten en la educación común no significa que el Estado no deba invertir en la educación especial para esa trayectoria”, señala Luz Albergucci, ex directora de Información y Estadística Educativa entre 2012 y 2015.
El artículo 44 de la Ley de Educación obliga al Estado a “asegurar la cobertura de los servicios educativos especiales, el transporte, los recursos técnicos y materiales necesarios para el desarrollo del currículo escolar; propiciar alternativas de continuidad para su formación a lo largo de toda la vida; y garantizar la accesibilidad física de todos los edificios escolares”. Esta última condición es central. “Por ejemplo, una persona con discapacidad visual necesita que la disposición de las aulas, el patio, y todos los ambientes, estén relativamente cuidados”, agrega Albergucci.
El presupuesto del Ministerio de Educación de la Nación, hasta 2016, detallaba el dinero que se destinaba a la educación especial en diferentes ítems, entre ellos: Aportes para Proyectos de Educación; Asistencia a Bibliotecas de Escuelas de Educación Especial; y Apoyo y Acompañamiento a Escuelas de Educación Especial; con un monto que rondaba entre el 1 y el 2,5% del total de la Dirección Nacional dePolíticas Socioeducativas, que era la repartición ejecutora del presupuesto. A partir de 2017, se eliminó de raíz el desagregado en este sector.
En la Ciudad de Buenos Aires hay 56 instituciones de educación especial, que son a todas luces insuficientes. El gobierno porteño mantuvo prácticamente congelado el presupuesto en este sector desde hace varios años, en torno al 3,7 por ciento. La inversión en 2019 es de $ 2.076.680.492, de los cuales casi el total, $ 2.061.756.117, se destinan al pago de personal.
Pero el ajuste no es solo presupuestario: la fusión de la Escuela N°14 “Constancio C. Vigil”, ubicada en Independencia 668, con la Escuela Integral Interdisciplinaria Nº 3, es prácticamente un hecho. La comunidad educativa denuncia que el edificio de la N°3, ubicado en Piedras 1430, no es apto para funcionar con superpoblación de alumnos y que, además, ambas instituciones tienen desarrollos pedagógicos diferentes.
Otro ejemplo es la Escuela de Educación Especial N° 11, «Dr. Aquiles Gareiso», de Villa Urquiza. Funciona para niños con pluridiscapacidad, en tres niveles: educación especial temprana, inicial y primaria especial. “Cuando esos niños llegan a adolescentes, no tienen escolaridad por falta de educación media. Estaba previsto armar una escuela en el Polo Educativo Saavedra, con presupuesto erogado, una vicedirectora sin nombramiento y un espacio ya construido que tampoco se habilita”, advierte Jorge Godoy, secretario de Educación Especial de UTE. «
Los privados, afectados por una deuda millonaria
El gobierno nacional también ajustó la educación especial privada, donde asisten unas 30 mil personas con discapacidad. Mediante la Resolución 453/2018, Nación se desentendió del manejo del programa Incluir Salud y descentralizó su presupuesto en las provincias. La inversión mensual en el área de institutos privados es de 700 millones de pesos y otros 150 millones para abonar las prestaciones de pensiones no contributivas. Todavía no se pagaron las correspondientes al mes de abril, debiendo prestaciones corrientes y complementarias de 2017 y 2018. “Las instituciones no pueden afrontar las obligaciones elementales de funcionamiento, como el pago de sueldos, alimentación, impuestos, etc”, dice Carlos Alberto Muñoz, presidente de la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales. “La educación inclusiva solo tiene éxito con recursos humanos adecuados y presupuestos acordes. El tiempo perdido no se recupera, sobre todo en esta población tan vulnerable.”
