La postergación del calendario electoral se encamina en el Congreso y los preparativos para realizarlos ya transitan la etapa de definiciones y anticipan cómo serán las primeras elecciones nacionales en pandemia. Los detalles se cocinan entre el Gobierno y la Justicia Electoral con algunas definiciones básicas en torno a quiénes serán vacunados y qué protocolos sanitarios deberán aplicarse en las primarias, que podrían trasladarse al 12 de septiembre y las generales del 14 de noviembre. 

A mediados de enero, la Cámara Nacional Electoral le solicitó al entonces ministro de Salud, Ginés González García que le diera prioridad en el plan de vacunación a unas 447.800 personas entre autoridades de mesa, efectivos de las fuerzas armadas, funcionarios y funcionarias judiciales, del Correo Argentino y de la Casa de Moneda. El tema siguió sin una definición hasta la reunión que compartieron hace dos semanas el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro y los tres integrantes del máximo tribunal electoral: Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas. 

La cartera política informó que hubo un compromiso de respuesta «en relación a la posibilidad de que los integrantes de la justicia electoral sean considerados personal esencial, y, por lo tanto, sean vacunados». Sin embargo hay una definición previa y tiene que ver con un oficio que Corcuera le envió a De Pedro el 15 de abril, donde le pide el listado de ciudadanos y ciudadanas vacunadas para elegir entre ellas a los más de 200.000 autoridades de mesa que deberán presidir las mesas de votación. 

En el Gobierno afirman que están dispuestos a avanzar con ese pedido y posibilitar que se adelante la selección de los futuros presidentes y presidentas de mesa, aunque también resta saber si serán definidos como personal estratégico para posibilitar la vacunación de las personas que aún no hayan sido inmunizadas. A eso se suman el personal judicial que incluye a «2.700 agentes más 750 agentes transitorios», además de otros 20.000 delegados. 

El pedido original incluye a los 90.000 efectivos de las fuerzas armadas que intervendrán en la logística y reportarán al Comando General Electoral, a los 35.000 trabajadores del correo y  los 100 que cumplen funciones en la Casa de Moneda para la impresión de los padrones. 

No hay definiciones sobre ese punto del pedido, pero posiblemente se termine de definir en la medida que avance el plan de vacunación luego de la llegada de cinco millones de dosis de AstraZeneca antes de fin de mes. 

Mientras se termina de delinear cómo será el proceso para elegir a las autoridades de mesa (que no pueden ser afiliados a ninguna fuerza política) en la Justicia Electoral aclaran que las previsiones de vacunación no incluye a los fiscales de cada partido: deberán tomar recaudos propios para cuidarlos hayan sido vacunados o no y a partir de esas posibilidades definir cuántos destinará. 

En la Justicia Electoral también preparan una serie de protocolos sobre cómo serán los mecanismos y recaudos para votar. Los establecimientos de votación serán ampliados en un tercio y pasarán de 15.000 a 20.000 en todo el país, debido a la reducción de mesas habilitadas en cada escuela. Ninguna tendrá más de diez mesas y cada una tendrá a sus integrantes separados con la distancia sanitaria reglamentaria. También podrían funcionar con horarios preestablecidos para población de riesgo. Una opción es que las personas mayores de 65 años sean convocadas a votar entre las 8 y las 10 de la mañana.  

Además del delegado electoral del Poder Judicial habrá uno sanitario en cada establecimiento y seguirá el tráfico de votantes y el cumplimiento de las restricciones. En caso de que sean vulneradas será la persona que puede intervenir para reestablecer las medidas de cuidado. Una de ellas será que cada establecimiento tendrá una puerta de ingreso y otra de egreso con un tráfico controlado con un recorrido preestablecido para evitar la aglomeración de votantes. 

También analizan la posibilidad de no manipular el DNI de cada votante, sino que solamente se pueda exhibir para reducir los contactos, aunque tanto las autoridades de mesa como los fiscales contarán con un kit sanitario específico, al que se sumará el habitual kit electoral, con una provisión de guantes para cada persona.

Los preparativos están en pleno desarrollo y se basan en las recomendaciones de los expertos que asesoran al Gobierno y también fueron convocados por la Cámara Nacional Electoral. Las legislativas nacionales de este año pondrán a prueba la capacidad logística electoral en tiempos de pandemia, que ya tuvo antecedentes experimentales de escala local, como las elecciones municipales realizadas en distintas localidades del interior cordobés durante el año pasado.