Las ollas vacías reflejan la realidad de cientos de ollas de comedores de todo el país que no llegan a completarse por la falta de alimentos que el gobierno nacional, desde que asumió, se niega a entregar.
De acuerdo al Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (ReNaCoM) existen alrededor de 50 mil espacios comunitarios en todo el país que hoy no llegan a completarse por falta de alimentos. La cifra se construyó con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, durante el gobierno nacional anterior y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en los espacios de cuidado barriales, después de la pandemia para agilizar las ayudas del Estado.
Cuenta Norma Morales, referente de Somos Barrios de Pie y secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), que hasta hace tres meses, por espacio cuidado hay un promedio de 120 a 140 familias que alimentan. Ese número cambió a partir de la llegada del gobierno de Javier Milei con el crecimiento acelerado de la inflación y la cantidad de personas desempleadas y cesanteadas.
“Esa cifra cambió totalmente ante el brutal ajuste de este gobierno, la inflación, el crecimiento de la pobreza, el aumento de la canasta básica, el precio del transporte y el congelamiento de los sueldos. Todo eso, hace que en los cuidados comunitarios se triplique la cantidad de familias que se vuelcan a esos espacios a pedir comida”, explica Morales.
La referenta fue una de las mujeres que estuvieron el jueves 1 de febrero frente al Ministerio de Capital Humano intentando que la ministra de la cartera, Sandra Pettovello les recibiera el petitorio urgente. “Con el gobierno anterior no era regular ni ordenada la entrega de las partidas, también tuvimos idas y vueltas, y eso se agudizó ahora como consecuencia del ajuste que hizo este gobierno. Esos fueron los elementos que hoy nos preocupan”, agrega.
La falta de alimentos no sólo impacta en la imposibilidad de repartir la comida sino también en ánimo de quienes asisten a los comedores. “Nos preocupa porque se está generando un nivel de violencia entre nosotros mismos. Los vecinos terminan acusándolas a las cuidadoras comunitarias porque nos quedamos sin mercadería. O porque no quieren trabajar y no quieren brindar más días de servicio, y es todo lo contrario. Les planteamos que es un problema de este gobierno, pero es difícil cuando en la cabeza de esa persona el problema está en dónde va a buscar la comida”, agrega. “En muchas personas, la comida que retira es el único plato en el día. Eso es angustiante y como argentinos o podemos naturalizar eso.”
Entre las personas que se sumaron a los comedores hay trabajadores y trabajadoras formales. Detalla que se triplicó la cantidad de gente que asiste para alimentarse. “Esto es nuevo, en esta última semana vienen a pedir no sólo vecinos jubilados, pensionados o mamás que tienen la Tarjeta Alimentar si no trabajadores formales. Esa es nuestra preocupación, mucha gente llega diciendo que sienten vergüenza de pedir comida. Vergüenza debería tener este gobierno de no generar políticas públicas alimentarias para cuidar en particular a las cuidadoras comunitarias y después sostener el funcionamiento de los espacios”.
Una red para alimentar
Son varias las organizaciones que se unieron durante la pandemia para pedir y articular que se garanticen las partidas alimentarias. Esa red es hoy la que cuida a las comunidades y procuran que ninguna persona se quede sin su comida dado que varios espacios se cerraron o abren solo dos veces por semana.
En 2023 se presentó en el Congreso un proyecto de ley para que las personas que trabajan en las cocinas comunitarias accedan a un salario básico por el trabajo que desempeñan en los comedores. El 80% son mujeres y disidencias y el resto, varones.
El proyecto contempla una remuneración que equivale a un salario mínimo fijado periódicamente por la Comisión Nacional de Trabajo en Comedores y Merenderos Comunitarios, depositado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Además, reconoce la labor que realizan como un trabajo, con responsabilidades y derechos, tales como la posibilidad de tener vacaciones, licencias, aguinaldo, indemnización, seguridad social, un descanso de 48 horas semanal y una jornada laboral que no puede exceder las 7 horas diarias y las 45 semanales.
El proyecto fue parte de la agenda feminista y no llegó a avanzar en el parlamento. Es a esa agenda a la que el presidente Javier Milei apuntó como la que “retrasó el crecimiento de la Argentina”.
“Me dio vergüenza que representara al país. Dijo que las mujeres entorpecimos el crecimiento de la Argentina, cuando muchas de esas compañeras no cobran ninguna ayuda. Trabajamos lunes a lunes para que ningún vecino se quede sin su plato de comida y nosotras no lo podemos permitir. Nosotras no somos parásitos del Estado, son ellos, no somos las que entorpecimos el crecimiento del país, somos el motor para acelerar esta rueda económica y que siga circulando y creciendo», dice Norma, «los que más tienen son los que hambrean y frenan nuestro pueblo».
«Hay una sociedad que legitimó este gobierno y que lo sigue bancando. Nosotras somos respetuosas de lo que se votó, pero creo que hay que generar más de empatía y sensibilidad. Esta actividad de la ronda de las ollas vacías estamos pidiendo para seguir brindando esa comida a nuestra comunidad. Necesitamos que este gobierno declare la ley de emergencia alimentaria porque la Argentina está atravesando una crisis alimentaria tremenda y nadie de la política está diciendo nada».
En la manifestación del jueves 1 de febrero, Morales sufrió los ataques de parte del gobierno de Milei. «Llegamos a pedir que nos reciban y nos dieron con gas pimienta. Es una definición política de esta ministra. Pero nosotras no vamos permitir que los vecinos se mueran de hambre», finalizó.
El pedido desde la Defensoría de la Niñez
La defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham, presentó una acción judicial para impedir que se suspenda, en la transición hacia una nueva modalidad de asistencia alimentaria, la entrega de alimentos secos a comedores y merenderos de todo el territorio nacional por parte del Ministerio de Capital Humano, informó el organismo.
El Defensor adjunto, Juan Facundo Hernández, también participó de la acción que inició una causa que se encuentra radicada en el juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 2, a cargo de Esteban Furnari y está caratulada “Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes C/ Ministerio de Capital Humano S/ medida cautelar”.
Graham explicó que decidió hacer la presentación judicial porque “empezamos a recibir reclamos de comedores y merenderos de distintos lugares de todo el país”.
“En el marco de las medidas del Ministerio de Capital Humano para modificar la modalidad de provisión de alimentos a comedores y merenderos, esa cartera discontinuó la entrega de alimentos secos. Presentamos esta acción judicial, para que, en la transición hacia esa nueva modalidad, los miles de niñas, niños y adolescentes que asisten a comedores comunitarios, sigan recibiendo alimentos oportunos y de calidad”, destacó la Defensora.
Por su parte, Hernández señaló que, “desde la Defensoría constatamos que la última entrega de alimentos fue en noviembre y, según datos del presupuesto abierto, a la fecha hay cero ejecuciones presupuestarias en las partidas destinadas a la adquisición de alimentos”.
Por eso, Graham y Hernández solicitaron «no alterar la situación de hecho y de derecho respecto de la entrega de los alimentos prevista por la ley 25724 (Programa Nacional de Nutrición y Alimentación), en cumplimiento del deber indelegable del Estado de garantizar el derecho a la alimentación de toda la ciudadanía, en particular a niños y niñas, sobre cualquier política pública o gobierno”.
