“Estoy sorprendida. No me lo esperaba porque… Yo nunca fui contra la radio ni contra alguien que me da de comer y me dio de comer tantos años. Pero bueno, a veces el poder puede más”. Con lágrimas en los ojos y la angustia atragantada, la locutora Ana Maccaroni se encontró de golpe protagonizando un móvil en la puerta de Radio 10 cuando el personal de seguridad no le permitió ingresar a trabajar. Un año y medio antes había denunciado por maltrato laboral y hostigamiento a su ex compañero Pablo Duggan. En ese momento la decisión de la radio fue que Duggan y Maccaroni dejaran de compartir espacio, y cambiaron a la locutora al programa que se transmite entre las cero y las dos de la mañana. Este año Maccaroni reactivó la denuncia pública en la red social X: «Se cumplió un año, un mes y tres días de mi exposición de mobbing laboral. ¡Todo sigue igual! Pablo Duggan no cumplió con sus promesas”. A los pocos días la despidieron.

Casi en paralelo, el colectivo Periodistas Argentinas (PA) ofrecía una conferencia de prensa para dar a conocer la existencia de testimonios de 19 afectadas ꟷque enseguida ya eran todavía másꟷ por distintas situaciones de acoso y violencias ejercidas por el periodista Pedro Brieger durante tres décadas en diferentes ámbitos de trabajo: medios de comunicación y universidades públicas y privadas, entrevistas, conferencias, coberturas periodísticas y hasta en un ascensor. PA contó también que habían mantenido reuniones con algunas de las instituciones en las que se desempeñaba el periodista y “en todas encontramos idéntica situación: protocolos mal comunicados, falta de recursos y de capacitaciones para contener y prevenir estas violencias”.

¿Qué tendría que hacer una empresa/organización/institución ante la exposición o conocimiento de una situación de discriminación, acoso y/o violencia laboral? ¿Qué alternativas a la denuncia judicial pueden implementarse? ¿Cómo construir respuestas y líneas de acción concretas que permitan desentrañar y terminar con la cultura del acoso, tan cómodamente amparada en posiciones desiguales de poder, en la impunidad y los silencios?

Estas fueron algunas de las preguntas que dieron luz al proyecto “Protocolos de Violencia de género contra Mujeres Periodistas en América Latina – ¿Qué hacen y qué deberían hacer las organizaciones de medios?” que llevó adelante la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, en articulación con la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) y con el apoyo del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) de UNESCO. El objetivo fue sensibilizar a la población sobre la estrecha relación que existe entre las violencias en el trabajo periodístico y los límites a la libertad de expresión de las periodistas. Que es lo mismo que decir que el propio sistema democrático está en juego.

“La violencia de género es un problema estructural vinculado a las relaciones de poder que requiere de un compromiso constante de todas las personas que trabajan en los medios para desarticularla. En este proceso, los protocolos ofrecen un mecanismo para abordar las violencias en sus diferentes etapas: desde la prevención hasta la atención de las denuncias”, señala Sandra Chaher, presidenta de Comunicación para la Igualdad y coordinadora de la iniciativa.

En el marco del proyecto se realizaron 108 encuestas y entrevistas en profundidad a integrantes de 95 medios de Argentina, Perú, México, Colombia, Panamá, Brasil, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Chile, Bolivia, República Dominicana y Honduras que describieron 96 relatos de violencia. O sea, el 75% de las personas consultadas dijo que conoce al menos una historia de violencia de género hacia periodistas. En las redacciones, estudios y oficinas ocurren la mayoría de las agresiones. Le sigue el ámbito digital, a través de redes sociales, plataformas digitales, mails y aplicaciones de mensajería instantánea. En uno de cada 10 casos se combinan ambos tipos de violencias.

“Un operador discutió con la directora de la radio levantando la voz, tirándole el cuerpo encima y violentándola verbalmente, cuestionando a los gritos quién la había puesto en esa posición y dónde había estudiado”.

“Le dijeron al gerente del medio en el que trabajaba que me daba un programa porque se acostaba conmigo, porque era mi amante”

“A un directivo no le renovaron el contrato por ejercer violencia psicológica contra una directiva de cargo superior. Él por eso borró todo el trabajo realizado que estaba online y en sus redes personales publicó mensajes ofensivos que dañaron la imagen de ella”, son algunos de los testimonios que recopiló la investigación.

Sólo en el 28.1% de los casos las personas afectadas denunciaron la situación de violencia. El 18.7% lo hizo en instancias internas de los medios –ante personas que ocupan jefaturas o direcciones, o ante áreas específicas– y el 9.4% en instancias judiciales externas u organismos públicos especializados. Las razones para no realizar denuncias son variadas: desde sentir que la situación quizá no es lo suficientemente grave como para que amerite denunciar, hasta tener miedo de hacerlo.

Frente a la denuncia, sin embargo, en el 54.5% de los casos los agresores no fueron sancionados. En cambio, se registraron represalias sobre las personas que se animaron a denunciar en el 41.3% de los casos: el 17.2% fueron despedidas y el 24.1% fueron blanco de distintas medidas negativas por haber hecho pública la agresión.

Un protocolo urgente

El proyecto también propuso la construcción colectiva entre distintos medios de un “Protocolo marco de prevención y acción ante la discriminación, el acoso y la violencia en el trabajo periodístico”, que contiene los lineamientos generales para la intervención con el fin de que pueda ser utilizado y adaptado por las entidades que lo deseen.

La redacción final del documento estuvo a cargo de la abogada laboralista Cynthia Benzion: “El protocolo marco intenta ser una guía para que cada organización lo adapte a sus posibilidades, a sus recursos, a sus necesidades y a su mirada sobre el tema. Pusimos mucho énfasis en las acciones de prevención y de difusión, para que el protocolo no sea simplemente un archivo que se pueda consultar por curiosidad, sino que forme parte del cotidiano de la actividad. Que haya formas de contacto con este material, espacios donde se pueda hablar de los vínculos y donde haya un trabajo efectivo, para que se construya un código común entre quienes integran la organización que deje claro qué es tolerable y qué no, qué es violencia y qué no”.

Porque las periodistas queremos contar historias, no queremos ser la historia.

Un sindicato con protocolo

Desde 2019, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SipreBA) tiene un protocolo de actuación ante casos de violencia de género en las redacciones y estudios de televisión y de radio del país.

Micaela Polak, secretaria de Mujeres y Géneros de SipreBA, comparte la experiencia: “Hemos tenido que aplicar el protocolo en varias oportunidades y siempre ha sido enriquecedor para cada una de las partes y para el sindicato. Además, la revisión y el conocimiento de esta herramienta por parte de las afiliadas y afiliados genera debates que nos forman también en materia de géneros para seguir avanzando en el camino de erradicación de las violencias”.