Este sábado se cumple un mes desde la desaparición de Loan Peña, el niño de 5 años a quien se lo vio por última vez en el asado con familiares y allegados en una zona rural del departamento correntino de 9 de Julio. La causa pasó de rapto a posible trata de personas, hasta que el 28 de junio su tía, Laudelina, sorprendió ante la fiscalía provincial (en un testimonio que no tenía validez judicial porque la causa a esa altura ya se llevaba en la órbita federal) declarando que a su sobrino lo había atropellado la pareja del ex marino Carlos Pérez y la hasta ese entonces funcionaria municipal, María Victoria Caillava. Quien sorprendió a las pocas horas, saliendo en apoyo a la teoría de la señora fue el mismísimo gobernador Gustavo Valdés, que hasta ese momento había dado apenas una conferencia de prensa.
El mandatario publicó en ese momento en sus redes que la causa se encaminaba a resolverse, evitando asimilarla a cualquier episodio cercano a la trata. Pero la propia familia salió rápido a refutar la hipótesis del accidente. Laudelina no supo decir cómo ni dónde fue, ni dónde podría estar el cuerpo. Solo dijo que lo “sintió”.
La hija anunció luego que en la declaración de su madre dio vueltas un posible soborno de un abogado allegado al poder correntino. Valdés se llamó a silencio. Recién habló esta semana en Casa Rosada, tras firmar el Pacto de Mayo el 9 de Julio: “Ese tuit fue por ansiedad, quién de los correntinos no estamos ansiosos, creo que tiene que ser solamente un desalmado el que no esté ansioso por saber”. Pero la política no sabe de almas, y día a día las miradas del caso Loan empiezan a rodear al entorno del Ejecutivo provincial poco adepto a ser apuntado en los medios.
El ministro
Claramente no se menciona una responsabilidad directa del gobernador en hecho y la falta de resolución del caso, pero sí a personas claves relacionadas a la administración sobre las que caen sospechas de complicidad, obstrucción o falta de competencia.
Esto último recayó sobre la primera baja del gabinete. Ocurrió el viernes. Y fue anunciado por la propia gobernación: «El Gobierno de Corrientes comunica que, habiendo presentado su renuncia el doctor Buenaventura Duarte al cargo de Ministro de Seguridad de la provincia de Corrientes, asume en su reemplazo el hasta ahora diputado nacional Alfredo Vallejos, a quien el gobernador Gustavo Valdés le tomará juramento este lunes en Casa de Gobierno en horario a confirmar». El nuevo titular de la cartera carece de antecedentes en seguridad.
Fernando Burlando, abogado de la familia, ya había advertido el mismo viernes, que denunciará en los Tribunales de Comodoro Py al Gobierno de Corrientes por encubrimiento agravado: “Dónde voy a encontrar una persona en Corrientes que se atreva en la provincia a investigar una situación de estas características, donde senadores, gobernadores, funcionarios policiales, están involucrados”.
“Por lo menos es encubrimiento agravado, no es una pavada. ¿Dónde quieren que denuncie esto si no reacciona la Justicia? Cuando se habla de Valdés y de funcionarios, la Justicia no reacciona, ¿o no lo ven?”, manifestó en diálogo con TN.
Esta semana, Valdés reconoció: “Hoy estamos confiando en la Justicia Federal, no se descarta ninguna hipótesis. Confiamos en Patricia y el trabajo enorme que están haciendo. Nosotros desde el primer momento desplegamos todas las fuerzas, mucha gente trabajando, pero pasamos de largo muchas cosas”.
El abogado
Lo que apareció luego de la declaración de Laudelina fue una concatenación de nuevas acusaciones vinculadas a personajes del poder local. Su hija, Macarena, declaró en la Fiscalía de Goya y dio el nombre de la persona que supuestamente sobornó a su mamá para que diga que Loan había muerto en un accidente tras ser atropellado por el matrimonio detenido.
«Fue el abogado José Codazzi. No me dijeron de quién venía el ofrecimiento, pero era para involucrar a Pérez y Caillava. La declaración de mi mamá fue producto de la amenaza porque yo estuve cuando nos dijeron esto. El abogado dijo que tenía que decir lo del accidente», sostuvo Macarena.
«Decía que nos iban a llevar detenidas por la situación de la zapatilla y porque tenían conocimiento de una llamada que me iba a comprometer a mí, lo cual resultó ser mentira», continuó.
Con respecto a la zapatilla de Loan, Macarena enfatizó: «Él quería plantear que ella lo había hecho, pero no fue así porque ella no la plantó. Yo estuve ahí cuando surgió la estrategia (…). Hay mucha información que está bajo secreto de sumario. Son cosas muy fuertes, hay mucho poder y necesito protección para mi mamá y mis hermanos, no estamos seguros. Tenemos mucho miedo, queremos irnos a otra provincia».
Una vez conocida la participación de Codazzi (que permanece prófugo), circuló en redes una foto en que se los ve juntos con Valdés, durante la campaña de la reelección. Para el gobernador no significa que tengan una relación cercana (salvo que ambos son radicales, recibidos en la Universidad Nacional del Nordeste): “Es mentira, no tiene que ver con la realidad, puedo tener fotos con muchísimas personas y eso no quiere decir que seamos amigos, quiere decir que me saqué una foto”.
En cuanto a Caillava, la ex funcionaria detenida, el mandatario señaló que no pertenece a su partido político, pero sí “al espacio”.
Burlando pidió la detención de Codazzi, se quejó de que “nadie le pidió colaboración a Paraguay” y que las autoridades de ese país “intervinieron de oficio». Además, advirtió: «La justicia correntina es obsecuente con el poder. Codazzi tuvo tiempo de borrar todo (…). Hubo muchas transgresiones en la causa, estamos investigando nosotros, no la policía”. Alertó que “no le fueron a tomar declaración a las casas cercanas a la abuela” y acotó: «Creo que el destino de Loan era Brasil».
El diputado
Hay otro personaje que apareció en los últimos días, a partir de la declaración de la hija de Laudelina: el senador provincial Diego Pellegrini. Según la denuncia de Macarena Peña, ella y su madre Laudelina fueron trasladadas en el Vento gris del legislador el 5 de julio a la medianoche para que brindaran el testimonio “armado” ante el fiscal provincial Gustavo Robineau.
Desde el entorno de Pellegrini (alguien de perfil bajo en la provincia, y que ha acompañado al gobernador en viajes de negocios) sostienen que las llevó por “seguridad y para evitar que (Laudelina) se asuste”. Resultaría cuanto menos extraño que Valdés no estuviese al tanto de ese accionar y de lo que iba a hacer la tía de Loan, si eran llevadas por un senador de su partido.
Tanto Pellegrino como Codazzi, son alcanzados por la denuncia de la Fundación Alameda, digirida por Gustavo Vera (cercano al Papa Francisco). Aducen “una posible trama de encubrimiento de una red de trata” que existiría en la región desde hace años con aceitados “vínculo empresariales, políticos, policiales y judiciales”. Para la organización, este entramado busca reducir las consecuencias penales que se podrían desprender del caso.
En la denuncia se puntualiza que Pellegrini es “muy allegado” al gobernador Valdés y que Codazzi está casado con Guillermina Traverso, secretaria del ministro de Seguridad Provincial, Buenaventura Duarte. Además, la suegra de Codazzi es Gloria Fornies, concejal de Esquina por Encuentro por Corrientes (ECO), el partido liderado por Valdés.
Al gobernador (hoy cercano a Javier Milei, y que históricamente goza de un proteccionismo mediático) le apuntan por la aparente complicidad de fuerzas policiales y también judiciales de la provincia, de estrecha relación con su gestión. Y ahora también deberá afrontar una incipiente interna del histórico dirigente radical, Ricardo Colombi. En la provincia las marchas se multiplican. En ellas se repite una vieja consigna: “Que se vayan todos”.
El comisario
En 9 de Julio se habla de que Codazzi, además de defender al marido de Laudelina (Antonio Benítez, otro detenido) también asesoró a Walter Maciel. El ahora ex comisario, uno de los siete apresados en la causa, es uno de los principales apuntados por estas horas. En la semana le allanaron la casa y se conoció que se fraguaron los libros de actas del accionar policial el día de la desaparición del niño.
Maciel ya había tenido denuncia de la periodista Griselda Blanco en 2023 (antes de ser asesinada por un sicario) por su labor en Monte Caseros. La Provincia no lo sacó del cargo sino que lo trasladaron a 9 de Julio para que sea comisario allí. Días atrás también salió a la luz la desobediencia de una orden judicial para cerrar los anillos de seguridad como establecen los protocolos en casos de extravíos de personas.
En las próximas jornadas declararían tres policías. Serían efectivos de confianza del ex titular de la dependencia, detenido por encubrir y obstaculizar la búsqueda de Loan.
Los investigadores avanzan con las conexiones de Maciel y Pérez. Se supo que el ex marino le mandó un par de audios al comisario luego de la desaparición del niño. Incluso el policía les permitió irse de 9 de Julio a Goya en su auto rojo, a pesar de que ya se sabía que habían estado en ese asado y podían ser parte de la causa.
En sus mensajes, el ex marino le solicita custodia porque los vecinos estaban «alterados» y tenía temor de que les plantaran falsas pruebas en su auto o su camioneta. Luego también le dice que se van a ir a Goya, y si como favor pueden dejar su camioneta frente a la comisaría.
Más allá de la presunta participación de Maciel, acusado de intentar desviar la investigación y encubrir el caso, Alameda advierte que hay más nexos policiales que merecerían la atención de la justicia federal: sostienen que antes de que Laudelina declare en la justicia ordinaria, Pellegrini la trasladó a la Delegación de la Policía Federal Argentina de Goya. Luego, madre e hija fueron llevadas al apart hotel que pertenece al ex comisario general, Carlos Acosta, primo de un ex jefe de la policía provincial. Piden investigar la posible conexión de Miguel Olivieri, actual ministro de Planificación de Gustavo Valdés, quien sería padrino del comisario Maciel.
Además, piden que la indagación de si hubo intentos de desviar la causa “mediante la intervención de actores del sistema judicial provincial” no se limite solo al rol del abogado Codazzi, sino que se extienda hacia “los hilos superiores que inevitablemente llegan a las máximas autoridades del gobierno provincial, incluyendo al senador provincial Pellegrini, al ministro de Seguridad Duarte, al Fiscal General Sotelo y al propio gobernador Valdés, puesto que todos ellos participaron activamente en la maniobra de eludir el fuero federal y dar por cierta una versión armada por Codazzi bajo intento de soborno y amenaza a Laudelina y su hija”.
“En síntesis –concluyen–, se trata de investigar la complicidad de todo un régimen, un sistema armado para encubrir delitos graves, en el que el abogado Codazzi y el senador provincial Pellegrini resultan piezas esenciales. Ellos fueron quienes, eludiendo la intervención del fuero federal y la consiguiente investigación por el delito de trata de personas, involucraron a la justicia provincial con el propósito de desviar el análisis del caso hacia la hipótesis del atropellamiento vehicular, que el gobernador Valdés difundió y hasta celebró a través de un tuit”.
Falencias en la investigación
Entre los enojos sociales y las críticas de medios, organismos dedicados a la lucha contra la trata y de protección a las infancias, el accionar de los fiscales provinciales quedó en el ojo de la tormenta. Juan Carlos Castillo, fiscal que inició la investigación, sostuvo durante la primera semana que seguían como línea principal la de “desaparición” y el “abandono de persona”. Tras sumarse al equipo el fiscal Guillermo Barry, la causa cambió y se barajó la posibilidad de un “rapto”.
Frente a la trascendencia nacional, los fiscales afirmaron que “se siguieron todos los protocolos” y que el Alerta Sofía “fue emitida de inmediato”. Sin embargo se tomó conocimiento de ella recién el lunes siguiente al jueves de la desaparición. El viernes el único flyer que circulaba en medios locales era uno realizado por los propios familiares.
La falta de un cierre total del perímetro de la localidad, el no considerar a todos los participantes del famoso almuerzo como sospechosos desde el minuto uno, la Cámara Gesell a los otros menores que estaban junto a Loan realizada recién tras varios días sin novedades y un comisario que dejó que dos sospechosos salieran de la ciudad, fueron sólo algunas de las falencias admitidas por la propia ministra Patricia Bullrich, quien propuso examinar la panza de animales como pumas y yacarés con «equipos radiológicos».
Secreto de sumario
Mientras siguen los allanamientos, operativos de búsqueda y los llamados a declaración, sin un rumbo judicial certero, este lunes pueden ocurrir dos importantes novedades: se levanta el secreto de sumario de la causa, y pueden estar listos los resultados de la comparación del ADN masculino que dio positivo en la camioneta Ford Ranger del ex marino Carlos Pérez respecto al de los padres de Loan.
