Las universidades nacionales avanzan con su plan de lucha, que incluyó clases públicas y que este jueves y viernes se concentra en dos días de paro como antesala a la que se espera sea una nueva gran movilización el miércoles 2 de octubre, con el posible (y anunciado) veto presidencial a la Ley de Financiamiento.
«La ley que defendemos establece la actualización por inflación de las partidas presupuestarias de las universidades para funcionamiento, investigación, extensión, becas con retroactividad a diciembre de 2023. Del mismo modo, contempla la actualización de salarios docentes y no docentes desde el 1° de diciembre de 2023 y hasta diciembre de 2024 según el índice de precios oficial acumulado en el período. Las públicas amenazas de veto del presidente Milei y su funcionario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, pusieron en alerta a toda la comunidad universitaria. Para el sistema universitario asigna solamente 3,8 billones de pesos (casi la mitad de los 7,2 billones solicitados por el CIN para todo el 2025), condenando al congelamiento salarial de sus trabajadores y trabajadoras», declaró a Acción Coop Claudia Baigorria, secretaria de Formación de la Conadu Histórica.
El mismo proyecto de presupuesto aumenta al doble las partidas asignadas a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), «dejando en evidencia las prioridades de este gobierno de ajuste, entrega y represión». En tanto, un informe realizado por investigadores de las Universidades Nacionales de Río Negro y de San Martín reveló que más del 85% cobran por debajo de la línea de pobreza.
Sueldos deteriorados
«No es fortuito que en el Presupuesto, las políticas públicas estén dirigidas a Seguridad, Defensa y Justicia y se deje para el mercado la educación y la salud. Este nuevo paradigma, que va a excluir a las mayorías, lo hace con una profundización del Estado represivo», acotó Francisca Staiti, secretaria general de la Conadu Histórica (CTA Autónoma).
Desde el Frente Sindical apuntaron que «la situación de las universidades nacionales es crítica. Sabíamos que diciembre era un mes particularmente difícil porque el gobierno que se iba no tenía condiciones para acordar la paritaria y entonces solamente se acordó un 6%, con una inflación del 26%. Y en el mes de enero no había pauta de incremento por lo que teníamos 0%».
La administración de Javier Milei no convocó a ninguna paritaria, dejando los sueldos universitarios un 20% abajo en diciembre y un 21% abajo en el mes de enero. «A lo largo de todo el año hemos ido perdiendo respecto a la inflación (solamente en julio tuvimos un incremento un poco superior a la inflación del mes anterior), después todos los meses venimos perdiendo y entonces eso consolida una pérdida salarial del orden de más del 50%», acotaron.
La comunidad educativa remarca que la «asfixia presupuestaria» tiene el objetivo de «achicar la universidad y de reducirla a condiciones mínimas tanto para albergar estudiantes como para lograr propuestas de docencia, investigación y extensiones». Y coinciden al únicosono: «si hay veto, hay marcha».
Universidades en estado crítico
Al recorte salarial se le suma las dificultades de los alumnos de poder ir a estudiar, autoridades y docentes que ponen de su bolsillo para hacerse cargo de tareas o insumos, los aumentos en los servicios como la luz y el gas; el recorte de programas de investigación, y becas que permanecen en escasos 20.000 pesos.
Por lo pronto, pasados meses desde la gran marcha de abril, la comunidad sigue unida, entre estudiantes, docentes, sindicatos y rectores. A la nueva protesta de 48 horas se sumó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) conducida por Rodolfo Aguiar, con un paro de 48 horas en la administración pública. El secretario general del gremio dijo esta mañana que la adhesión es de «más del 90 por ciento» en todo el país. Y acotó: «al Gobierno por primera vez le empiezan a entrar las balas».
Además de reclamos salariales, el gremio rechaza los despidos masivos. En este momento, advierten que hay unos 65 mil contratos en revisión que podrían cesantearse a fin de mes. Sería la tercera ola de despidos en lo que va del año.
Trabajadores del Conicet también realizarán una jornada de lucha en todo el país «contra las políticas de ajuste y amedrentamiento del Gobierno». Desde el sector, indican que la situación los enfrenta a «la incertidumbre de la finalización de los contratos trimestrales, a un año sin efectivización de los ingresos de investigadores y personal de apoyo ya concursados, ni financiamiento para las investigaciones».
La Gran Marcha Federal
En la UBA el paro afecta tanto a las facultades como a los centros de salud. El secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, manifestó: «Nosotros queremos seguir estando en las aulas, también continuar haciendo investigación y las actividades de extensión que realizamos en conjunto con los estudiantes».
«Por eso esperamos que el Gobierno no vete la Ley de Financiamiento Universitario, para poder continuar con nuestras actividades habituales y seguir siendo la mejor universidad de Iberoamérica», destacó. Y señaló que las autoridades nacionales continúan mostrándose «indiferentes» ante sus reclamos y «ahogando al sistema público universitario».
La protesta de este jueves (que lleva como lema «Sin salarios dignos, no hay Universidad de calidad») es el preludio de lo que sucederá el 2 de octubre. Para ese día, el miércoles de la semana que viene, está prevista la segunda marcha federal universitaria convocada por rectores, estudiantes y trabajadores de la comunidad.
La movilización, que promete ser multitudinaria, es para exigirle al gobierno de Javier Milei que actualice el presupuesto universitario. Por ley, el presidente tiene tiempo hasta el jueves de la semana que viene para vetar la norma. El día anterior a ese vencimiento será la marcha federal. Hay quienes suponen que está esperando que pase la protesta para ponerle la firma a la anulación.
