Tino John era paciente bipolar. Por su patología, solía tener rasgos maniaco depresivos y momentos de crisis. Podía alterarse mucho por las tardes y estaba más calmo por las mañanas. Los incendios en la zona de la Comarca Andina, que habían afectado a su chacra, habían incrementado sus nervios últimamente. Algo que en la comunidad del paraje Las Golondrinas sabían y comprendían. Por eso, desde hace dos meses comparten el reclamo de justicia por su vecino, asesinado de un balazo policial en la cabeza, supuestamente durante un brote.

El 26 de mayo, una denuncia alertó que Tino estaba agrediendo con disparos. La policía local intentó ingresar a su chacra, pero él se los impidió. Ese mismo día, su familia consiguió calmarlo. Pasó la noche tranquilo, durmió –algo que no siempre conseguía hacer-, se levantó y desayunó. Pero entonces algo volvió a alterarlo: más de una decena de agentes de la policía provincial de Chubut y del Grupo de Operaciones Especiales (GEOP) ingresó a la fuerza para realizar un allanamiento. En ese marco Tino fue asesinado de un balazo en la cabeza, hace exactamente dos meses.

“Habíamos coordinado con el comisario de El Hoyo, en Chubut, que si ellos iban a intervenir no lo hicieran sin nosotros, la familia. Le preguntamos si nosotros teníamos que acercarnos al hospital para pedir que sí o sí hubiera un psiquiatra o lo hacían ellos como institución. Estaba todo arreglado. La mañana del 27 volvimos a hablar con el comisario y le dijimos que estaba yendo la pareja y luego nosotros. Mi hermano le vuelve a decir que no entre si no estamos. Por sentido común y por protocolo, ya lo habíamos hecho antes. Pero el comisario pregunta si estaba solo y ahí se mandaron”, relató a Tiempo Donato, uno de los tres hijos de Tino. “Se metieron, trajeron un grupo del GEOP. Esto es una chacra de seis hectáreas y la casa está alejada del camino. Viendo las fotos de lo poco que hay en fiscalía, resulta que resolvieron todo en nueve minutos. Llegaron, rompieron la puerta, tiraron dos granadas de humo para que no viera y le pusieron un tiro en la cabeza. Si estás con un brote y entran rompiendo todo, imaginate cómo te vas a poner”.

“No sé bien cómo fue lo de Chano, pero estaba la madre, un psiquiatra. Acá no había ningún médico. No había ambulancia, nada. Ellos dicen que llamaron, pero resolvieron entrar rápido y no tomaron recaudos”, dijo Donato sobre el hecho que en los últimos días reflotó que “estos casos en los que los policías parecen no tener otro recurso que el uso de la fuerza letal evidencian déficits importantes en la formación policial y en las intervenciones en casos de salud mental”, como advirtió el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) tras el episodio que dejó gravemente herido a Chano.

A dos meses del crimen de Tino, familiares, vecinos y organizaciones sociales y de derechos humanos convocaron a una conferencia de prensa y movilización para este martes. Además de anunciar que se presentaba como querellante, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.(APDH) Regional Noroeste de Chubut advirtió sobre “desprolijidades” en la investigación judicial y se sumó a lo denunciado por la familia de Tino en un comunicado para que se remueva al fiscal de la causa: “Exigimos que la investigación de todos los hechos que culminaron en el asesinato de Martín Alejandro John sean realizados por un ente oficial distinto a los que estuvieron involucrados en los hechos, y que el Fiscal General Dr. Carlos M. Díaz Mayer y todo su equipo sean separados de la causa a los fines que se los investigue, ya que fueron los que solicitaron el allanamiento a partir de comprobadas mentiras consignadas en el pedido de allanamiento”. Hasta el momento, el único imputado es quien habría efectuado el disparo mortal –aunque aún faltan las pericias sobre el arma- y es el nombre que aportó el GEOP, pero la denuncia apunta a identificar a todos los responsables del operativo.

“Hay muchas desprolijidades en el procedimiento judicial. Pericias o pruebas que se han perdido. Ha trascendido que se perdieron las filmaciones de las cámaras del GEOP. Sería gravísimo. Y cuando el ministro de Seguridad, Federico Massoni, dice que se agotaron todas las instancias hasta llegar a entrar a la casa, eso también es dudoso porque según lo que hay relatado en la causa entre que entró la policía a la chacra desde la tranquera y el final de todo lo que pasó hubo nueve minutos. Son un montón de dudas que empiezan a aflorar ahora porque ha habido mucho hermetismo por parte de la justicia”, denunció Nelson Ávalos, de la APDH local. “Junto a otros organismos de la provincia estamos acompañando este caso y tratando de mantenerlo visible porque no queremos que se deje de entender que es un hecho de violencia institucional extremo de la policía. Es una consecuencia, no un hecho aislado, de una política de mano dura que trae adelante Massoni desde hace casi tres años, con abuso policial, maltratos, persecución a militantes ambientales, sindicales”, enumeró Ávalos.

El abogado Edgardo Manosalva, que acompaña a la familia de Tino, planteó que “hay elementos para imputar a varios más (además del agente del GEOP que disparó) porque hubo una tropelía tras otras desde el punto de vista procesal. No hay protocolo para casos de salud mental, pero había una orden judicial taxativa y expresa para la intervención de un equipo de salud mental. ¿Qué hizo la policía? Llamó, pero pidió una ambulancia, no un equipo de salud mental. Y ni siquiera se cercioraron de cumplir eso”. El letrado explicó que la provincia “tomó la decisión política de no adherir a la Ley 506/2013 que en el caso de Tino cuadraría perfecto”.

“La atención inmediata del equipo de salud es la primera estrategia de mayor utilidad y prioridad en estas situaciones de urgencia, particularmente cuando la evaluación inicial permite sospechar que se está frente a un riesgo inminente para sí o para terceros por intoxicación o abstinencia de sustancias, o bien la presencia de otros padecimientos físicos o mentales”, dice el Anexo de la resolución 506/2013 sobre “Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad. Pautas de Intervención para determinadas situaciones”, que rige en Buenos Aires pero tampoco se aplicó correctamente en el caso de Chano.

“Esperamos es que corran al equipo de fiscalía que está actuando porque el acta de allanamiento contiene mentiras. Los propios policías dicen ‘escuchamos detonaciones, no vimos armas, en ningún momento nos tiró’. De haberle tirado tiros a los policías el día antes, era lo primero que hubieran dicho. En la denuncia del vecino dice ‘me exhibió un arma, pero en ningún momento disparó’. Ese es el perfil de monstruo que le creó la fiscal al juez. Por eso el caso se denominó de ‘alto riesgo’ y fue el GEOP”, repasó el abogado Manosalva. Desde la APDH, Ávalos coincidió: “Lo que todos opinamos es que nunca tendría que haber intervenido. Es una fuerza antidisturbios para operaciones especiales, no para actuar ante una persona con un padecimiento mental”.