La justicia federal de Formosa comenzó a juzgar este viernes una de las patas civiles de la dictadura en la provincia: sectores de la justicia local que apoyaron y participaron del terrorismo Estado. En este debate, conocido como “Ex jueces de la dictadura”, son juzgados los ex ministros del Superior Tribunal de Justicia de la provincia entre 1976 y 1983, Bernardo Montoya y Jorge Vázquez Rey, acusados de encubrir los secuestros y torturas que sufrieron trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial local.
Si bien ya se han condenados exjueces en otras provincias, como Víctor Brusa en Santa Fe, Ricardo Lona en Salta o los mendocinos Otilio Romano, Luis Miret y Rolando Carrizo, esta es la primera vez que se juzga a miembros de la máxima autoridad de la justicia local.
El Superior Tribunal fue integrado a pocos meses del golpe de Estado cívico-militar, en mayo de 1976, por el entonces gobernador de facto de la provincia, el coronel Juan Carlos Colombo, quien designó a Montoya, hasta ese momento procurador general subrogante, y a Vázquez Rey, quien era procurador fiscal general del Superior Tribunal, y a los ya fallecidos Sergio Martínezy Juan Fernández Bedoya.
Tres meses después, en agosto de 1976, ocho empleados y empleadas de diferentes áreas de la justicia provincial fueron secuestradas y llevadas a los centros clandestinos de detención que funcionaron en el Destacamento Policial de San Antonio, denominado también como “La Escuelita”, y en el Regimiento de Infantería de Monte 29.En su mayoría integraban la Asociación Judicial de Formosa, un gremio combativo que reclamaba por mejores condiciones laborales y salariales.
Adriano Acosta fue secuestrado el 6 de agosto en la oficina del Superior Tribunal. Trabajaba en la imprenta, que se encontraba cruzando un pasillo, y cuando lo fue a buscar la patota se acercó al secretario del Superior Tribunal para que avisara que se lo habían llevado. Ese mismo día también fueron detenidos ilegalmenteÁngela Colman, Raquel Lebi, Andrés Medina, Zulma Sena, a Mirta Infrán y su esposo RicardoBorgne y un día antes había sido secuestrada Elsa Chagra. Sena, infrán y Borgne permanecen desaparecidos.
“No se interesaron absolutamente por los detenidos, no hicieron nada y posteriormente, apenas recibieron el informe del jefe del área 234 sobre los detenidos, ellos los suspenden y en una acordada del mes de noviembre los cesantean”, contó en diálogo con Tiempo Luis Zapiolla, abogado querellante junto a William Dardo Caraballo por Adriano Acosta.
Acosta declaró este mismo viernes como testigo y relató los padecimientos que vivió durante su cautiverio así como el abandono que sufrió por parte del poder judicial. “¿Por qué tenían el poder de echarnos del trabajo, de suspendernos y sin pagarnos nada y sin restituirnos cuando salimos en libertad? Si ellos me suspendieron, cómo cuando salgo en libertad no me reincorporaron?”, se preguntó y contó que lo reincorporaron recién en democracia.
Su testimonio fue el único del juicio, que será breve y que todos los casos ya fueron tratados en debates anteriores que se realizaron en la provincia. La semana próxima, el Tribunal ya anunció que continuará con los alegatos y podría también dictar el veredicto.
Una causa demorada
La denuncia de Acosta dio inicio a la causa en 2006 y recién 16 años después el caso llegó a juicio oral, cuando sólo dos de los exjueces están vivos. La demora se explica directamente por el poder e influencia que todavía mantienen los acusados dentro del poder judicial: jueces y fiscales se fueron apartando del expediente por amistad o relación con los imputados, por lo que tuvieron que llegar fiscales desde Corrientes, Flavio Ferrini en instrucción y Carlos Amad en el juicio oral, y un juez y una jueza de Entre Ríos para poder conformar el tribunal.
Con la vuelta de la democracia, todos los ministros del Superior Tribunal de la dictadura fueron echados pero tanto Montoya como Vázquez Rey no tuvieron problema en reciclarse. Vázquez Rey fue fiscal federal hasta que se jubiló en el año 2000, mientras que Montoya continuó con su trabajo en el ámbito judicial y político: fue presidente de la Unión Cívica Radical local, candidato a gobernador de la provincia y llegó ser diputado provincial por la UCR al igual que lo es hoy su hijo, Miguel Montoya, quien integra las filas de Cambiemos. Ambos figuraron hasta hace poco en la nómina de asesores del senador nacional Luis Naidenoff.
Ambos acusados declararon este viernes como imputados e incluso contestaron preguntas de la fiscalía y las querellas. Señalaron que la justicia ordinaria no tenía competencia para intervenir en este tipo de delitos y que no pudieron hacer nada por las víctimas.
En la investigación quedó más que claro que el Superior Tribunal recibió informes del Área Militar 234 en los que la autoridad militar asumía la responsabilidad sobre las detenciones ilegales y que omitieron corroborarla legalidad de esas privaciones de la libertad y las condiciones en las que fueron mantenidos cautivos. A partir de esos informes, mientras estaban secuestrados, fueron suspendidos y echados.
Si bien no son parte de esta causa, al año siguiente de estos hechos, en julio de 1977, otros cinco trabajadores y trabajadoras judiciales fueron secuestrados. Junto a ellos fueron detenidos ilegalmente dos jueces, Héctor Tievas y Timoteo Orlando Alvariño. En esa oportunidad, los miembros del Superior Tribunal sí cuestionaron que las autoridades militares no respetaran la inmunidad de arresto de esos dos jueces. Nada dijeron sobre el resto de las personas secuestradas. Esa actuación contrasta y deja en evidencia la falta de intervención en el resto de los casos.
