Tras las muertes de tres jóvenes que resultaron víctimas de la precariedad institucional del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA) clausuraron el centro cerrado Pablo Nogués, ubicado en el partido de Malvinas Argentinas. Este dispositivo estaba destinado al alojamiento de adolescentes en conflicto con la Ley Penal. En esta línea, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) vienen denunciando hace 15 años las graves condiciones de detención y violaciones a los Derechos Humanos que esta población sufre a diario.
Además de la situación de los pibes, los trabajadores de esa institución y otras de la misma órbita, denuncian que el OPNyA vulnera continuamente todos los derechos laborales. También alertan sobre manejos oscuros en la administración, con contrataciones fraudulentas, en las cuales quienes convocan para cumplir la tarea piden a las y los trabajadores sumas excesivas cuando cobraron sus sueldos.
La mirada de la CPM sobre el instituto y la muerte de los jóvenes
“Este organismo, que debería garantizar los derechos de los jóvenes, desoyó denuncias e incumplió sentencias judiciales durante más de una década”, denunció Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM, en diálogo con Tiempo. Señaló que esto sucede luego “de 14 años de un habeas corpus colectivo abierto que fue presentado en 2009 y que aún continuaba en trámite, así fue como dispuso su cierre temporal del dispositivo donde fallecieron tres jóvenes durante los últimos años”.
“Nosotros hicimos decenas de inspecciones y presentaciones denunciando un creciente proceso de cacelización que desvirtúa la especialidad del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil”, remarcó el secretario ejecutivo. Es por ello que celebran la “decisión de cerrar esta cárcel para jóvenes”.
También hubo una serie de presentaciones que se iniciaron en 2008,” sin embargo el Estado provincial -a través del OPNyA- dejó pasar 14 años sin hacer ninguna modificación significativa que cambie las condiciones de alojamiento de los jóvenes en el centro Pablo Nogués”, se quejó el abogado. Es uno de los dispositivos del sistema de Responsabilidad Penal Juvenil “al que derivaban adolescentes menores de edad acusados o condenados por delitos”.
“Tras la primera acción judicial colectiva iniciada en 2009 por el entonces defensor general departamental Andrés Harfuch, se fueron anexando múltiples presentaciones de otros defensores y de organismos que velan por los derechos de los jóvenes y que inspeccionan instituciones de encierro”, reconstruyó García. En ese entonces conforme a “nuestro pedido, se clausuraron dos módulos -el 2 y luego el 4- y se fueron tomando diferentes medidas, pero las condiciones de alojamiento precarias y la violencia sistemática siguió existiendo hasta el final”, agregó.
Los jóvenes fallecidos en el instituto de Pablo Nogués
“Este retraso en la toma de decisiones derivó en dos suicidios por ahorcamiento, varios intentos de suicidio bajo la misma modalidad, otro fallecimiento en un contexto de conflictos y reiterados reclamos de los jóvenes allí alojados que pedían por sus condiciones de detención que estaba agravadas”, denunció el secretario ejecutivo. Los pibes de entre 16 y 18 años, ”exigían algunos puntos fáciles de resolver como respetar el horario completo de las visitas, pintura para las celdas, menos encierro y más talleres, artículos de limpieza e higiene personal, mejorar la atención de salud y cuestiones que podrían parecer superficiales como poder usar una visera”.
Cabe destacar que este diario tuvo acceso a un video en el que se ve a un joven -que había realizado un reclamo y que incendió su celda- agonizando tirado en una camilla del sector de sanidad del dispositivo esperando a la ambulancia que llegó dos horas después, el adolescente finalmente falleció semanas después en el nosocomio de la zona. Este material audiovisual figura en el expediente de una de las tantas denuncias realizadas por la CPM.
La doble vara
“Desde 2020 las autoridades del OPNyA prometieron establecer mecanismos para la resolución de problemas, hacer reformas de infraestructura urgentes, reparaciones eléctricas, de las puertas de las celdas, los baños y que se incorporarían talleres de recreación a contra-turno para reducir el tiempo de encierro”, recordó el abogado. Sin embargo, esos avances “nunca llegaban o, en algunos casos, sólo fueron temporales y así volvían los reclamos de los pibes”.
“En nuestras inspecciones periódicas fuimos relevando, también accionando contra el incumplimiento y denunciando las situaciones como la modificación constante de las normas, los discursos institucionales ambiguos, el cambio recurrente de las pautas de convivencia que generaba malestar e incertidumbre en los jóvenes”, dijo el secretario ejecutivo. Continuó apuntando que “la institución vulneraba los derechos de sus cautivos”.
Por todo ello, finalmente, con dos módulos clausurados, con pocos jóvenes alojados, ante la persistencia de los conflictos las actuales autoridades del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia decidieron disponer el cierre temporal del centro de recepción Pablo Nogués del partido bonaerense de Malvinas Argentinas en las últimas semanas.
Las voces de los trabajadores de la institución
“Me convocaron a trabajar durante la pandemia, los pibes estaban encerrados las 24 horas, no tenían visitas, el OPNyA violó todos mis Derechos Humanos y laborales”, denunció uno de los trabajadores que fue despedido sin ningún tipo de aviso de la noche a la mañana porque formuló una serie de reclamos. Además, las personas que “me convocaron a trabajar me pidieron una buena suma de dinero cuando cobré lo que la provincia tardó meses en pagarme, se llevaron unos 300 mil pesos por cada trabajadora y trabajador que incorporaron por medio de contrataciones fraudulentas, amenazaron a quienes no querían acceder a la entrega del dinero para que lo hagan”, agregó el hombre que prefirió no dar su nombre por temor a represalias.
“Cuando intenté quejarme, desde la Asociación de Trabajadores de Estado (ATE), me dijeron que todo eso que me sucedió mientras trabajé en el instituto era normal y que yo no tenía fundamento para exigir el reintegro ni nada que se le parezca”, aseveró. Siguió denunciando que “así hacen para silenciar las voces que reclaman, tienen todo arreglado, y los políticos que ocupan los puestos en los ministerios no se enteran de nada porque arman una tela de araña hacia a bajo para que no le llegue la información de los conflictos que ellos mismo están generando con el manejo de las instituciones”.
Otro hombre que aun trabaja en uno de los dispositivos del OPNyA aseguró a este diario que “todavía me deben tres sueldos de los primeros meses del 2022”, pero si reclama lo trasladan y “te castigas de distintas maneras”. Señaló que pretenden manejar “todo con amenazas y distintos tipos de violencias sobre los trabajadores, porque con nosotros siempre se lavan las manos cuando pasa algo en los institutos”.
Finalizó denunciando que “este organismo realiza negociaciones ilegales con el presupuesto de las horas extras y los directores de los dispositivos, todo que digo fue denunciado por varios medios de comunicación, es algo histórico en el OPNyA”. Sin embargo “sigue funcionando así en la actualidad y cada vez empeora”.
