Casi sin despeinarse, el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes dispuso una embestida judicial sobre Jair Bolsonaro, a fin de avanzar en la investigación que lo responsabiliza en un plan para evitar que Luiz Inácio Lula da Silva asuma la presidencia de la nación en Brasil. El juez ordenó a la Policía Federal brasileña un operativo de allanamientos múltiples sobre militares y ex funcionarios del gobierno del ex militar. La medida implicó diligencias en diez estados para efectuar los 33 allanamientos y las cuatro órdenes de prisión preventiva dispuestas.
La medida también dispone que Bolsonaro tiene prohibido comunicarse con sus ex asesores y militares involucrados, especialmente los detenidos, que son: el exministro de Defensa, general Walter Braga Netto; el encargado del gabinete de Seguridad, general Augusto Heleno; otro exministro de Defensa, general Paulo Sergio Nogueira, y el exministro de Justicia, Anderson Torres. Incluso, el procedimiento derivó en el arresto de Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal al cual pertenece Bolsonaro, quien tenía armamento ilegal en su casa.
Además, De Moraes fue directo sobre Bolsonaro y dispuso que entregue su pasaporte en un plazo de 24 horas (lo hizo al día siguiente), lo que implica restringir cualquier intento de fuga del expresidente, quien se mostró sorprendido y alegó: «Dejé el gobierno hace más de un año y sigo sufriendo una persecución implacable». Incluso, fastidiado le dijo a la Folha de San Pablo: «Déjenme en paz, ya hay alguien más dirigiendo el país».
El sustento del operativo es determinar la tentativa de golpe de Estado por parte de Bolsonaro a partir de un plan presentado ante su equipo y militares en ejercicio para evitar la vuelta de Lula al gobierno. Lo que desató la decisión del juez fue la declaración de Felipe Martins, exasesor en relaciones internacionales de Bolsonaro, quien sostuvo haber revisado una minuta golpista, que fue encontrada en la casa del exsecretario de Seguridad de Brasilia y ministro de Justicia de Bolsonaro, Anderson Torres el mismo día de la intentona golpista de los bolsoneristas el 8 de enero de 2023.
Esta minuta implica una bomba política, porque expone un plan que incluía la detención del mismo juez Alexander De Morais y su par Gilmar Mendes, junto al presidente del Senado Rodrigo Pacheco; quienes rechazaban el planteo de fraude de Bolsonaro, principal sustento para anular las elecciones, prorrogar su mandato y llamar a nuevas elecciones, otra vez con Lula proscripto.
Cabe señalar que la medida implica un viraje del establishment judicial, que en 2018 avaló la proscripción de Lula, esta vez garantizó su elección y ahora cerca la posibilidad de la vuelta de Bolsonaro, exponiendo el inescrupuloso accionar de la ultraderecha para avanzar sobre las instituciones republicanas y eliminar la democracia si es necesario para sus intereses.
De hecho, el ex vicepresidente de Bolsonaro y actual senador, general, Hamilton Mourāo, llamó a las Fuerzas Armadas a involucrarse en el tema y rechazar lo que entiende como una operación policial contra su exaliado y colegas de armas.
Contrario a esto, Lula se mostró prudente, defendiendo el derecho de «presunción de inocencia» sobre Bolsonaro, instando a que sea el Poder Judicial que determine su culpabilidad, no obstante, sobre el intento de Golpe de Estado exclamó: «Creo que no hubiese ocurrido sin él».
Además, Lula aseveró: «El dato concreto es que hubo una tentativa de golpe, hubo una política de faltar el respeto a la democracia, una tentativa de destruir el proceso democrático y esa gente tiene que ser investigada».
