La Justicia Federal y provincial de Menores de San Luis buscan establecer la identidad de dos adultos y cuatro niños de 2 a 11 años, a quienes presentan como sus hijos, dado que viajaban por rutas argentinas sin ningún tipo de documentación, con una camioneta sin patente, y que aluden ser parte de una agrupación que se considera «ciudadanos del mundo» y reniega de la formación y los controles de los estados.

La familia fue interceptada el lunes en el paraje sanluiseño Las Palomas, ubicado en el norte provincial, en un control de rutina cuando la policía advirtió que en su moderna camioneta Honda CRV gris portaba una patente ilegal, que solo decía «propiedad privada».

Consultado por Télam sobre el caso, el fiscal federal Cristian Rachid señalo que «estamos aún con medidas pendientes sobre niños y niñas y también está interviniendo un juzgado Provincial de Menores que dispuso las suyas», dijo este viernes a Télam al fiscal federal Cristian Rachid. «Por protección de ellos y ellas, por ahora no daremos información hasta que la situación se aclare y esté asegurada, cuando se informará con más precisión», agregó.

El caso sorprendió a los oficiales de policía del Puesto Limítrofe 11 de Las Palomas, cuando, en un control de rutina interceptaron a un automóvil que era conducido por un hombre junto a su pareja, en compañía de cuatro niños. El rodado, una camioneta Honda CRV gris, llegó al puesto policial portando una patente que decía «propiedad privada» y cuando los efectivos pidieron que se identifiquen advierten que los viajeros no poseían documento nacional de identidad, ni pasaportes.

Según su propio, relato querían llegar a San Luis para visitar a un familiar en Villa Praga, sobre quienes tampoco brindaron datos. La pareja viajaba con cuatro niños de 11, 8, 5 y 2 años, que dijeron eran sus hijos, pero cuya filiación tampoco se pudo establecer ya que no mostraron documentos de identidad que lo acreditaran.

Un extraño relato familiar

Los adultos a cargo se identificaron como «ciudadanos del mundo» y miembros de un grupo que dice no reconocer las leyes nacionales ni internacionales, ni los límites territoriales. Al ser interceptados exhibieron una especie de identificación que decía: «Universal Pass (pase universal) CESTUI QUE VIE 2022″, una frase que alude a una construcción jurídica que se remonta a la Inglaterra de 1666, cuando se declaró muerta a toda una población tras un incendio arrasador y que señala distintos tipos de fideicomisos, en este caso la propiedad de un inmueble por el tiempo que dure su vida.

Cuando los policías le pidieron al conductor que se identificara respondió que se consideraba «un ser vivo autodeterminado» y que podían llamarlo Sergio. Agregó que provenían de la zona de Mendiolaza, Córdoba, con Villa Praga como destino, en compañía de su esposa An y los cuatro niños. Ante la falta de DNI, pasaporte u otro tipo de documentación de curso legal en el país que acreditara su identidad, los agentes del puesto limítrofe dieron aviso a sus superiores.

Oficiales del Destacamento 40 de Los Cajones llegaron al lugar tras haber dado aviso a la fiscal adjunta Silvina Argüello, quien determinó que la pareja y los niños fueran trasladados a una dependencia de esa localidad. «En un primer momento intervino la Policía provincial, pero ante la posible comisión de delitos de orden y competencia federal nos pasaron la competencia a nosotros», le explicó a El Diario de la República el juez federal de Villa Mercedes, Carlos Nacul.

El magistrado corrió vista al fiscal federal Cristian Rachid y dispuso una audiencia que se celebró el martes por la mañana en forma virtual con la pareja. «Terminaron por negar la actuación de la Justicia y por desconocer a todos los que estuvimos en la audiencia, y directamente se levantaron y retiraron de la sala en la que estaban», relató Nacul.

Durante la audiencia, la mujer se limitó a interrumpir a las autoridades federales diciendo que no reconocía su autoridad mientras el hombre filmaba lo que después fue subido a las redes sociales por una mujer identificada en Facebook como Patricia Funes, con domicilio en San Rafael, Mendoza. Funes, asegura en su perfil ser profesora de Derecho y Ciencias Económicas, doctorada en la Universidad de Maryland; en Silver Spring, Maryland, Estados Unidos; y en Derecho en la Universidad de Baltimore, Maryland.

También dice ser docente titular de Derecho y Ley Natural, Derecho Marítimo, UCC, Derecho Canónico, Derecho Consuetudinario, Derecho Constitucional, Derecho Civil, Derecho Administrativo, Derecho Procesal, Derecho Laboral, Derecho de Familia, Derecho Penal, Derechos Humanos y Ciencias Económicas en su propio Instituto Privado de Carreras Útiles y Capacitación de Empresas (Icuce), que dicta cursos virtuales.

Desde el martes, ella fue la encargada de transmitir en vivo una especie de juicio ante el «Juzgado Internacional de las Gentes» (sic) contra todos los que intervinieron en el procedimiento en Las Palomas, contra el estado argentino y contra el Gobierno de San Luis. «Sergio y An, liberados» publicó en la madrugada de este viernes la mujer y el post fue festejado por 21 comentarios entre los que pudo leerse «el DNI es un fideicomiso del Estado y no suyo, identificarse con esa ficción la hace responsable de responsabilidades del Estado».

«Su manera de vivir es desde la libertad, la ley natural, no desde ficciones legales inventadas para perpetuar este sistema de esclavos donde te obligan a pagar, con su dinero, con su libertad, con su esfuerzo, por los contratos que se les antoje establecer a través de la documentación», añaden.