El Gobierno de la Ciudad deberá brindar “en forma completa, veraz y adecuada” toda la información sobre los inmuebles de su propiedad, que deberían ser destinados a resolver necesidades habitacionales. Así lo dictamina la sentencia de la Justicia porteña contra el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), en un contexto donde crecen los asentamientos precarios y cae el número de propietarios en la Capital Federal.

El fallo de la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña fue como respuesta a una acción de amparo impulsada en diciembre del año pasado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Federación de Cooperativas-Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI), y confirma la sentencia de primera instancia que demandaba al IVC a que deje de resistirse a hacer público el listado de inmuebles que componen el Banco de Tierras e Inmuebles creado por la Ley 1251. En cada caso debe identificar la ubicación, destino, dimensiones, uso actual, situación de ocupación y si existe algún compromiso asumido por el Gobierno de la Ciudad para destinarlo a resolver necesidades habitacionales.

Para el Tribunal, los argumentos defensivos utilizados por el Ejecutivo porteño (por ejemplo, la necesidad de producir esa información, por lo que no la tendrían relevada) fueron contradictorios, insuficientes y ajenos al derecho vigente. “El acceso a la información pública es un derecho humano fundamental y, por esta razón, la regla es la máxima divulgación de los asuntos públicos”, recordaron los jueces, citando a la Constitución y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Contar con la información de los inmuebles con los que cuenta el IVC –subrayaron- forma parte de funciones propias que, “razonablemente”, el organismo de la Ciudad no puede eludir.

Desde la ACIJ consideraron a este fallo “sumamente trascendente” porque permitirá “hacer accesible para la ciudadanía información pública sumamente valiosa en relación a la política habitacional del Gobierno de la Ciudad, que hasta hoy permanece en la opacidad”. Además, agregaron que obtener esta información ayudará “para impulsar políticas habitacionales adecuadas que tiendan a resolver la grave problemática actual”.

Actualmente, en la Ciudad de Buenos Aires los inquilinos ya representan el 35% del total de la población. En 2005, los que alquilaban eran apenas el 27%. En cambio, los propietarios bajaron, en diez años, de representar el 62% a sólo el 50% del total. Y el 14,2% de las viviendas porteñas están habitadas de manera irregular. Así lo remarca el anuario estadístico 2016 del Gobierno porteño. 

En Comunas como la 1 (que va de Retiro a Constitución) y la 8 (Soldati y Lugano), se registran un 25% y un 20% de hacinamiento, respectivamente. Como en salud y educación, los peores índices se registran al sur de la avenida Rivadavia. Aún persisten 11.174 unidades funcionales de vivienda “pendientes de regularización”, según admite el Ejecutivo porteño. Y en causas como la del Riachuelo, el IVC aún no trasladó, de acuerdo a la sentencia de la Corte, a 17.771 familias que siguen viviendo a la vera de la cuenca más contaminada del país. 

Una clave es la presupuestaria: todos los años el IVC finaliza con grandes subejecuciones. El 2016 no parece ser la excepción. Al término del tercer trimestre, el organismo porteño sólo había invertido 685 millones de los 1.591.456.934 que tiene presupuestados para este año.