En Federación y Concordia, noroeste de Entre Ríos, cerca de 10 mil personas trabajan todo el año en la cosecha de mandarina, naranja y, en menor medida, limón y pomelo. La citricultura es la principal fuente de mano de obra y la industria referente de abastecimiento de cítricos dulces a los mercados interno y externo.
Pero semejantes credenciales no alcanzan para que los productores duerman en paz: la desregulación del Estado (ese eufemismo que busca maquillar un ajuste brutal en áreas sensibles) prendió las alarmas del sector al dejarlo “huérfano de autoridad sanitaria”, en referencia a la motosierra que recortó financiación y, en consecuencia, funciones al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) a cargo, entre otras potestades, de garantizar la inocuidad de los alimentos.
“La mayor preocupación del sector es la postura del Gobierno de que el mercado arregla todo. Los que trabajamos en la producción y en el campo sabemos que tenemos que vender una fruta que se coma bien, que tenga buena cosmética, que esté bien embalada y acondicionada. En el afán de vender, muchas veces se peca y se comercializa una fruta que no está en óptimas condiciones. El SENASA servía, justamente, para hacer esos controles, para tener ese poder de policía. Hoy eso quedó librado al azar y es un riesgo enorme para nuestro negocio cítrico”, dice Melania Zorzi, presidenta de la Federación del Citrus de Entre Ríos (FECIER).
“Creen que el mercado va a regular todo –insiste Zorzi– y nosotros sabemos que en esa situación los más afectados son los pequeños productores y el consumidor, que no va a tener la seguridad sanitaria e inocuidad necesaria de los alimentos”.
Autodestrucción
El 7 de febrero, la Resolución 21/2025 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, dependiente del Ministerio de Economía, estableció que “en relación a las condiciones de inocuidad de las frutas, hortalizas, aromáticas, hongos, algas y semillas comestibles que se destinan al consumo, resulta necesario contar con un marco normativo unificado y actualizado, donde se contemplen los requisitos, procedimientos, criterios y alcances que tienen que cumplir los lugares de acondicionamiento”. En ese sentido, ratificó que “el sistema regulatorio”, en referencia al SENASA, necesita “actualización y adaptación a las nuevas realidades verificadas en las actividades, en lo que refiere al control de la inocuidad de las mismas”.
Más tarde, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró en sus redes sociales que SENASA «estará disponible para certificar lo que exijan las autoridades sanitarias de los países importadores. Pero no va a poder exigir ningún trámite adicional”. Y que también “se eliminan las restricciones a la exportación por tipología de fruta (antes solo se permitía la exportación de fruta premium). Se exportará lo que demande el mercado”.
La euforia del ministro no contagia a Zorzi: “te doy un ejemplo: se desregula el tipo de envase. Eso no le genera nada al consumidor porque no le importa si la fruta llega en cajón de red o madera. Lo que realmente preocupa es que la gente coma sano y rico. Entusiasma a muchos el concepto de la libertad, pero tiene que ser para construir un negocio rentable para todos, no para que nos saquemos los ojos y nos autodestruyamos. Si no hay una normativa que controle el nivel de jugo de la fruta, cuando al consumidor le llegue una naranja seca, la va a dejar de comprar”.
Mochila pesada
El CV de Zorzi dice que es ingeniera agrónoma, productora y desde mediados del año pasado la primera mujer en ser presidenta de una federación de citricultores en Entre Ríos. Desde chica supo que el principal enemigo en el campo es, apenas, una sigla: el HLB.
“Es una enfermedad que no tiene cura y que está en todas las áreas donde hay citricultura. Al reducir el presupuesto del SENASA a nivel nacional no hay presupuesto para los reactivos que se le hacen a las plantas para confirmar la presencia de la enfermedad, es decir, que si el productor quiere saber con si sus plantaciones están enfermas, va a tener que pagarse sus propios análisis”.
Más allá del reclamo puntual, el sector de los cítricos expresa un malestar generalizado en el campo. La tan proclamada “desregulación” genera preocupación y prende las alarmas en diferentes producciones agropecuarias que necesitan del acompañamiento del Estado.
“La Federación del Citrus es miembro de Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y los colegas están en la misma situación. Los productores lecheros, por ejemplo, es un sector muy castigado. Los ganaderos vienen de perdidas muy grandes por las condiciones climáticas. Al reducir el dinero que el Estado nacional gira por coparticipación, muchos Estados provinciales y municipales han generados nuevos impuestos que los disfrazan como tazas. Esto hace que la mochila del que trabaja y que produce sea cada vez más pesada”.
«Se asemejan a las políticas de Martínez de Hoz»
Los productores de fruta de Río Negro están pasando uno de los peores momentos de su reciente historia. “Los últimos 12 meses del gobierno de Javier Milei se asemejan a las políticas económicas de Martínez de Hoz, que sin ninguna duda fueron las peores de la historia para la fruticultura regional hasta ahora”, sentenció Carlos Zanardi, presidente Cámara de Productores Agrícolas de General Fernández Oro.
En declaraciones a Río Negro Radio, el productor opinó que “hay una gran responsabilidad del Estado nacional, que maneja la macroeconomía, y provincial, por no planificar la desastrosa situación de la fruticultura”.
“Siempre se habla de tirar o regalar fruta que no llega al 1% de la producción. Se va a tirar por una cuestión de visibilización para los gobiernos nacionales y provinciales”, advirtió.
