Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denuncian que durante los últimos días este organismo de control sufrió ataques de distintos sectores políticos. Aseguran que cuestionan el accionar del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, que fue establecido por la Ley Nacional de Orden Público 26.827, que crea al Sistema Nacional de Prevención de la Tortura.
«Lo que están haciendo con los ataques a nuestro organismo vulnera todos los símbolos de la democracia, que exhibe 41 años en forma ininterrumpida en nuestro país y que tanto nos costó establecer, luego de haber atravesado la dictadura cívico-militar más sangrienta de la historia argentina», dijo a Tiempo, Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM.
Una historia de lucha
La Comisión Provincial por la Memoria fue creada el 8 de julio de 1999. «Llevamos más de veinticinco años denunciando las violaciones a los Derechos Humanos, somos un organismo de control independiente, que vela por los derechos de las personas más vulneradas en la comunidad», remarcó Cipriano.
El secretario ejecutivo continuó: «Vivimos en una sociedad de instituciones normada por Leyes. Todos los funcionarios públicos deberían respetarlas y garantizar que se cumplan las normativas al pie de la letra. Además, ellos también deberían denunciar los delitos que ocurren, llevar adelante los procesos de juzgamientos y lograr condenas para quienes los cometan».
Continuó ejemplificando que bajo estas reglas socialmente establecidas «no hay lugar para las figuras de los ‘sheriff´, los justicieros’ ni los ‘llaneros solitarios’ para dar soluciones a los conflictos sociales por medio de la fuerza y la violencia», dijo. Y completó: «Tiene que ser por la vía legal e institucional, porque así está estructurado nuestro país».
Omitir delitos
«Hay muchísimos funcionarios públicos que omiten delitos, eso está muy mal porque genera corrupción y sectores oscuros. Los que promueven y reivindican discursos de odio, discriminatorios, constituyen en la comisión de delitos aún más graves por el cargo que ocupan, es lo que nosotros denunciamos todo el tiempo. Además, este accionar viola todo -argumentó el abogado- los derechos contemplados en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales».
La CPM es un organismo público autónomo y autárquico que promueve e implementa políticas públicas de Memoria y Derechos Humanos en la comunidad. Sus objetivos y líneas de trabajo, expresan el repudio al terrorismo de Estado.
También sostuvo: “Nosotros no nos dedicamos a perseguir a los funcionarios, ni a desestabilizar gobiernos de ninguna naturaleza, solo cumplimos con nuestra obligación de velar por los derechos de las personas. Denunciamos atroces delitos y elaboramos informes anuales esté quien esté de turno en el gobierno porque es nuestra misión».
Instituciones violatorias de derechos
«Nosotros denunciamos -ante la Justicia- las terribles violaciones a los Derechos Humanos que comente el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), el Organismo de Niñez y Adolescencia (OPNyA), la Policía Bonaerense y los Centros de Salud Mental», subrayó el letrado.
También contó que luego de hacer este trabajo realizan presentaciones ante órganos municipales, legislativos e internacionales de distintos tintes políticos, exponiendo los resultados de los relevamientos y reclamos. «La labor que realizamos, valga la redundancia, es totalmente objetiva para el bien común», explicó.
«Un funcionario público no puede hacer lo que le parezca para resolver un problema de la comunidad, debe hacerlo conforme a las normativas vigentes. Porque estamos en un país que ha luchado muchísimo para poder establecer la democracia y todos tenemos que respetarla. Porque así se construye institucionalidad. La violencia solo genera más violencia», explicó Cipriano.
«Si una persona comete un delito, tiene que pagar por eso, cumplir su condena y durante el tiempo de encierro la institución debe lograr que conozca la Ley, comprenda su objetivo y aprenda a respetarla. La misión de la norma privativa de la libertad -repasó el letrado- es que la persona incorpore las herramientas y aprenda a vivir en comunidad, de ningún modo debe ser torturada ni sometida a tratos inhumanos».
Legitimar la violencia en la sociedad
El secretario ejecutivo puso por ejemplo el caso de Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón, que fue denunciado por este organismo por fomentar y hacer apología de la violencia institucional en perjuicio de las personas más pobres.
“Uno de los casos que hemos denunciado, es el de Guillermo Montenegro. Lo hicimos cuando publicó videos en sus redes sociales en los que se ve que sus agentes comunales golpean a personas que trabajan, duermen y viven en la calle, que son a quienes más debería proteger según su función. Es por eso que nosotros lo denunciamos, no por su posición partidaria, como sostienen distintos sectores políticos que salieron a atacarnos durante los últimos días», aseguró Cipriano.
Y completó: «Montenegro no respeta los límites impuestos por la Ley. Además, amenaza con destruir a este organismo provincial de Derechos Humanos. Por eso, la Justicia debe investigar los delitos que nosotros denunciamos, como así también el Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredón. No se puede poner el autoritarismo por encima del sistema democrático de derecho que rige en nuestro país».
