La Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de Ley Bases y a la reforma fiscal, que tienen el objetivo de cambiar profundamente los actuales cimientos de la economía y de la sociedad, apuntando a favorecer a los sectores más concentrados, tanto del país como del exterior.

Durante mi intervención en el recinto señalé que se intenta justificar lo injustificable, que se parte de premisas falsas y que a partir de allí se concluye que hace falta un cambio de fondo. Una de esas premisas falsas es que el país estaba al borde de la hiperinflación, argumento que acaba de ser refutado incluso por economistas que asesoraron en campaña al actual presidente.

En cuanto a la situación actual, se escucha decir que se está derrotando la inflación, una explicación que no se condice con las estadísticas. La inflación promedio de los primeros cuatro meses de la gestión de este gobierno es 17,6%, más del doble de la del período enero-noviembre del 2023, que alcanzó al 8,6%. A su vez, la inflación acumulada de los meses de este gobierno es de un 90% entre puntas. Como venimos diciendo, es probable que la inflación baje, pero a costa del agotamiento de la capacidad de consumo de la población, incluidos los bienes y servicios esenciales, y del sufrimiento que esta situación conlleva.

Respecto de la emisión monetaria, los datos muestran que la base monetaria creció por debajo de la inflación en 2021 (8%); en 2022 (27%) y en los once primeros meses de 2023 (35%). En términos de PBI, en diciembre 2022 era del 4,2%; a noviembre 2023 llegó al 3,2%. No hay ningún número que avale la idea de una emisión descontrolada.

Otro aspecto a considerar tiene que ver con la «imprescindible» reforma laboral para crear empleo. Los datos indican que entre el 2019 y el 2023 unas 1.254.000 personas más pasaron a estar empleadas, de las cuales 551.000 eran trabajadores/as registrados/as. En cambio, durante el gobierno de Mauricio Macri el crecimiento del empleo registrado fue de 2000 personas. Con la reforma laboral lo que en realidad se intenta es que los trabajadores/as pierdan derechos y que perciban peores remuneraciones.

La normativa permite que la totalidad de las empresas y sociedades del Estado se puedan modificar, transformar, fusionar, escindir, reorganizar y transferir a las provincias, lo cual en los hechos permite que se desguacen o pasen a tener un lugar marginal; independientemente de que se haya reducido el listado de éstas sujetas a privatización.

En el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se coloca al Estado en la posición de determinar actividades económicas beneficiadas y orientar las inversiones que favorecen principalmente a sectores primarios (agroindustria, infraestructura, forestal, minería, gas y petróleo) y también a los de tecnología. Por la amplitud de las desregulaciones para los ingresantes al RIGI, y la estabilidad de los amplios beneficios en materia tributaria, entre otros, puede considerarse un verdadero régimen de desmedido extractivismo.

Los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios del RIGI son extremadamente amplios: bajas alícuotas en el Impuesto a las Ganancias, liberación de exportaciones e importaciones vinculadas a la operatoria de las empresas, y libre disponibilidad de divisas (pueden no ingresar un solo dólar por sus exportaciones). Además, el RIGI establece que las empresas puedan demandar internacionalmente al Estado nacional ante el CIADI (organismo de solución de disputas del Banco Mundial), una disposición verdaderamente grave: un CIADI que ya sabemos cómo ha actuado en los casos en contra de nuestro país, siempre beneficiando a las multinacionales. En resumen, el RIGI es una cesión irreparable de soberanía nacional, y un camino sin retorno hacia una reprimarización empobrecedora de la economía argentina.

De sancionarse la ley de Bases, a su vez, se acabaría con el objetivo de autoabastecimiento energético vigente en la Ley 26.741 (que permitió en 2012 la recuperación de YPF), generando la pérdida de soberanía y limitando la posibilidad de avanzar en pos del desarrollo nacional.

En esta misma línea se encuentra la media sanción a la reforma fiscal. El proyecto beneficia a los más ricos, y perjudica a gran cantidad de trabajadores que van a volver a pagar Impuesto a las Ganancias.

En el caso de Bienes Personales, en la actualidad hay cinco categorías, de menor a mayor riqueza, cuyas alícuotas van del 0,5% al 1,5%. Según el proyecto con media sanción, en 2027 habrá una única alícuota: 0,25%. De esa forma, el grupo de mayor riqueza irá pagando cada año menos hasta llegar, en 2027, a pagar 1/6 del monto que tributó en 2023. La clase media seguirá pagando la misma alícuota hasta 2026 (mientras los más ricos van pagando menos) y recién recibirá una baja de alícuota en 2027. Pero, además, a quienes paguen por adelantado cuatro años fiscales (un empleado que es alcanzado por el impuesto difícilmente pueda hacerlo) se le ofrece estabilidad fiscal por diez años, en este impuesto y en cualquier otro tributo nacional sobre el patrimonio. Ni siquiera en situaciones de emergencia (como sucedió durante la pandemia con el Aporte Solidario, Ley 27.605) este grupo de privilegiados será alcanzado por impuesto patrimonial alguno. Una fuerte igualdad (entre desiguales) que genera una asombrosa inequidad.

Respecto al Régimen de Regularización de Activos (blanqueo de capitales), el proyecto establece que podrán acceder los residentes, pero también los no residentes, creando además una extraña categoría de «exresidentes que pueden regularizar dinero en nuestro país». Parece una ley con nombres y apellidos. En cuanto a la base imponible, tanto para los bienes en el país como en el exterior (que se gravan con la misma tasa, bajísima), se calcula en dólares estadounidenses a un tipo de cambio de regularización que fijará arbitrariamente el Ejecutivo.

Pero, además, se excluye del blanqueo a funcionarios que desempeñaron sus funciones en los últimos cinco años a contar desde la entrada en vigencia de la ley. Podrían acceder al beneficio, así, gran parte, sino la totalidad, de los funcionarios/as del período macrista. Además, permite regularizar los bienes registrados a nombre de terceros (usualmente denominados prestanombres), el colmo de los beneficios de este régimen.

Desde Unión por la Patria (UP) rechazamos en su totalidad el proyecto de ley Bases, y en lo fiscal presentamos un dictamen por el cual se mantiene el impuesto cedular a las Ganancias (la ley votada a fin del año pasado), e incorporamos un impuesto del 15% a las grandes empresas, tal como lo aconseja la OCDE. En Bienes Personales, nuestro dictamen propone mantener la ley actual, y se quita de las exenciones sólo a los inmuebles rurales en el exterior: los inmuebles rurales en el país continúan exceptuados como hasta ahora. Y en cuanto al blanqueo, sostenemos el dictamen sobre el proyecto de ley de Exteriorización del Ahorro Argentino que se votó en agosto del año pasado, con algunas actualizaciones.

Ante las acciones del Gobierno para lograr una redistribución negativa de la riqueza (beneficiando prioritariamente a las muy grandes fortunas), y que ha sido validada en Diputados, los dictámenes de UxP apuntan a hacer al régimen impositivo un poco más progresivo, y frenar el intento de consolidación de la pérdida de gran cantidad de derechos, especialmente en el tema laboral, y del poder regulador del Estado.