Los primeros que habían difundido la versión fueron los dirigentes del gremio de los estatales provinciales. Guillermo Quiroga, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado dejó trascender días atrás que, en una reunión con las autoridades provinciales, recibieron una propuesta que incluía el pago de los salarios adeudados en concepto de la cláusula gatillo incluida en la paritaria del año 2019 a través de un bono emitido por el estado del Chubut.

Aquella cláusula, acordada para docentes y estatales en abril de ese año, fue desconocida por el gobernador Mariano Arcioni a días de asumir su segundo mandato (había llegado a la gobernación por el fallecimiento de su antecesor Mario Das Neves). Por ese motivo, los gremios docentes y estatales sostuvieron una larga huelga por un período de 17 semanas que, a su vez, fuera acompañada por una verdadera rebelión popular en toda la provincia.

La versión, ahora, fue confirmada por las autoridades provinciales. El ministro de gobierno de la provincia, José Grazzini, señaló al medio provincial El Extremo que «es una posibilidad que estamos analizando y que se ha girado al sector de Economía y al banco para consultar de qué forma se puede diagramar un bono que tenga un interés y que asegure lo que pueda perder el empleado estatal en cuanto a la inflación, y garantizar así el pago de lo adeudado».

El mismo medio señaló que Grazzini explicó que «se intenta que el bono pueda ser atrayente para los trabajadores y que sea de forma voluntaria para todo aquel que lo quiera aceptar y le pueda servir para ser canjeable en cualquier situación y lo pueda recibir el propio banco del Chubut».

El bono pagaría una tasa de interés de entre el 7 y el 8% y podría ser respaldado con las regalías petroleras de la provincia. Ocurre que, en rigor, la provincia acumula una deuda con proveedores locales que orillas los 3 mil millones de pesos y que fuera cancelada también con un bono, el Ticadep, cuyo pago fue incumplido por el ejecutivo provincial.

Por ese motivo, desde la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh), principal gremio docente provincial, rechazaron la conciliación obligatotia dictada por el Ministerio de Trabajo local, confirmaron el paro de 72 horas, no aceptaron la modalidad de pago y bautizaron al bono como “el papelito” o el “BonAte” en alusión a la actitud del secretario general del gremio de los estatales, Quiroga, que lejos de rechazar la modalidad de cancelación, aseguró estar “evaluándola”.

El gobernador, por otro lado, anunció el pago de una deuda salarial por $550 millones a docentes y auxiliares de educación por parte de los salarios impagos de julio, agosto, septiembre y octubre con fondos provenientes de la ley de financiamiento educativo. Con todo, y a pesar de pedir «a todos los docentes de la provincia que por favor vuelvan a las aulas y que comiencen las clases» , no logró impedir que los docentes resolvieran el no inicio de clases con un paro de 72 horas en reclamo del pago de lo adeudado en el mes de enero y febrero de la apertura de la paritaria 2020. El ciclo lectivo en la provincia debía comenzar el miércoles 26 de febrero.

El gobierno provincial llega a esta situación luego de que se le hayan agotado las fuentes de financiamiento alternativo para hacer frente al pago de gastos corrientes como son los salarios de los empleados públicos y maestros. Desde Nación recibieron $ 1000 millones para afrontar los sueldos de diciembre y el aguinaldo así como la autorización para emitir Letes por $800 millones (habían pedido $2.500 millones). También han recurrido a la emisión de bonos en pesos colocados a la Anses con tasas de interés superiores al 90%.

Así las cosas, el virtual default en el que se encuentran las arcas provinciales tiene otro frente de inmensa complejidad. Es que a la deuda de proveedores y empleados hay que sumarle la que pesa con acreedores del exterior. Se trata de poco más de 900 millones de dólares que el ejecutivo aspira a reperfilar. Para eso, al igual que ocurriera con su par bonaerense Axel Kicillof, deberá chocar con la negativa cerrada del gobierno nacional que considera que un default de alguna de las deudas provinciales complicaría su negociación a escala nacional.