El proceso constituyente chileno transita una recta final cargada de obstáculos y riesgos de que aquella demanda que eclosionó durante las jornadas de protesta encabezadas por dirigentes estudiantiles de octubre de 2019, fracase estrepitosamente durante el gobierno de uno de aquellos referentes. En días en que le toca defender el proyecto de presupuesto que incluye un incremento del gasto público con énfasis en seguridad, salud, educación y vivienda, el presidente Gabriel Boric confesó su preocupación por el resultado del trabajo por una nueva Constitución, ante la falta de acuerdos y los avances de una derecha que hoy controla el Consejo Constitucional. “Yo estoy preocupado del éxito del proceso y no voy a ser quien trabaje por lo contrario”, aseguró Boric en declaraciones a los periodistas el miércoles último. La semana pasada se registró un claro retroceso en esta materia, cuando la derecha impuso su mayoría para la inclusión de artículos que ponen en peligro la ley de aborto vigente desde 2017; y la liberación de impuestos a la viviendas de los sectores más ricos del país. Entre otras, la norma que impulsa «la ley protege la vida que está por nacer» fue resultado de un alineamiento entre los 22 consejeros de la extrema derecha lideradas por el excandidato presidencial, José Antonio Kast, más la mayoría de los 11 de la coalición la derecha, durante la primera semana de votaciones en el Consejo Constitucional, de 51 integrantes. Los consejeros y congresistas de izquierda y centro, de las alianzas que apoyan al gobierno, consideran que ese artículo podría sepultar la ley de aborto en tres causales: en caso de que la gestación suponga un peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo por violación. La alianza ultraconservadora logró también aprobar la «libertad de elección» en temas como salud, educación y pensiones.
Chile transita un segundo proceso constitucional para reemplazar la Constitución legada por la dictadura. El primer borrador, donde el oficialismo tenía una mayoría consensuada, fue rechazado en el plebiscito de septiembre de 2022 por el 61%, que consideró demasiado transformadora a la propuesta. Se preveía que fuera la Constitución más progresista de la región y que convertiría al Estado chileno en garante de más de 100 derechos. Ahora, las nuevas cláusulas que imponga el Consejo deben ser revisadas por otros dos órganos para luego ser sometido a un nuevo plebiscito, el 17 de diciembre. Las encuestas aseguran un nuevo triunfo de la opción, esta vez por tratarse, de propuestas conservadoras. De cumplirse, el proceso quedaría nuevamente diluido y seguiría vigente la Constitución de 1980.
Aunque ha intentado despegarse, un eventual nuevo fracaso impactaría en la figura del presidente Boric. Fracaso que no podría deslindarse del baldón político que significó la derrota en la elección del 7 de mayo pasado, cuando se eligieron a los nuevos consejeros y la derecha obtuvo una mayoría de 34 escaños. El resultado fue leído como una señal de descontento al gobierno de Boric. “Hay pocas cosas que generen tanto consenso en la política nacional como la convicción de que no existe margen para un tercer proceso constituyente”, escribió recientemente el analista e investigador chileno, Noam Titelman en Nueva Sociedad. Sin embargo, según este análisis, un rechazo electoral no solo impactaría negativamente en el oficialismo, sino también en la extrema derecha. Concluye: “En caso de rechazarse nuevamente la propuesta constitucional, parece imposible que los republicanos -y Kast- eviten cargar con este fracaso y que este no contamine sus aspiraciones presidenciales”.
“No se aprendió la lección que nos hizo fracasar la vez anterior, una Constitución no es el espacio para darle un rango nacional a identidades políticas particulares”, criticó en ese sentido la expresidenta Michelle Bachelet.
