A horas de la concentración en Plaza de Mayo convocada por el espacio de organismos de derechos humanos, partidos de izquierda y, entre otros, diputados y referentes de Unión por la Patria, autoconvocados en el SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia), la Confederación General de Trabajadores (CGT) emitió un fuerte comunicado repudiando la escalada represiva del gobierno.
La conducción de la CGT no pudo fijar una posición homogénea con relación a como actuar el miércoles 12 cuando el Senado trataría la ley de Bases que finalmente aprobó. Los sectores más moderados representados en las figuras de Héctor Daer, Carlos Acuña y Andrés Rodríguez consideraron que no correspondía ni parar ni movilizar dudante ese día mientras que el bloque liderado por Pablo Moyano optó por movilizar aunque a diferencia de sindicatos como el SUTNA o Aceiteros optaron por no parar.
Por eso, formalmente, la organización dio «libertad de acción» a los sindicatos que la integran.
El mismo Andrés Rodríguez, luego de la represión y las 33 detenciones, consideró un acierto no haber participado de la jornada “con sectores ajenos a la CGT”.
Sin embargo, una vez que la justicia denegó la excarcelación a los 16 manifestantes que todavía se encuentra detenidos, la cúpula de la Central pudo consensuar una declaración en la que exigen la liberación de los presos y manifiesta su “estado de alerta ante la escalada represiva”.
Allí expresan su “preocupación por los hechos acontecidos durante y después de la concentración del miércoles pasado en el Congreso Nacional y reivindica el derecho a la protesta”.
Para los dirigentes se trata de un derecho “reconocido y protegido por nuestra Constitución Nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos”.
Para el Consejo Directivo se trata de un derecho “esencial para el funcionamiento de la democracia por se la madre de todos los derechos humanos”. A la vez, señalan, “promovemos su ejercicio en forma pacífica y ordenada”.
Por eso, detallan, “repudiamos la pretensión de equiparar el ejercicio de este derecho a un Golpe de Estado” que, explican, representan una “falacia” que “pretende ocultar justamente un ejercicio autoritario del poder político al utilizarlo para reprimir y criminalizar a legítimos manifestantes”.
El texto difundido apunta a la justicia a quien insta a “no dejarse manipular” y exige “que investigue los hechos de violencia que fueron armados por personal profesional infiltrado, incluso con material bélico, que solo dispone el Ministerio de Seguridad y el de Defensa”.
De este modo la Central obrera pone la mira en Luis Petri y Patricia Bullrich como presuntos responsables de generar los hechos de violencia y vandalismo con el propósito de justificar y dar lugar a la violenta represión que pudo disipar la masiva manifestación.
