El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), expuso una serie de observaciones críticas sobre el proyecto de reforma del Registro Nacional de Datos Genéticos que pretende hacer el gobierno nacional. Lo hizo este miércoles ante el plenario de las comisiones de justicia y de seguridad interior de la Cámara de Diputados.
Consideran que es importante “desarrollar normativas y herramientas para esclarecer delitos graves, mejorar la averiguación de la verdad, pero entendemos que este proyecto tal como fue presentado tiene graves problemas constitucionales, de política criminal y de técnica legislativa”, aseguró Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, durante su exposición.
Siguió relatando que el dato genético “es un dato sensible que impone recaudos muy específicos en relación con los objetivos del registro, el alcance, los resguardos, el uso y la protección de estos datos sensibles”, advirtió.
Cinco críticas concretas
“Tenemos cinco críticas muy concretas”, sostuvo la directora ejecutiva. La primera es que “la ampliación del registro a cualquier tipo de delitos es una medida irrazonable, invasiva, violatoria del principio de lesividad y de proporcionalidad, según lo estipulado en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional”, argumentó Litvachky.
La segunda es que “los alcances del registro son desproporcionados y violatorios del principio de inocencia”, agregó.
En tercer lugar, apuntó que el proyecto no es claro. “Es deficiente en relación con la eliminación de las muestras ante la posible desvinculación de las personas que fueron introducidas al registro y que quedan desvinculadas del proceso penal”. Además, reclamó que es necesario “que haya pautas o reglas más claras al respecto”.
La cuarta crítica fue sobre que “el proyecto tiene graves problemas de manejo de información sensible, su compatibilidad con la Ley de datos personales, de acceso a la información y la particularidad de que sean las fuerzas de seguridad -las policías- las que manejen la información de este registro”, enfatizó la directora ejecutiva.
En quinto lugar, expuso que el proyecto “tiene problemas en relación con el objetivo muy valorable de mejorar las herramientas para la búsqueda y la identificación de personas desaparecidas. Pero son distintas a las herramientas para la investigación penal”, cerró Litvachky.
Una reforma regresiva
La reforma a la ley de datos genéticos “busca modificar la denominada ‘Ley Ángeles Rawson’, que propone un criterio restrictivo para el registro de estos datos sensibles, ligado a la comisión de delitos contra la integridad sexual”, detalló Manuel Tufró, director del equipo Justicia y Seguridad del CELS, a Tiempo.
Explicó que la propuesta del gobierno ahora busca ampliar esto en dos direcciones: “Primero, ampliando la cantidad de delitos, de hecho, a todos los delitos, sin ninguna distinción de gravedad. Y, por otro lado, incluyendo en el registro no sólo a las personas condenadas, sino también a las imputadas”. Continuó señalando que “esto implica una medida irrazonable, invasiva y violatoria del principio de lesividad y proporcionalidad”.
También dijo que en el caso de las personas que son imputadas en distintos delitos -teniendo en cuenta que la imputación es un mero señalamiento de que una persona es posible sospechosa de haber cometido un hecho- “esta propuesta llevaría a la incorporación de información genética de todo aquel contra quien se formule una denuncia”, advirtió Tufró.
Un antecedente penal de por vida
Ello, con el agravante de que el proyecto “no prevé tiempos máximos de almacenamiento de la información incorporada al registro ni procedimientos para borrar esa información. Por lo tanto, cualquier persona que haya ingresado al sistema penal, por cualquier motivo, tendrá una mancha indeleble de por vida», aseguró el director.
Recomendó leer este proyecto “en línea paralela con otros proyectos de ampliación punitiva, que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, envió al Congreso. Son una serie de proyectos de nuevas leyes y reformas del Código Penal”, subrayó.
Este “paquete” está compuesto por la ley de reiterancia, “la ampliación de la legítima defensa, el agravamiento de la resistencia a la autoridad, la reforma a la ley de datos genéticos y la ley anti mafias”. Todo el “paquete” completo tiene como orientación general, por un lado, “debilitar garantías para las personas sospechadas, denunciadas o imputadas por cometer delitos. Por otro, aumentar las atribuciones de las fuerzas policiales y debilitar los controles sobre su accionar”, detalló Tufró.
También señaló que “acá hay un hay una discusión de política criminal muy importante para dar y tratar en especial dos puntos, uno es más específico de la reforma del registro de datos y el otro es más político, relacionando este proyecto con los otros de la ministra Patricia Bullrich”, finalizó.
