El primer juicio por lavado de dinero proveniente de la represión no terminó de la mejor manera: si bien el juez federal de Mar del Plata Roberto Falcone consideró que las hijas e hijo del represor Leonardo Miguel Save son culpables, rechazó los pedidos de penas de 3 a 5 años de prisión y sólo los condenó a pagar una multa de 43 millones de pesos.

En un resumen de los fundamentos que leyó este miércoles, Falcone señaló que no había una tasación actual de los terrenos comprados en Chascomús y, por lo tanto, al tomar el valor fiscal de esos campos, de unos 8 millones de pesos, están muy por debajo de los 150 salarios mínimos al momento de los hechos (35 millones de pesos) que establece el Código Penal para imponer pena de prisión. Al no superar esa cifra, sólo reciben una multa de cinco a veinte veces el monto de la operación.

“Teniendo en consideración la situación económica de las personas sometidas a juicio, la ausencia de antecedentes penales, el buen concepto y la buena impresión de los causantes, la multa a imponer debe ser la mínima. Que a la fecha equivale a 43 millones de pesos, sumas que habrán de abonar los imputados en proporción a la operación de lavado atribuido a cada uno”, explicó el magistrado.  

Las hijas e hijo de Save deberán entonces depositar poco más de 10 millones de pesos cada uno en una cuenta perteneciente a la Unidad de Investigación Financiera (UIF). Para ellos, la fiscalía y las querellas de la UIF y la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense solicitaron que sean condenados a penas de entre 3 y 5 años de prisión.

A pesar de las penas bajas, el juicio tuvo varios hitos que marcan un precedente importante en el proceso de Memoria Verdad y Justicia: fueron las primeras condenas por lavado de dinero robado a una persona secuestrada y, además, los terrenos fueron decomisados para que la Subsecretaría de Derechos Humanos construya ahí un espacio de memoria.

El juez dio por probado que los terrenos de Parque Girado, Chascomús, fueron comprados por la banda de Aníbal Gordon con dinero robado tras el secuestro y asesinato del dirigente uruguayo Alberto Cecilio Mechoso Méndez “con la intención de instalar un emprendimiento comercial, “Boating Club”, disimulando el origen ilícito del dinero sustraído”.

Para Falcone, la ilegalidad de la maniobra quedó más que clara. Citó los testimonios de los vendedores de los terrenos, quienes recibieron dinero en efectivo y reconocieron a Gordon como uno de los compradores, y las declaraciones de los obraros contratados para construir el “Boating Club”, quienes identificaron a miembros de la patota y contaron que en el lugar tenían bolsos con grandes cantidades de dinero y armas.  A eso se sumó la voluntad de esconder a los verdaderos propietarios, ya que los boletos de compraventa de octubre de 1976 fueron firmados por personas con identidades falsas y datos apócrifos.

El magistrado sostuvo que la familia Save “adquirió y administró dos parcelas de campo  valiéndose para la escrituración de una sucesión de actos jurídicos irregulares desde octubre de 1976, cuando comenzó el proceso de lavado de dinero iniciado por el progenitor”.

Por último, el juez señaló que la familia Save actuó de manera dolosa ya que se encargaron de gestionar los poderes para poder escriturar sobre la base de documentación falsa en la que no figuraba su padre.

“Si bien la defensa ha sido firme en exponer que todo fue impulsado por la actividad de su padre y por pedido de este, ya en 2007, más de un año después de su fallecimiento, fueron sus hijos quienes gestionaron y consiguieron que les otorgaran un poder cuyo derecho se asentó en una cesión de derechos con identidades falsas. Así se culminó una operatoria que buscó dar apariencia de licitud al origen espurio del dinero del que se valieron los miembros de la banda de Aníbal Gordon para adquirirlo”, concluyó.

“Operación Oro”

Alberto Cecilio Mechoso Méndez integraba la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales en Uruguay. Luego de fugarse de una cárcel militar, en 1972, se exilió en Argentina, donde continuó militando y fue uno de los fundadores del Partido para la Victoria del Pueblo (PVP).

Según se reconstruyó durante el juicio Plan Cóndor, realizado en 2016, fue secuestrado el 26 de septiembre de 1976 por miembros del grupo de tareas de Gordon junto con represores uruguayos. «Lo llevaron a Orletti y, bajo torturas y amenazas contra su familia, le sacaron la información sobre la ubicación del dinero. Con ese dato, se dirigieron a su domicilio en busca del dinero. Ingresaron armados, amenazaron a la familia y se dirigieron directamente al lugar donde estaba escondido el dinero», señaló la fiscalía durante el alegato del juicio.

Mechoso fue luego asesinado y su cuerpo fue arrojado al río en un tambor. Fue hallado días después y enterrado como NN en el cementerio municipal de San Fernando, de donde fue exhumado con la vuelta de la democracia e identificado por el EAAF en 2012.

Se cree que el monto del dinero robado fue entre 2 y 8 millones de dólares y que fue repartido entre los represores, quienes denominaron el operativo como «Operación oro». Parte de ese dinero fue utilizado para la compra de estas parcelas en Chascomús, según dio por probado el juez.

 Los terrenos de 15 y 21 hectáreas frente a laguna fueron comprados el 19 de octubre de 1976, menos de un mes después del secuestro. Los represores pagaron en ese momento 3 y 10 millones de pesos por cada uno y al poco tiempo comenzaron a desarrollar el “Boating Club”, que se vio frenado por un operativo masivo de secuestros de sus obreros en el verano de 1977.