El próximo miércoles a las 10, el juez Roberto Falcone de Mar del Plata hará lectura del veredicto en el juicio oral de la causa “Save”, por el lavado de dinero robado a víctimas del terrorismo de Estado.
La causa entró así en la recta final luego de que la defensa pidiera la absolución de las tres hijas y el hijo de Miguel Save, quien fue agente inorgánico de la SIDE antes y durante la dictadura e integró la patota de Aníbal Gordon.
Los 4 imputados deben responder por el delito de lavado de dinero. Están acusados de haber intentado ocultar el origen ilícito de dos terrenos de 15 y 21 hectáreas ubicados a orillas de la laguna de Chascomús que fueron comprados con dinero robado por los represores al secuestrar y luego asesinar al dirigente uruguayo Alberto Cecilio Mechoso Méndez en el marco del Plan Cóndor.
Durante sus alegatos, los defensores oficiales sostuvieron que los hijos de Save desconocían su rol en el terrorismo de Estado y cómo obtuvo esos terrenos y que sólo hicieron lo que su padre les dijo en su lecho de muerte, en 2006, para que los lotes quedaran a su nombre. También pusieron en duda que hayan sido comprados por la patota: señalaron que Save podría haber sacado el dinero de la venta de su participación en un reconocido parador de la Ruta 2, el hotel Águila Negra.
Las 36 hectáreas con acceso a la laguna se compraron a fines de 1976, días después del secuestro de Mechoso Méndez, y comenzó a llevarse adelante un desarrollo inmobiliario que llamaron “Boating Club”, que iba a ser un exclusivo club náutico accesible por lancha.
Los testimonios de los obreros que participaron de los primeros trabajos dieron cuenta que en el lugar había muchas armas y maletines llenos de billetes. También recordaron la presencia no sólo de Save sino de otros miembros del grupo de tareas, como Luis Alberto “Quino” Martínez y el propio Gordon, quienes llegaban los fines de semana y paseaban en lancha. Recordaron también una gran fiesta a la que acudieron militares de alto rango, quienes llegaron en un hidroavión a la laguna.
La obra se frenó al poco tiempo de comenzar, cuando en el verano de 1977 una patota policial irrumpió en el lugar, tomó el predio y secuestró a una treintena de obreros, que fueron torturados y llevados a la comisaría primera de la ciudad.
Durante la investigación se determinó que la compra de los terrenos fue realizada a través de apoderados y nombres falsos por lo que en 1999, Save comenzó a realizar gestiones para poner a su nombre los valiosos terrenos. Tras la muerte del represor en 2006, fueron sus hijos quienes continuaron con esa tarea: en 2008 y luego de varias maniobras irregulares, los hermanos Save pudieron escriturar las parcelas.
La fiscalía y las querellas de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y la subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense solicitaron que sean condenados a penas de entre 3 y 5 años de prisión y el decomiso de los terrenos para que la Provincia realice allí tareas vinculadas a la memoria sobre el terrorismo de Estado.
Durante la audiencia del próximo miércoles, las hijas e hijo de Save podrás decir sus palabras finales y luego el juez Falcone leerá la parte resolutiva de la sentencia, aunque adelantó que también se conocerá un breve resumen de los fundamentos, que se darán a conocer luego de manera completa.
