Las defensas de cuatro de los oficiales de mayor rango de la Policía de la Ciudad acusados de encubrir el crimen de Lucas González, asesinado a tiros en noviembre de 2021 en el barrio porteño de Barracas, apelaron en sus alegatos a diversas estrategias para desvincularlos del hecho, desde desestimar sus participaciones en los delitos por cuales fueron imputados hasta negar la existencia de un ilícito para tapar, ya que explicaron que el homicidio del adolescente por parte de efectivos de la fuerza aún no es cosa juzgada.
El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25 porteño escuchó hoy los alegatos de los abogados defensores del comisario inspector Daniel Alberto Santana (53); de los comisarios Fabián Alberto Du Santos (52) y Juan Horacio Romero (51), y del subcomisario Roberto Orlando Inca (47), todos ellos imputados y detenidos por el encubrimiento del hecho y las torturas y detenciones de los amigos de Lucas, Julián Zúñiga (19), Julián Salas (19) y Niven Huanca (19).
Qué dijeron
El primer alegato estuvo a cargo de Alfredo Oliván, defensor técnico del Juan Ramón Romero y Roberto Orlando Inca, comisario y subcomisario, respectivamente, de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, quien no solo pidió la absolución de ambos imputados, sino que además solicitó la nulidad del alegato del abogado querellante Gregorio Dalbón, al indicar que su acusación «no es válida», ya que consideró que «el análisis de los elementos probatorios de los delitos es contradictorio».
«Ningún elemento incorporado permite afirmar un acuerdo para encubrir, para privar ilegalmente a una persona o para torturar. A mi modo de ver no se analizó correctamente la prueba: eran personas que no se conocían entre, tenían distintos destinos y obligaciones», afirmó Oliván en su alegato que se extendió a lo largo de más de cuatro horas y media.
Sobre Romero sostuvo que se encontraba en un turno médico en la localidad bonaerense de San Antonio de Padua «a 50 kilómetros del hecho» cuando fue anoticiado de lo sucedido.
En tanto, sobre Inca, dijo que estuvo presente en el cruce de las calles Alvarado y Pedriel, donde se detuvo el Volskwagen Suran en el que se movilizaban las víctimas, «porque estaba de turno», que allí realizó «un sinnúmero de llamados a juzgados», aunque aclaró que «había cuatro personas de mayor jerarquía» que él en el lugar.
«Para el encubrimiento es necesario determinar el delito previo. Hace falta una sentencia por un tribunal, dice la ley. El delito debía ser elevada una vez juzgado el delito primario», defendió Oliván, y añadió que Inca «siempre quiso la intervención judicial, no hubo ánimos de una ventaja personal como estipula el delito de encubrimiento».
Tras desestimar varios fragmentos del alegato del fiscal de juicio Guillermo Pérez de la Fuente, Oliván desestimó la declaración del principal Héctor Claudio Cuevas (50), quien declaró en el juicio que Inca fue quien le pidió a Gabriel Alejandro Isassi (42) -uno de los tres imputados por el homicidio- que coloque una réplica de arma de fuego en el auto de las víctimas.
«Cuevas dice que Inca fue llamativamente explicito, donde le dijo dos veces a Isassi ´andá a poner eso» (en referencia al arma). Cuevas no trata de aclarar nada, solo de eludir su responsabilidad por una estrategia superficial e ingenua. No trajeron ni un testigo de ese encuentro en el que había 146 policías en el lugar», sostuvo.
En tanto, hizo hincapié en que Cuevas, a quien defendió en el inicio de la etapa de instrucción, «se encuentra vinculado a una prueba científica (odorología) con la manipulación del objeto y no a Inca. Tengo que entender que si alguien introdujo el arma no fue otro que Cuevas».
Respecto a la acusación para sus defendidos sobre la privación ilegal de los tres amigos de Lucas, Oliván afirmó que «ni Romero ni Inca estaban presentes cuando se detuvo a los querellantes».
Tras finalizar su relató, tomó la palabra el letrado Daniel González Stier, defensor del comisario inspector Santana, máxima autoridad policial dentro de la Comuna 4 porteña, sobre quien pidió su absolución.
«No tiene vinculación con los hechos que se ventilan en esta audiencia. No encontramos pruebas que estén vinculadas, pero sí una motivación. A partir del alegato de Dalbón supimos que su intención es llegar al jefe de la Policía de la Ciudad, y es porque necesitan una responsabilidad administrativa se convierta en un delito», expresó el letrado, sentado junto a su defendido.
González Stier indicó al respecto que «Santana tiene una responsabilidad política y administrativa, no de funciones en comisaria o judiciales».
«Cuando llegó (al lugar de los hechos), Santana ya había hecho la consulta judicial y Lucas había sido trasladado al hospital. Eso descarta que haya llegado inmediatamente, por lo que no dio órdenes, y que haya participado de alguna posibilidad de decisión sobre el haber esposado a Julián y Joaquín. Toda imputación es sobre la especulación de las llamadas a Santana, quien no formó parte del entramado que sostiene la acusación privada y pública», sostuvo.
Por último, el defensor afirmó que durante la jornada del hecho, Santana informó a sus superiores que no se trató de un enfrentamiento armado, había un arma de fuego y que el vehículo Nissan Tiida de la Brigada 6 venía por delante de la Suran, cuestiones que contradecían la primera información difundida internamente.
Alegato final
El alegato final de la jornada estuvo a cargo del abogado Julián Curi, defensor del comisario Fabián Du Santos, quien también reiteró los argumentos de sus colegas al indicar que su cliente no tuvo acción en los delitos que se le imputan.
«De todo lo que hemos escuchado en el juicio, Du Santos nunca tuvo intervención en el hecho, no interrogó a los detenidos, no revisó las cámaras, no vio a Lucas y ni habló con Isassi, (Juan José) Nievas o (Fabián Andrés) López, no resguardó el vehículo ni habló con los peritos. No tuvo conocimiento de la omisión de un delito ni de una maniobra orientada a encubrir a los integrantes de la Brigada», detalló el defensor.
El tribunal dictó un cuarto intermedio hasta el próximo martes a las 9, cuando será el turno de los alegatos de Fernando Soto y Martín Sarubbi, codefensores de Isassi, del oficial mayor López (48) y del oficial Nieva (38), acusados del homicidio del adolescente.
Lucas y sus amigos fueron atacados a balazos el 17 de noviembre de 2021 cuando salieron de entrenar del club Barracas Central y regresaban a sus casas a bordo de un Volkswagen Suran.
En Iriarte y Vélez Sarsfield, los jóvenes fueron interceptados por un Nissan Tiida en el que circulaban tres policías de la Brigada 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad que les hicieron señas para detenerse.
Como no tenían identificación policial, los chicos pensaron que podían ser ladrones e intentaron escapar, momento en que los efectivos les dispararon y un balazo impactó en la cabeza de Lucas, quien murió al día siguiente en el hospital El Cruce de Florencio Varela.