La Fundación Alameda, dirigida por Gustavo Vera, denunció ante el Juzgado Federal de Goya, en la provincia de Corrientes, que lleva la causa por la desaparición de Loan Daniel Peña, para que se investigue “una posible trama de encubrimiento de una red de trata” que existiría en la región desde hace años con aceitados “vínculo empresariales, políticos, policiales y judiciales”. Para la ONG este entramado busca reducir las consecuencias penales que se podrían desprender del caso.
De acuerdo a la denuncia, la punta del ovillo de esta estratagema es José Fernández Codazzi, abogado de Bernardino Benítez, tío del nene de 5 años y la última persona que estuvo con él aquel 13 de junio en la casa de su abuela, en el paraje El Algarrobal, en la localidad de 9 de Julio. Codazzi fue clave para la declaración de Laudelina Peña, mujer de Benítez y tía de Loan, para intentar imponer la hipótesis del accidente en la que el chiquito habría sido atropellado por la exdirectora de Producción de 9 de Julio, María Victoria Caillava, y su marido, el exmilitar Carlos Pérez.
“Según su declaración en sede judicial, Macarena Peña -la hija de Laudelina– dijo que Codazzi les ofreció una casa, un auto y una moto para que dieran una versión armada y les dijo que si no aceptaban, Patricia Burlich llegaría para “meterlos presos a todos””, añade en la denuncia, en la que se describe que madre e hija fueron trasladadas por el senador provincial Diego Pellegrini en un Vento gris el 5 de julio a la medianoche para que brindaran ese testimonio “armado” ante el fiscal provincial Gustavo Robineau. Momentos antes, Macarena y Laudelina habían mantenido un encuentro con el fiscal general provincial, César Sotelo. Esta maniobra se dio poco después de que Laudelina fuera citada por la justicia federal para que brinde su testimonio.
En la denuncia se puntualiza que Pellegrini es “muy allegado” al gobernador Valdés y que Codazzi está casado con Guillermina Traverso, secretaria del ministro de Seguridad Provincial, Buenaventura Duarte. Además, la suegra de Codazzi es Gloria Fornies, concejal de Esquina por Encuentro por Corrientes (ECO), el partido liderado por Valdés.
La pata policial
Más allá de la presunta participación del comisario Walter Maciel, quien está imputado y preso acusado de intentar desviar la investigación y encubrir el caso, Vera advierte que hay más nexos policiales que merecerían la atención de la justicia federal. Es que antes de que Laudelina declare en la justicia ordinaria, Pellegrini la trasladó a la Delegación de la Policía Federal Argentina de Goya. Luego, madre e hija fueron llevadas al apart hotel que pertenece al ex comisario general, Carlos Acosta, primo de un ex jefe de la policía provincial. De acuerdo a la denuncia, también debería investigarse la posible conexión de Miguel Olivieri, actual ministro de Planificación de Gustavo Valdés, quien sería padrino del comisario Maciel.
El rol de la política y la justicia
Vera pide que se indague en la “trama de encubrimiento de la organización ilícita que plantó Codazzi para eludir el accionar de los actores del fuero federal a fin de desviar la investigación mediante la intervención de actores del sistema judicial provincial”. Por eso, coincide con el abogado Fernando Burlando que solicitó la detención de Codazzi, aunque el titular de La Alameda considera que “esa hipótesis no se debe limitar al rol del abogado Codazzi, sino que se debe extender hacia los hilos superiores que inevitablemente llegan a las máximas autoridades del gobierno provincial, incluyendo al senador provincial Pellegrini, al ministro de Seguridad Duarte, al Fiscal General Sotelo y al propio gobernador Valdés, puesto que todos ellos participaron activamente en la maniobra de eludir el fuero federal y dar por cierta una versión armada por Codazzi bajo intento de soborno y amenaza a Laudelina y su hija”.
“En síntesis, se trata de investigar la complicidad de todo un régimen, un sistema armado para encubrir delitos graves, en el que el abogado Codazzi y el senador provincial Pellegrini resultan piezas esenciales. Ellos fueron quienes, eludiendo la intervención del fuero federal y la consiguiente investigación por el delito de trata de personas, involucraron a la justicia provincial con el propósito de desviar el análisis del caso hacia la hipótesis del atropellamiento vehicular, que el gobernador Valdés difundió y hasta celebró a través de un tuit”, concluyó la denuncia que lleva la firma de Vera.
