La Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) pidió la indagatoria del ex ministro del interior del menemismo, Carlos Vladimiro Corach, a quien acusa de haber cobrado unos 15 millones de dólares en sobornos por parte la multinacional alemana Siemens para adjudicarle el contrato por la renovación de los DNI en 1997. Además, le imputa haber recurrido a familiares y allegados para darle a ese dinero apariencia de legalidad, lo que comúnmente se conoce como “lavado”.
Si Carlos Menem estuviera vivo, la acusación también le habría llegado a él.
El fiscal José Ipohorski Lenkiewicz decidió reactivar la investigación, que se encuentra archivada, “a la luz de los nuevos elementos probatorios incorporados a la pesquisa remitidos por las autoridades del Principado de Liechtenstein”. Por allí, según el dictamen, pasó parte del dinero atribuido a las coimas pagadas (y reconocidas ante la Justicia de Alemania) por Siemens.
“Se le imputa a Carlos Vladimiro Corach, en su carácter de Ministro del Interior de la Nación, el haber aceptado la promesa de recibir entre los años 1997 y 2005 aproximadamente USD 15.000.000 en concepto de sobornos pagados por directivos de la empresa Siemens AG para que, en base a su competencia funcional, adopte las medidas necesarias para reposicionar a esta empresa como la oferta más conveniente en el marco del proceso de selección del cocontratante estatal en el ‘Proyecto DNI’”, dice el documento, que tiene varias semanas de antigüedad pero sólo se conoció ahora.
Corach, añade el dictamen, “celebró un acuerdo venal con los directivos del grupo Siemens, por lo que estaba al tanto de las obligaciones recíprocas emanadas de él. En este sentido, tenía conocimiento suficiente de que el dinero abonado por los directivos de la empresa estaba orientado a lograr la adjudicación del ‘Proyecto DNI’. A su vez, sabía que su elección como contraparte del acuerdo espurio se basó en que tenía la competencia funcional para lograr el direccionamiento de la contratación pública a favor de esta empresa, dado que la Licitación Pública n° 1/96 se tramitó bajo la órbita del Ministerio del Interior de la Nación del cual Corach era su máximo responsable”.
“Se ha logrado demostrar la existencia de un acuerdo venal celebrado a principios del año 1997 entre Luis Rodolfo Schirado, Andrés Ricardo Truppel, Eberhard Georg Reichert y Ulrich Albert Otto Fritz Bock, en su carácter de integrantes del Comité Directivo de la ‘Unidad Proyecto DNI’ de Siemens Business Services y altas autoridades del Gobierno Nacional de aquel entonces, quienes para este Ministerio Público Fiscal resultaron ser Carlos Saúl Menem, (Presidente de la Nación), Carlos Corach (Ministro del Interior de la Nación) y Hugo Franco (titular de la Dirección Nacional de Migraciones)”.
La responsabilidad de Corach
Según el fiscal Ipohorski Lenkiewicz, los directivos de Siemens “se comprometieron a entregar sumas de dinero a los funcionarios públicos mencionados a cambio de que éstos adopten las medidas necesarias para reposicionar de forma indebida a la empresa como la oferta más conveniente”. La maniobra consistió en formular exigencias y controles adicionales en el pliego original para desplazar a la firma que había resultado ganadora y escoger a la multinacional alemana.
El LGT Bank, del Principado de Liechtenstein, remitió a la Argentina una documentación que durante semanas permaneció virtualmente en una nebulosa hasta que la Procuración la reclamó y comprobó así “la recepción del dinero pagado por los directivos de Siemens en carácter de sobornos por parte de Carlos Corach”.
Según el reporte, parte del dinero circuló por las cuentas de “Endre Consulting INC, constituida el 29 de septiembre de 2000, en las Islas Vírgenes Británicas, siendo sus beneficiarios finales Carlos V. Corach, Juana Lapsenson, Natalio Andrés Corach y Hernán José Corach”.
También por la cuenta de Cristin Holding S.A., “constituida el 9 de agosto de 2001, en las Islas Vírgenes Británicas, siendo su beneficiario final Carlos V. Corach”, y la de SSR Real Estate, “constituida el 1° de enero de 1998, en Liechtenstein, y cerrada el 14 de diciembre de 2016 y siendo su beneficiaria final Juana Lapsenson”.
“Se cuenta con sobrados elementos como para avanzar en el juzgamiento de los funcionarios públicos responsables y así cumplir con los mandatos asumidos internacionalmente”.
La Causa Siemens tuvo siempre un tratamiento escandaloso en los tribunales locales. Sólo fueron enviados a juicio directivos de Siemens. La pata política, que llega hasta el ex presidente Mauricio Macri, fue clausurada incuso con la intervención de la Corte Suprema (ver: https://www.tiempoar.com.ar/politica/la-corte-cerro-la-causa-de-las-coimas-de-siemens-por-los-dni-y-bloqueo-investigar-el-rol-de-macri/).
La investigación de esa parte del expediente estuvo en manos del candidato a ministro de la Corte Suprema, el hoy juez federal Ariel Lijo.
El 19 de junio de 2019, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) denunció a Corach y a sus familiares y allegados Juana Ivana Lapenson, Natalio Andrés Corach, Anahí Olivia Sánchez Lázzaro, Hernán José Corach, María Valeria Corces, Maximiliano Corach, Romina Casale, Hugo Fernando Rosenthal, Gabriela Viviana Aragona y Marcela Carina Abrigo, por el delito de lavado de activos de origen ilícito.
“Las personas denunciadas habrían puesto en circulación, en el mercado formal, la suma aproximada de USD 9.750.000, provenientes, presuntamente, del pago de los sobornos realizado por directivos de la empresa Siemens para posibilitar que dicha empresa obtuviese la adjudicación de la Licitación Pública Nacional e Internacional n° 1/96. Las maniobras del lavado se habrían llevado a cabo desde el año 1997 y consistirían en la constitución y administración de sociedades comerciales en Argentina, Liechtenstein, Francia, Uruguay y Paraguay, en la realización de inversiones, en la compraventa de divisas, en transferencias bancarias y en la adquisición de bienes muebles registrables e inmuebles, bajo la titularidad de las personas sindicadas, terceros y personas jurídicas constituidas para tal fin”, indicaba la denuncia.
La causa fue archivada por “imposibilidad de proceder”, pero la nueva documentación llegada desde Europa impulsa su reapertura. Tramitó ante el juez Daniel Rafecas, quien se declaró incompetente y la envió por “conexidad” a Lijo. La PIA quiere que todo vaya a manos de Rafecas y que sea él quien se ocupe de ahora en más.
