La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un habeas corpus ante el Juzgado de Garantías N° 5 de La Plata, denunciando el estado deplorable del anexo pabellón 1 destinado al castigo y aislamiento extremo de la Unidad Penal N°1 de Olmos, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Por eso, durante los últimos días la jueza Marcela Garmendia, ordenó clausurar ese habitáculo conocido como buzones.
Allí existían riesgos eléctricos, falta de calefacción y no existía red contra incendios, por lo cual las condiciones de detención de los allí cautivos se encontraban fuera de toda regla respecto a lo que establecen los estándares internacionales de Derechos Humanos sobre el alojamiento de personas en cárceles.
Violación a los Derechos Humanos
«Son graves violaciones a los Derechos Humanos que padecían las personas que estaban alojadas en el anexo pabellón 1 del quinto piso del penal de Olmos”, aseguró Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM, en diálogo con Tiempo. Los presos padecían “malas condiciones de detención, estaban expuestos a graves riesgos para la vida y eran sometidos a un régimen de aislamiento extremo de 24 horas y que en algunos casos superaban los cuatro meses”, denunció.
En esta línea, cabe destacar que el aislamiento extremo está calificado como una técnica de tortura. Las denuncias realizadas por este organismo provincial de control fueron corroboradas por peritos de la Asesoría Pericial Departamental, que luego de analizar el caso, recomendó que diseñen un proyecto integral de reformas edilicias.
“El pabellón tiene 18 celdas individuales de 2,70 por 2 metros cada una, con sanitario y un camastro de mampostería. Las celdas tienen poca luz natural y ventilación, filtraciones de agua y conexiones eléctricas muy precarias”, detalló el secretario ejecutivo.
Por eso presentaron un habeas corpus colectivo y correctivo ante el Juzgado de Garantías N° 5 de La Plata. En su resolución:” tras constatar lo que denunciamos, la jueza Marcela Garmendia ordenó la clausura total del pabellón y la reubicación de todas las personas allí alojadas en el término de 72 horas. Además, encomendó a las autoridades del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, presentar un plan de obras para la reparación total del pabellón y los plazos estimados de ejecución de la obra”, celebró el letrado.
Informe arquitectónico
La magistrada fundamentó su decisión -entre otras cosas- con los informes arquitectónicos y socio-ambientales realizados por la Asesoría Pericial Departamental. Porque los resultados arrojados por el arquitecto perito “fueron firmes y precisos, porque lo explicó desde su punto de vista técnico, dijo que la distribución y las deficiencias edilicias configuraría un agravamiento de las condiciones de habitabilidad e inseguridad de las personas que habitaban el pabellón”, subrayó García.
Así mismo, apuntó que la solución es realizar un proyecto integral “que se ajuste a las necesidades y normativas internacionales, también que la obra debe ser realizada por los profesionales y técnicos de la Dirección de Infraestructura Edilicia del Servicio Penitenciario Bonaerense, dependientes de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires”, enfatizó el abogado.
Sobre la instalación eléctrica, “el estudio pericial del arquitecto señaló que el tablero estaba en estado irregular, no poseía disyuntor diferencial ni puesta a tierra, esto resulta sumamente peligroso porque en el pabellón los detenidos usan conexiones precarias para conectar los fuelles y calentar el agua o la comida”, explicó el secretario ejecutivo.
También dijo que el pabellón tampoco contaba con el sistema contra incendio correspondiente, “sólo había un matafuego de 5 kg para afrontar un eventual incendio, el sistema se debería ser completado con gabinete para hidrantes, pero le faltaba la manguera y lanza”.
Además, “el informe señaló las filtraciones de agua en cielorrasos con desprendimientos de material, humedad en muros, deterioros en revoques y pintura, ventanas con roturas, faltantes de vidrios y un deterioro generalizado de todas las instalaciones en su conjunto”, remarcó el abogado.
Precariedad institucional
Las mismas autoridades penitenciarias reconocieron que el pabellón “no tiene agua caliente por una pérdida de gas de vieja data, por lo cual el deterioro de la conexión obliga a reemplazarla por completo y que la obra sea tercerizada; pero -hasta el momento- no hay avances administrativos sobre esto”, se quejó el secretario ejecutivo.
Ante esta gravosa situación, la Dirección General de Coordinación del Servicio Penitenciario Bonaerense, dependiente del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, “finalmente nos informó que dio inicio a los expedientes administrativos para la compra de materiales de plomería y electricidad. Pero en este caso -a diferencia de la Asesoría Pericial Departamental que sí lo hizo- no presentaron un plan de trabajo ni plazos de ejecución de la obra como corresponde”, apuntó el letrado.
Es por todo ello, que la titular del Juzgado de Garantías 5° de La Plata, Marcela Garmendia, finalmente resolvió durante los últimos días clausurar el anexo pabellón 1 del quinto piso de la Unidad Penal N°1 de Olmos. Lo hizo al constatar que las personas allí cautivas padecían una vulneración constante de sus derechos.
